Financiamiento ilegal del Estado, a una empresa privada con fines de lucro. ¿Con qué fin y beneficiando a quién? Evidentes acuerdos bajo la mesa para echar a andar el proyecto. Sobrevaloración en la compra de autobuses, improvisación y mal servicio, marcan al proyecto del Transurbano, ahora bajo investigación.
Álvaro Alay
Guatemala ya no es igual. Muchos negocios del Estado han pasado sin ninguna investigación y en total opacidad. Ahora, está bajo la lupa el proyecto del Transurbano.
En la preparación, implementación y puesta en marcha del funcionamiento de este servicio de transporte público hay un rosario de irregularidades –algunas hasta ilegales– y de prácticas, que vienen a confirmar que este no es más que un negocio turbio que benefició seguramente a los empresarios del transporte y funcionarios públicos.
Los principales protagonistas de esta historia de ilegalidades y opacidad, son la Municipalidad capitalina, el Gobierno del expresidente Álvaro Colom, los transportistas y el Congreso de la República. Un negocio que huele mal.
A ellos se suman los encargados de las entidades de control, como la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), que, en su momento, no dijeron nada y voltearon la vista hacia otro lado, evidenciando con ello que el sistema de pesos y contrapesos, en el país, no es más que una quimera y que necesita ser revisado.
Las anomalías en el Transurbano afloraron desde el principio. En marzo del 2010, la comuna capitalina adjudicó 109 rutas de transporte público en la ciudad, por 25 años, a las empresas Concesionarios del Transporte, Rutas Metropolitanas, Expansión Corporativa Milenium y Tendencias Modernas Latinoamericanas, quienes tenían menos de un año de haber sido formadas.
Luego, estas empresas crearon la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), que aglutina a los dueños de los autobuses del Transurbano. El ayuntamiento metropolitano calificó como técnico el proceso de adjudicación.
Todo indica, sin embargo, que eso no fue cierto y que ya se había negociado bajo la mesa. Las sospechas de corrupción se dispararon ese año, cuando salió a luz que una iniciativa de ley presentada en el Congreso, en los primeros días de noviembre del 2009, con el fin de exonerar de los impuestos la compra de los nuevos buses, ya incluía los nombres de las empresas a las que la alcaldía de la ciudad favoreció con las 109 rutas. Todo eso, cuatro meses antes de la adjudicación de rutas que hizo la comuna.
Por otro lado, con el argumento de beneficiar a la mayoría de la población capitalina que utiliza el servicio de transporte público, el Gobierno de Colom financió con Q270 millones del erario público a la AEAU, que es una entidad privada con fines de lucro, para echar a andar el proyecto del Transurbano. Vale la pena aclarar que ese monto en la actualidad suma ya Q325 millones, ya que hubo un nuevo aporte por Q55 millones en el 2013.
El aporte hecho por Colom tenía como objetivo financiar el proceso de implementación del sistema prepago en las unidades de transporte urbano. Esto se materializó el 6 de abril del 2009, por medio del Acuerdo Gubernativo 103-2009, firmado en consejo de ministros. Además, mantuvo el subsidio a cada unidad que opera en la ciudad.
Pero la historia de irregularidades no termina ahí. Resulta que el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), que fue cerrado a principios del 2013 por ser una entidad altamente corrupta, construyó las paradas del Trasnsurbano a un costo estimado en Q80 millones.
Y, para poner la guinda el pastel, el servicio no mejoró, como fue prometido. Ello porque, aunque se tenía previsto que el servicio lo prestaran 3 mil 150 autobuses, actualmente solo funcionan 455, lo que incide en un servicio de mala calidad. Además, no se resolvió el problema de fondo, debido a que los automotores no circulan en vía exclusiva.
Ilegal y lesivo al Estado
Recientemente la PGN calificó y declaró como inconstitucionalidad el proyecto del Transurbano, debido a que el Estado le otorgó recursos para inversión a una empresa privada, lo cual está fuera del marco constitucional.
La resolución fue enviada al Ministerio Público (MP), entidad que solicitó la opinión jurídica a la PGN, debido a que está en marcha una investigación penal. No existe una normativa específica que faculte al Estado efectuar aporte económico de inversión hacia una entidad privada, cuyos fines son eminentemente lucrativos; es decir, que permiten la obtención de utilidades y ganancias, cita la respuesta de la PGN, que también resalta que este aporte económico se hizo en detrimento al patrimonio del Estado.
Julia Barrera, vocera del MP, explica que es una investigación que lleva a cabo la Fiscalía Contra la Corrupción, a raíz que se recibieron tres denuncias: una de la CGC, otra de un diputado y una más de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (ASOPAGUA). Esta última entidad mantiene una pugna con la AEAU, para que les entreguen lo que les corresponde en concepto de subsidio. Las tres denuncias iban planteadas en los mismos hechos y argumentos, por lo que la fiscalía unificó las denuncias.
El ente encargado de la persecución penal, también está a la espera de un informe detallado del caso que solicitó a la CGN. La portavoz del MP no quiso comentar qué acciones legales vienen en camino, argumentando que la ley no permite dar ese tipo de detalles, ya que nos limita a indicar que únicamente hay un investigación en curso, a raíz de estas denuncias, dijo Barrera.
Paralelo al informe que presentó la PGN ante el MP, fueron desocupadas las oficinas centrales del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA), que tiene a su cargo la administración del Transurbano. Además, varios puntos de recarga de las tarjetas electrónicas de pago fueron cerrados, argumentando que estaban en inventario.
Luis Gómez, vocero de la AEUA, asegura que la desocupación de las oficinas centrales se debió a que se trasladaron a otro lugar, pues la renta era muy cara.
Negocio opaco
A criterio de Óscar Vásquez, director de Acción Ciudadana (AC), el Transurbano es un negocio que nació opaco, ya que fue un acuerdo, en tiempos de Colom, de los empresarios con el Organismo Ejecutivo, quienes decidieron de primas a primeras financiar a un determinado grupo de empresarios del transporte urbano, para crear un nuevo modelo de gestión en este servicio.
En vez de ser un proceso abierto, transparente, participativo y que buscara los mayores beneficios para la población, fue todo lo contrario. Se hizo de una forma clientelar. Lamentablemente, en su oportunidad no se tuvo un pronunciamiento de parte de los entes de control en el país, explica Vásquez.
Astrid Perdomo, analista en temas de transparencia, comenta que, cuando el Ejecutivo nombra a las personas que regulan las normas de control, se está viciando un proceso, por lo que ya no se tiene un sistema de pesos y contrapesos real.
Mal servicio
Edgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), subraya que antes del inicio de operaciones del servicio del Transurbano se tenían varias irregularidades de tipo administrativo y operativo, por lo que ya se sospechaban las anomalías que se daban en ese tema.
La implementación tampoco fue al cien por ciento, ya que, de los 3 mil 150 buses que prometieron, únicamente 455 unidades prestan servicio. En realidad hay menos, por lo que han afectado a la población, dice Guerra.
Además, agrega que la PDH ve anomalías en la calidad de servicios, siendo una de ellas el retiro de asientos en los buses, lo que significa mayor hacinamiento. Asimismo, en la hora pico hay buses parqueados o fuera de servicio, lo cual reduce la cantidad de autobuses.
Considera también que el Transurbano ha venido de mal a peor, ya que paulatinamente se ha visto el deterioro que han sufrido los usuarios y los colaboradores de SIGA, donde se registran denuncias por falta de pago y de prestaciones, así como incumplimiento de la cancelación de cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Se hubiera invertido
en el Transmetro
A la postre, el proyecto de transporte público terminó siendo más un negocio que una solución a los problemas de transporte masivo en la ciudad. Expertos consideran que hubiera sido mejor invertir esos recursos en construir más ramales del Transmetro, el cual da más beneficios, comparado con otros transportes.
Había muchas expectativas que el Transurbano complementaría al Transmetro y al sistema tradicional, pero no ocurrió así, ya que se tenían previstos más buses. Con esa cantidad de dinero se hubiera podido completar las otras etapas del Transmetro. La que va a la Roosevelt, por ejemplo, comenta Amanda Morán, investigadora del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR).
La investigadora del CEUR lamenta que los que administraron este proyecto fueran los mismos que tenían los buses tradicionales, quienes, a pesar que se implementó el sistema prepago, tienen una serie de deficiencias administrativas.
El urbanista, Alfredo Trinidad, coincide con Morán, al indicar que con ese dinero hubieran podido invertir en el Transmetro, aunque también reconoce que el primer tramo de este servicio fue improvisado, generando embudos en el área del sur, por la falta de concepto. Qué tal si con eso hubiéramos hecho otro eje del Transmetro, agregando luego que en la improvisación está el negocio.
El Transmetro ha sido funcional, pero tiene poca cobertura. El tradicional tiene demasiados problemas, así como el Transurbano. Debido a ello, si no se tienen cambios de fondo en cinco años, lo que puede pasar es que colapse el transporte urbano, añade Morán.
Excusas, silencio
y defensa
Se buscó la opinión del expresidente Colom, pero su secretaria refirió que estaba fuera del país y que este regresaría en una semana. Asimismo, por medio del Departamento de Comunicación, de la CGC, se solicitó una entrevista con el contralor Carlos Mencos, quien ejercía el mismo cargo en la época cuando se implementó el Transurbano; sin embargo, no se concretó la entrevista que se solicitó con una semana de antelación.
Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad de Guatemala, aseguró que la licitación de las 109 rutas se hizo cumpliendo con todos los procesos de transparencia. No obstante, reconoce que el servicio del Transurbano ha tenido deficiencias, por la falta de implementación de los 3 mil 150 buses que se tenían previstos, ya que únicamente se reportan alrededor de 455 unidades.
En este sentido, refirió que la falta de servicio de estas unidades también amerita sanciones, por lo que recuerda que, recientemente, se impusieron multas a las unidades del Transurbano que dejaron de prestar el servicio. Las mismas alcanzaron los Q104 mil.
Mientras tanto, Luis Gómez, vocero de la AEAU, considera que las acusaciones que se hacen al Transurbano son más políticas que técnicas. En ese sentido, subraya que con los recursos del Estado únicamente compraron el sistema prepago y no los buses. Este sistema, asegura, incluye sistemas informáticos, licencias, implementación, contratación de empresas, para desarrollar el sistema y mantenimiento.
Desde el punto de vista del vocero, quien en el pasado fungió como vicepresidente de la asociación, no les preocupa el tema legal, ya que han consultado a sus abogados. También asegura que el sistema prepago es del Estado y que ellos, como AEAU, lo tienen en uso. Si el Estado le pide que lo devuelvan, así lo harán.
En medio de la investigación penal iniciada por el MP, las oficinas centrales del SIGA, que tiene a su cargo la administración del Transurbano, fueron desocupadas.
Las paradas, que fueron hechas por el desaparecido Fonapaz, lucen deterioradas, y los botones de pánico ya no funcionan.
De 3 mil 150 buses ofrecidos, solo 455 prestan el servicio de transporte público en la actualidad.