- Bernardo Arévalo y el Congreso están en la mira de los transportistas, pero también de la poblaci´+on en general, que esperan acciones para contrarrestar el alza en los combustibles.
- Sin respuestas y con el diésel por las nubes: la inacción del Estado acorrala al transporte y al bolsillo de los guatemaltecos
Redacción Crónica
El transporte pesado y transporte de pasajeros en Guatemala atraviesa una tormenta perfecta donde convergen el descontrol en los precios de los insumos y la inseguridad sistemática. Mientras la barrera del precio del diésel ha sobrepasado niveles críticos golpeando la estructura de costos operativos, las dirigencias del sector señalan directamente la falta de soluciones concretas por parte de los organismos Ejecutivo y Legislativo, dejando al usuario como el único afectado que termina financiando la crisis.
Los presidentes de ambos organismos, Bernardo Arévalo y Luis Contreras, son blanco de criticas en redes sociales y por parte de los dirigentes de los diferentes tipo de transporte, que se siente defraudados luego de semanas sin respuesta a sus planteamientos.
La parálisis del Estado: Subsidios en el aire y un diésel sin freno
El encarecimiento del diésel no ha encontrado una contención institucional. Las posturas encontradas entre el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y el Congreso de la República mantienen estancadas las medidas de alivio para la población:
- Propuestas del Ejecutivo sin tracción: Los planteamientos de auxilio económico o mecanismos de subsidio enviados desde el Ejecutivo han sido calificados como ambiguos e insuficientes por diversos sectores y diversas bancadas. La falta de claridad técnica y de consenso político ha impedido que estas iniciativas avancen en el pleno legislativo.
- Fondo de Estabilización sin impacto inmediato: Desde el Congreso, legisladores como Julio Héctor Estrada (bancada Cabal) argumentan que la vía de los subsidios temporales globales carece de sostenibilidad y genera «contaminación» política sin garantías de llegar al consumidor. Si bien se plantea la creación de un Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, se reconoce abiertamente que este mecanismo tardaría de dos a tres meses en entrar en operación, dejando al país desarmado frente al impacto del mercado en el corto plazo.
- El costo del estancamiento: Sin un mecanismo paliativo urgente, el costo por galón de diésel ha arrastrado también el precio de lubricantes y repuestos. Esto ha llevado a las gremiales a declarar la insostenibilidad de sus rutas, provocando aumentos no autorizados en el pasaje de entre Q2 y Q3 (un incremento estimado del 20% en las tarifas de mayor demanda).
La «doble tributación»: Entre el diésel y el cobro del crimen organizado
A la presión que genera el mercado de hidrocarburos se le suma el costo de la delincuencia. Dirigentes como Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas, denuncian que las extorsiones se han convertido en la carga financiera más pesada del servicio, funcionando como un impuesto ilegal consolidado desde hace más de dos décadas.
- Cifras de la extorsión: Empresas medianas de rutas cortas llegan a pagar montos que rondan Q1 millón anuales para resguardar la vida de sus pilotos y la integridad de sus unidades.
- Ausencia de respuestas efectivas: El apoyo con escoltas de la Policía Nacional Civil (PNC) en rutas específicas resulta paliativo frente a un problema estructural que no ha sido desmantelado por las administraciones gubernamentales.
- Falta de actualización tarifaria: Las gremiales reclaman que la Dirección General de Transportes (DGT) mantiene una tabla de costos sin actualizar formalmente desde 2012, lo que obliga a los prestadores del servicio a ajustar el valor del pasaje de manera unilateral para evitar la quiebra.
El usuario paga la factura de la incapacidad política
El cruce de acusaciones entre el Ejecutivo por la falta de apoyo en el Congreso, y del Legislativo por la deficiencia en las propuestas presupuestarias del Gobierno, ha creado un vacío de política pública. Ante la ausencia de un marco regulatorio moderno y de una estrategia contra el crimen organizado, el reajuste del pasaje se ha trasladado de forma directa al consumidor final, encareciendo el costo de vida y reduciendo el poder adquisitivo de miles de familias trabajadoras en todo el país.
Aunque aún no hay amenazas, los dirigentes del transporte no descartan que en el futuro bastante cercano puedan recurrir nuevamente a medidas de hecho para presionar al Ejecutivo y al Congreso por su virtual parálisis ante una crisis que aumenta en proporciones cada día que pasa.