Francia vive este jueves una jornada de huelga general contra la reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que afecta a diversos servicios del país, incluyendo los trenes, aviones, escuelas y hospitales.
Alrededor del 90% de los trenes de alta velocidad que debían circular este jueves fueron anulados, 10 de las 16 líneas del metro de París amanecieron cerradas, cientos de vuelos fueron cancelados y la mayoría de las escuelas y colegios no abrieron sus puertas.
Para evitar el caos de los transportes, muchos franceses optaron por trabajar desde sus casas. «Pedí trabajar hoy desde mi casa, pero espero que la huelga no dure demasiado porque no podré hacerlo de manera indefinida», cuenta a la AFP Diana Silavong, ejecutiva en una empresa farmacéutica.
Otros muchos caminaron desde muy temprano desde sus casas a sus lugares de trabajo.
«¡Quería tomar una bicicleta pero creo que todos tuvieron la misma idea!», dice entre risas Guillaume frente a una estación de bicicletas de libre servicio completamente vacía en París. «Tendré que ir a pie hasta la oficina», añade resignado este treintañero.
El caos y la desinformación reinaba también entre los turistas, muchos de los cuales se vieron sorprendidos al ver cerradas las puertas del metro. «Ayer compramos billetes y hoy no hay nadie que nos informe», afirman Pedro Marques y Ana Sampaio, una pareja de portugueses que pretendían ir a visitar Montmartre.
Torre Eiffel cerrada
Tampoco podrán visitar la Torre Eiffel, uno de los monumentos más populares de París, que permanecerá cerrada el jueves debido a que no hay suficiente personal presente para «abrir en condiciones óptimas de seguridad y acogida al público».
El Castillo de Versalles, en las afueras de París, aconsejó por su parte a los turistas «posponer» las visitas el jueves y viernes.
También era casi misión imposible llegar al aeropuerto Charles de Gaulle, al noreste de París, debido a que la línea de tren que conecta París con los terminales funcionaba parcialmente y únicamente en las horas pico.
«¡No hay forma de llegar, vamos a tener que coger un taxi!», afirma irritado David, un turista madrileño que cruza los dedos para que su vuelo no haya sido anulado.
En efecto, el paro de una parte de los controladores aéreos obligó a la compañía nacional Air France a anular 30% de sus vuelos domésticos y 15% de sus vuelos europeos. La totalidad de los vuelos de larga distancia serán mantenidos.
La aerolínea británica de bajo coste EasyJet canceló por su parte 223 vuelos nacionales e internacionales de corta distancia y advirtió de que otros vuelos pueden sufrir retrasos.
Aulas vacías
Una gran parte de las escuelas y colegios del país no abrieron sus puertas.
«Un 70% de los profesores de primaria están en huelga, y las cifras en la secundaria son similares. Nunca había visto algo semejante», dijo a la AFP Bernadette Groison, secretaria general de la FSU, el principal sindicato de los trabajadores de la enseñanza.
Policías, recolectores de basura, abogados, jubilados y transportistas y también los «chalecos amarillos», el potente movimiento social surgido en noviembre de 2018 en Francia, se sumaron también a este paro.
El movimiento de protesta recibió también el apoyo de 182 artistas e intelectuales, entre ellos el economista Thomas Piketty, autor de un ‘bestseller’ sobre la desigualdad, así como de los partidos de izquierda.
Se prevén además 250 mítines en decenas de ciudades. En París, las autoridades desplegarán a 6,000 policías para evitar desmanes durante una marcha prevista por la tarde y se cerrarán los comercios en el trayecto del desfile.
El detonante de este estallido de indignación popular es la reforma del sistema de pensiones que prepara Macron, una promesa de campaña que tiene como objetivo eliminar los 42 regímenes especiales que existen actualmente y que otorgan privilegios a ciertas categorías profesionales.
En su lugar se instaurará un sistema único en el que todos los trabajadores gozarán de los mismos derechos a la hora de recibir una pensión una vez que se jubilen.
Para el gobierno, se trata de un sistema «más justo y simple» en el que «cada euro cotizado dará los mismos derechos a todos». Pero los sindicatos temen en cambio que el nuevo sistema atrase la jubilación, actualmente de 62 años, y disminuya el nivel de las pensiones.