Plaza Mayor/ Editorial
Nadie ignora que las prioridades del país deben centrarse en problemas fundamentales como mejorar en salud, educación, seguridad ciudadana y justicia, así como luchar contra la pobreza. De eso no cabe duda, como tampoco del hecho de que si no se logran erradicar la corrupción y la impunidad no se puede avanzar de ninguna manera.
No es casualidad el estancamiento que se observa gobierno tras gobierno. La situación en la que nos encontramos se debe, en gran medida, a que la corrupción se apoderó del sistema político y avanzó como un cáncer voraz que erosiona, en extremo, a las diferentes instituciones del Estado, hasta reducir su efectividad a los niveles alarmantes que hemos comprobado.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial –este último manipulado por la clase política–, así como el municipal, han visto avanzar la corrupción hasta hacerles perder efectividad en las tareas que les corresponden, porque muchas veces quienes llegan a dirigir las instituciones están más interesados en su enriquecimiento personal que en buscar el bienestar colectivo.
Por esa razón es que el presidente Jimmy Morales debe fijar como su principal prioridad establecer como políticas indispensables de su administración la transparencia absoluta y la lucha contra la corrupción, porque solamente así se podrá ver algún avance en las demás materias pendientes.
Por supuesto que esto no es una tarea fácil, porque esa repudiada clase política –que mantiene gran parte de su poder e influencia– ha logrado que se forme en el Estado y en la sociedad toda una cultura de corrupción, que no será fácil de combatir, mucho menos de erradicar.
Fue afortunado que en su discurso de toma de posesión el presidente Jimmy Morales se comprometiera a luchar contra la corrupción, pero ahora, en pocos días y semanas, deberá demostrar que fueron más que palabras, que la voluntad existe y es auténtica. Asimismo, no ha sido afortunado insistir en que todo se hará únicamente con apego a la Ley, porque muchas veces los corruptos logran darle vuelta a la legislación y no siempre se puede comprobar todo de inmediato.
El nuevo gobernante no debe arriesgarse a debilitar su liderazgo –que se basa en la promesa básica de ni corrupto ni ladrón–, porque ello le significaría un pronto desgaste de su popularidad, hoy por hoy su único, aunque muy valioso, activo político.
La historia está llena de ejemplos –en el mundo entero– de países que ven estancado su desarrollo a causa de gobernantes corruptos que amasan gigantescas fortunas mientras los pueblos permanecen en la pobreza. Es fácil llegar a la conclusión de que la corrupción es el mayor de los frenos que se puede poner para que una nación pueda progresar con justicia y equidad.
En Guatemala, el reto por delante es enorme, porque nuestro país muestra rezagos impresionantes. Somos una de las naciones con peores índices socioeconómicos en Latinoamérica y poco o ningún avance se puede apreciar al final de los cuatrienios de gobierno. Esa es una tendencia que se debe cambiar, y requiere del mejor de los esfuerzos ¡ya!
El mensaje ciudadano se ha mantenido con claridad. Sin necesitar de la fuerza que mostró el año pasado, una parte del movimiento que se expresó durante meses en la Plaza Central volvió a su lugar de origen para demostrar que las demandas no cambian, que las expectativas son grandes y que se quieren ver resultados y no solamente palabras.
Por ahora, el clamor popular respalda al mandatario, pero no se le ha brindado un beneficio de la duda de mediano plazo. La cuenta regresiva está en marcha, aunque el deseo es que no tengan que haber protestas, sino manifestaciones de apoyo. Es un deseo en el subconsciente de todo buen guatemalteco.
Cada cuatro años escuchamos discursos –palabras más o palabras menos– sobre la importancia de la transparencia. Ha habido comisionados o secretarios presidenciales para la transparencia, se crean herramientas y hasta leyes –Guatecompras, leyes anticorrupción, Ley de Acceso a la Información–, pero ese cáncer ha seguido avanzando. Es la hora de ver si existe la voluntad de terminar con él, o se volverá a la Plaza, porque, de lo contrario, el país no dejaría el rumbo equivocado que ha tomado.