Ciudad de Guatemala, Guatemala
Mujer de carácter fuerte a la que algunos detractores asignan rasgos autoritarismo, la exprimera dama Sandra Torres, favorita en las encuestas, aspira por segunda vez a convertirse en la primera mujer en gobernar Guatemala tras los comicios del domingo.
Con sólido apoyo en las zonas rurales, aunque en las áreas urbanas se concentra el voto duro en su contra, Torres podría tener que disputar un balotaje en agosto si el domingo no alcanza un mínimo de 50% de los votos.
De 63 años, Torres se postula por el partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el mismo que llevó al poder a su exesposo, el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para poder aspirar a la primera magistratura.
Pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó entonces su inscripción por considerar que el divorcio había sido una maniobra para eludir la prohibición constitucional a que familiares de gobernantes breguen por la presidencia.
En 2015 participó por primera vez en una carrera presidencial y perdió en segunda vuelta con el actual mandatario Jimmy Morales, un excomediante que como outsider capitalizó el rechazo popular a la política tradicional tras los casos de corrupción que llevaron a Otto Pérez (2012-2015) a renunciar a la presidencia cuatro meses antes de concluir su gestión.
Morales culmina su mandato con la popularidad por los suelos e investigado por corrupción.
Ni aborto ni matrimonio gay
Torres, empresaria textil y licenciada en Comunicación, centra su plan de gobierno en mejorar la salud y la educación, así como generar empleo para contener una ola migratoria hacia Estados Unidos, en el marco del masivo éxodo de centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia.
Asimismo, ha señalado que un gobierno suyo se opondrá al aborto y al matrimonio homosexual.
Esta mujer nacida el 5 de octubre de 1955 en el municipio de Melchor de Mencos, en el departamento del Petén, una región norteña con vastas áreas controladas por narcotraficantes, coordinó durante la presidencia de su esposo una serie de proyectos de asistencia emulados del antiguo gobierno de Lula en Brasil, como los comedores solidarios, la entrega de alimentos y aportes monetarios a familias pobres.
Algunos detractores, en especial de la derecha, la acusan de haber integrado la guerrilla durante la guerra interna entre 1960 y 1996, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, algo que ella ha negado, aunque siempre ha reconocido su simpatía por los movimientos populares.
Autoritarismo vs actitud comprometida
Sus críticos y algunos analistas atribuyen a Torres rasgos de «autoritarismo» e «intolerancia» y afirman que se siente «intocable» tras las denuncias que presentó contra un periódico y fiscales que la investigaban por financiamiento electoral ilícito en 2015.
Amparada en la ley de femicidio, cuya finalidad es prevenir la violencia contra la mujer, Torres logró que una sala de apelaciones prohibiera al diario El Periódico hacer cualquier tipo de publicación sobre ella.
Igualmente, logró que un juzgado ordenara al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, a no investigarla ni «acosarla».
Sandoval y su equipo habían solicitado quitar a Torres la inmunidad de la que gozan los candidatos candidatos para investigarla por financiamiento electoral ilícito en 2015, pero la petición fue rechazada por la Corte Suprema.
Esas acciones le acarrearon una ola de críticas y levantó voces de alerta en diferentes sectores que cuestionaron su forma de actuar antes de las elecciones.
En su defensa, el periodista retirado Édgar Rosales escribió en el portal digital Gazeta que la «fama de autoritaria» que tiene Torres refleja una «actitud comprometida para trabajar y frenar abusos con los recursos públicos».
Para Edie Cux, coordinador de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, la actitud de Torres sienta un «precedente nefasto (…) y está manifestando su figura autoritaria antes de ganar la presidencia».
«Torres privilegia medidas de defensa para sentirse intocable», consideró el politólogo independiente Renzo Rosal.