Un testimonio bajo custodia de la jueza Erika Aifán asegura que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, negoció en 2019 con el entonces ministro José Luis Benito un aporte de 2.6 millones de dólares a su campaña electoral a cambio de mantener a Benito en el cargo un año, para que siguiera operando la estructura de corrupción en obras públicas de la administración de Jimmy Morales, así lo dio a conocer el medio de comunicación digital El Faro.
De acuerdo con la nota, la cual está firmada por el periodista José Luis Sanz, una segunda fuente que trabajo con el mandatario guatemalteco confirmó a ese periódico la existencia de ese acuerdo. “El FBI y el Departamento de Estado tienen desde hace meses copia del testimonio”, señala el documento.
Además señala que en documentos oficiales se le nombra como “Testigo A”, y su identidad y una copia de su declaración están guardadas en la caja fuerte del tribunal D de Mayor Riesgo de Guatemala, presidido por la jueza Erika Aifán. “Un ex hombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei le acusa de haber negociado la entrega de 20 millones de quetzales —2.6 millones de dólares— provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019”, indica la publicación del medio salvadoreño.
“A cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras”, se lee.
El testigo asegura que en julio de 2019, entre la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, asistió en Ciudad de Guatemala a una reunión en la que el entonces candidato y Giorgio Bruni, que era secretario general del partido Vamos y después fue Secretario Privado de la Presidencia, hablaron por teléfono con Benito para confirmar el aporte y la forma de entrega. En presencia del actual ministro de Desarrollo, Raúl Romero; el exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez; y una persona más identificada como Jorge, el testigo asegura que escuchó a Bruni decir a Giammattei que el dinero saldría de un anticipo pagado por el Ministerio de Comunicaciones a la empresa COAMCO, para la construcción y mejoramiento de un tramo de carretera en el departamento de San Marcos.
Afirma además que el aporte a la campaña de Giammattei se les haría llegar a través de agentes de la Policía: “Giorgio Bruni le pregunta a José Luis Benito, en altavoz, que cómo iban con el tema, y [dice] que estaba presente y escuchándolo Alejandro Giammattei. Benito responde ‘ya está todo listo, lo estamos haciendo en coordinación con el ministro de Gobernación’, en ese entonces de apellido Degenhart, ‘para hacer las entregas en los lugares que ustedes nos indiquen’”.
La declaración se grabó bajo reserva en presencia de la jueza, dos fiscales y una abogada defensora el 18 de mayo de 2021, en una audiencia de anticipo de prueba que es parte de una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) abrió en octubre de 2020, tras encontrar 22 maletas con cerca de 16 millones de dólares en efectivo en una casa de Antigua Guatemala alquilada por Benito. Por ese caso está acusado de lavado de dinero el exministro de Comunicaciones y se investiga también a Bruni.
El testigo enumera doce proyectos de construcción de carreteras supuestamente ligados a aquel pacto, que suman contratos con cuatro empresas distintas por más de 1,471 millones de quetzales (191 millones de dólares). Documentos oficiales muestran que once de esos proyectos fueron adjudicados y están en ejecución. Uno más está en este momento en licitación abierta. Según investigadores del Ministerio Público de Guatemala, Benito y Giammattei se comprometieron a facilitar a estas empresas adelantos de pago o nuevas adjudicaciones a cambio del financiamiento para la campaña.
Una segunda fuente en el equipo de campaña de Giammatei ha corroborado a El Faro la existencia del acuerdo con José Luis Benito. Asegura haber estado a finales de agosto de 2019 en una reunión privada en la que Giorgio Bruni, Miguel Martínez y el ya presidente electo Alejandro Giammattei “dijeron que habían trabajado con empresas constructoras a través del Ministerio de Comunicaciones para financiar su campaña”.
Esta fuente relata varias ocasiones en las que en 2019 escuchó a Bruni hablar de la promesa de incluir a Benito en el nuevo Gobierno, y en una ocasión al mismo Giammattei decir que “mantenía la oferta de que continúe siendo ministro de Comunicaciones”. Asegura que también presenció cómo, a medida que se acercaba el traspaso de mando presidencial, se repetían las discusiones entre Bruni y Giammattei por la intención de este último de no cumplir el compromiso.
Benito no siguió finalmente en el cargo, pero aun así siete de los proyectos de construcción enumerados por el testigo de la FECI, con un presupuesto total de más de 83 millones de dólares, fueron adjudicados a lo largo del primer año de gobierno de Giammattei a empresas constructoras consideradas afines al exministro, entre las que destaca Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), propiedad del empresario Alejandro Matheu Escamilla.
El Faro solicitó por vía formal una respuesta del presidente Giammattei a las alegaciones del Testigo A. En su nombre, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia respondió en un escrito que “rechaza, de forma categórica, todo señalamiento o suposición infundada que pretenda vincular al gobernante con exministros” y afirmó que “todo lo relacionado con el manejo financiero de la agrupación política VAMOS corresponde al entonces secretario general del partido durante el tiempo de campaña”, en referencia directa a Giorgio Bruni.
Sobre el acuerdo con José Luis Benito del que hablan el testigo y otra fuente, aseguró que “ningún exministro del gobierno anterior ha sido parte ni ha sido considerado en ningún momento para conformar el equipo de trabajo del presidente Alejandro Giammattei”. Añadió que el presidente “no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Publico ni de cualquier otra entidad de la misma naturaleza”.
“Este periódico llamó y escribió al teléfono personal de Giorgio Bruni sin obtener respuesta aunque los mensajes aparecen como leídos. El exministro Benito, a través de una persona cercana a él, se limitó a responder que el caso de las maletas de La Antigua está bajo reserva y tiene prohibido hablar en público de él”, indica la publicación.
Raúl Romero, actual ministro de Desarrollo y en 2019 diputado del partido de Giammattei, acepta que apoyó la campaña del hoy presidente, pero niega haber participado en una reunión como la que describe el Testigo A. “Por tanto no puedo dar declaraciones sobre algo que desconozco”, dijo. El exministro de Gobernación Enrique Degenhart también negó los señalamientos. “Desvirtuó totalmente la declaración de ese testigo protegido”, afirmó.
De acuerdo con la publicación, el Faro llamó y envió mensajes al teléfono personal de Miguel Martínez, sin respuesta.
¿Investigan al presidente?
Según con El Faro, el Departamento de Estado y el FBI tienen desde hace meses copias de la declaración del testigo A.
“El Faro obtuvo la grabación completa a través de alguien ajeno al Ministerio Público y al tribunal. Aunque en la audiencia la voz del testigo fue distorsionada para protegerlo, por seguridad El Faro sometió el audio a un segundo proceso de distorsión antes de difundirlo. Este periódico conoce la identidad del testigo, comprobó su relación con Giammattei, y tres fuentes confirmaron la autenticidad de la grabación”
Además señala que el New York Times hizo el pasado octubre una breve referencia a la existencia del Testigo A, en un artículo en el que reveló que otro testigo dijo en julio a la FECI haber entregado en casa del presidente Giammattei una alfombra enrollada llena de dinero. El efectivo era, supuestamente, parte del soborno de una empresa minera respaldada por Rusia para que Giammattei le otorgara la operación parcial de un puerto guatemalteco.
“Es difícil saber cuál de los dos testimonios pesó más en la decisión de la fiscal general Consuelo Porras de destituir, el 23 de julio, al entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. La misma noche que salió de Guatemala hacia el exilio, Sandoval denunció en una entrevista exclusiva con El Faro que una de las razones de su destitución fue que la investigación del dinero de Antigua apuntaba al presidente Giammattei y a “pagos de constructores para ser beneficiados con algún proyecto o para financiar alguna campaña política”.
En los meses siguientes, Porras desarticuló por completo el equipo de fiscales que estaban a cargo de ambas investigaciones y ha hecho lo posible por obstaculizarlas. El 25 de agosto el nuevo responsable de la FECI, José Rafael Curruchiche, envió por orden de Porras un memorándum a todo el personal de la fiscalía especial en el que les preguntaba oficialmente “si en la agencia a su cargo se instruyó y desarrolló diligencia de investigación relacionada a la entrega de dinero en efectivo hacia el presidente constitucional de la República de Guatemala”. Los fiscales se acogieron a la reserva de los casos para no responder.
Resalta que a inicios de noviembre, el Ministerio Público pidió formalmente a la jueza Aifán entregar a los nuevos fiscales encargados del caso el sobre cerrado que contiene la identidad protegida del Testigo A. Del documento enviado a la jueza se infiere que los investigadores originales se habían negado a revelarla, amparados por la ley que les obliga a mantener bajo reserva la audiencia del 18 de mayo.
“Aifán también se negó y explicó por escrito a la fiscal general que tanto el testimonio como la identidad del Testigo A ya forman parte de una etapa procesal en la que la fiscal no ejerce control, y son pruebas bajo custodia del juez y el tribunal de instrucción”, afirma la publicación.
El proyecto “Mejoramiento de la carretera RN-12 Sur, tramo: San Marcos – Guativil”, identificado en la página de compras gubernamentales Guatecompras con el número de operación (NOG) 8795940, había sido adjudicado el diciembre anterior a la empresa COAMCO con un presupuesto de 174 millones de quetzales —22,6 millones de dólares—, aunque la obra terminaría costando más de 208.8 millones de quetzales según registros oficiales.
Según el testigo, días antes de la reunión el Ministerio de Comunicaciones había entregado a COAMCO un anticipo de pago por ese contrato. De ahí salió supuestamente el dinero para la campaña de Giammattei, condicionado a que en los años siguientes se entregara otros anticipos y nueve nuevos contratos a empresas involucradas en la red de favores de Benito.
“Giorgio Bruni le hace constar, y le recuerda al presidente, que el acuerdo con José Luis Benito era para que él pudiera permanecer un año como Ministro de Comunicaciones en su gobierno, es decir, ya en el gobierno de Alejandro Giammattei, en el actual gobierno. Esto con la única razón de poder garantizar los pagos de los contratos que él tenía control, que venían de 2018 a 2019, y que básicamente el más importante y más cercano a esa persona era el constructor Alejandro Matheu Escamilla”, se escucha en la declaración.
Seis de los proyectos que el testigo vincula a la negociación entre Benito y Giammattei fueron adjudicados a la empresa SCM, de la que Matheu Escamilla es propietario y representante legal. Tres, por un monto total de casi 327 millones de quetzales —42.5 millones de dólares— se le asignaron durante el gobierno actual. El testigo hace referencia también a un proyecto de construcción que en estos momentos está en etapa de licitación y que según él se acordó adjudicar a SCM.
Un funcionario del Departamento de Estado confirma que el Gobierno de Joe Biden está al tanto desde hace meses del contenido de este testimonio contra Giammattei, aunque no revela el avance de posibles investigaciones del Departamento de Justicia. Una fuente en Guatemala asegura haber hecho llegar el año pasado la grabación del Testigo A al embajador William Popp. Otra en Estados Unidos se la entregó personalmente a un agente del FBI con investigaciones ya abiertas en la región.
Una fuente en Washington y una persona cercana a uno de los acusados del caso aseguran que el constructor Alejandro Matheu Escamilla está desde hace algunos meses colaborando con las autoridades estadounidenses