Barcelona, España | AFP |
El gobierno independentista catalán denunció este jueves las «graves amenazas» de Madrid que, según la prensa, contempla el cierre de colegios electorales o la toma de control de la policía regional para impedir un referéndum de autodeterminación.
«Esta amenaza es muy grave y afecta al sentido más puro de la democracia: precintar colegios electorales», aseguró a la radio regional RAC1 Neus Munté, portavoz del gobierno de esta rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes.
Su ejecutivo, presidido por el independentista Carles Puigdemont y apoyado por una mayoría del parlamento regional, prevé celebrar un referéndum de autodeterminación en septiembre, prohibido por el Tribunal Constitucional, o incluso antes del verano.
«Vivimos circunstancias muy excepcionales (…) y es una posibilidad que se puedan replantear aspectos de este calendario», dijo Munté esta semana.
Este adelantamiento sería la respuesta de su gobierno a una eventual condena judicial de sus líderes, como el expresidente catalán Artur Mas o la presidenta del parlamento regional Carme Forcadell, perseguidos por presuntos actos de «desobediencia».
El primero de ellos será juzgado a partir del lunes en Barcelona y puede ser inhabilitado durante diez años. Las asociaciones independentistas convocaron una concentración a las puertas del tribunal donde esperan convocar a casi 30.000 personas.
Presidente entre 2010 y 2016, está acusado de desobedecer al organizar el 9 de noviembre de 2014 una consulta sobre la independencia que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
– Cierre de colegios electorales –
El gobierno conservador de Mariano Rajoy ha asegurado una y otra vez que no permitirá una votación ilegal y este jueves se empezaron a desvelar sus cartas.
Según publican varios medios españoles, Madrid se plantea cerrar las escuelas donde deberían colocarse los puntos de votación o incluso tomar el control de los «Mossos d’Esquadra», la policía catalana dirigida por el gobierno regional.
La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, no confirmó este jueves las informaciones y llamó al «diálogo» pero siempre «en el marco de la ley».
En una entrevista televisiva, el ministro de Justicia Rafael Catalá no descartó ninguna alternativa para frenar el referéndum, ni siquiera la suspensión del autogobierno catalán contemplada en la Constitución.
Estos llamados no parecen surgir efecto en los responsables catalanes. Neus Munté advirtió que se podrá votar en otros lugares aunque se cierren las escuelas y el presidente Puigdemont aseguró en Twitter que no permitirán «que se precinte la democracia».
– Diálogo interrumpido –
Tras unas semanas de apaciguamiento, la escalada de tensión entre Barcelona y Madrid iniciada en 2010, cuando la justicia anuló un estatuto de autonomía que ampliaba las competencias catalanas, se recrudece.
El diálogo prometido por Rajoy para solventar la situación con Cataluña y el compromiso de los líderes independentistas de intentar negociar un referéndum con Madrid parecen haber quedado en el olvido.
El sábado, la heteróclita coalición independentista –desde anticapitalistas hasta democristianos– alcanzó un acuerdo para aprobar los presupuestos anuales que permitiran financiar el referéndum y los órganos administrativos necesarios para la secesión.
Dos dias antes aparecían en la prensa las declaraciones de un senador independentista asegurando que el gobierno catalán había obtenido ilegalmente los datos fiscales de los ciudadanos para poner en marcha una hacienda propia.
El Ejecutivo catalán lo desmintió pero reconoció que dispone de algunos datos fiscales, aunque asegura que obtenidos legalmente y, según fuentes gubernamentales, estaría en condiciones de empezar a recaudar impuestos a partir de julio.
Entretanto, el independentismo busca simpatías en la comunidad internacional.
La semana anterior, Puigdemont reclamó desde el parlamento europeo la implicación de Europa en este conflicto y el miércoles, en un encuentro con cónsules en Barcelona, aseguró que el referéndum se hará con todas las garantías jurídicas.
Por ahora, el éxito ha sido escaso y la comunidad internacional se mantiene ajena o crítica ante el conflicto independentista.
«Ningún Estado dará ningún paso hasta que esto no sea un hecho consumado (…) pero ante un hecho consumado van a hacer exactamente como han hecho en el resto de procesos que ha habido en Europa», confió en un encuentro con la prensa internacional el jueves la presidenta parlamentaria Carme Forcadell.
bur-dbh/mck/jz
© 1994-2017 Agence France-Presse