Debido a recusaciones planteadas en el caso Libramiento de Chimaltenango, la audiencia de revisión de medidas de siete sindicados en el caso Libramiento de Chimaltenango fue suspendida.
El 22 de abril último, abogados de la Constructora Nacional, S. A. (Conasa) pidieron a la fiscal general, María Consuelo Porras, apartar de la investigación a dos fiscales bajo la acusación de que “actuaron maliciosamente” en el trámite del caso, que se desarrolla en el Juzgado de Mayor Riesgo C.
Los investigadores cuestionados son Stuardo Campo, exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, y Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal de esa misma unidad.
Dentro de las personas vinculadas a proceso penal se encuentran los tres integrantes de la junta de licitación del Ministerio de Comunicaciones que habría favorecido artificiosamente a la entidad mercantil denominada Renova Ingenieros S.A., misma que al ser adjudicada y contratada por el Estado de Guatemala, trasladó el 98.46% de los recursos recibidos hacia Conasa; ascendiendo la defraudación a Q90 millones 406 mil 91.97.
Recusación en contra de jueza
El pasado 5 de abril, la defensa de los señalados de la empresa CONASA que se encuentran implicados en el caso, recusaron a la jueza Silvia de León, por considerar que emitió opinión cuando resolvió al finalizar la audiencia de primera declaración.
Entre ellos se encuentran: Jorge Alfredo Tejada Argueta, Vicepresidente del Consejo de Administración de CONASA y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, representante legal de Renova.
Según la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), las personas implicadas en el caso permitieron la sustracción de los recursos del Estado por un poco más de Q15 millones que se pagaron por terrenos inexistentes, o en donde se simuló por parte de este grupo de personas tener derechos de posesión que no se tenían.
Sobornos a Mynor Moto
En este caso también está involucrado el exjuez Mynor Moto, quien es señalado de los delitos de cohecho pasivo, incumplimiento de deberes y retardo de justicia.
De acuerdo con el Ministerio Público, el abogado pudo haber recibido un soborno por parte de personas vinculadas al caso Libramiento de Chimaltenango.
Según con las pesquisas, el 26 de agosto del año 2020, cuando aún se encontraba en desarrollo la audiencia de primera declaración indagatoria en el caso de la construcción del tramo carretero, el exjuez habría recibido un soborno en efectivo, presuntamente pagado por personas vinculadas a la investigación.
Dicho soborno se realizó con el propósito de favorecer en la resolución que emitiría en los siguientes días dentro de la Causa Penal 01081-2019-00587.
En esa oportunidad concedió medidas sustitutivas en favor del ingeniero Jorge Alfred Tejada Argueta, vicepresidente de Constructura Nacional, S. A. (Conasa), así como de Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante legal de Renova Ingenieros, S.A.