El «superagente» de estrellas del fútbol Jorge Mendes, imputado por colaborar en un delito fiscal, negó este martes ante la justicia española haber ayudado a crear estructuras societarias al colombiano Radamel Falcao y a sus otros clientes investigados por presuntos fraudes millonarios.
En el tribunal de Pozuelo de Alarcón, un acomodado municipio al oeste de Madrid, Mendes declaró que su rol se ha limitado «a representar a deportistas en sus negociaciones con los clubes (…) sin que ni él ni sus colaboradores hayan intervenido nunca en la constitución de las estructuras societarias de los jugadores», según un comunicado de su empresa, Gestifute.
Considerado uno de los hombres más poderosos del fútbol, el portugués insistió ante la jueza «que nunca ha asesorado en materia fiscal a los jugadores, quienes en todos los casos designan sus propios asesores sin vinculación alguna con él», abundó Gestifute.
En la audiencia, a la que Mendes ingresó vestido de traje oscuro y corbata negra y sin hacer declaraciones a la prensa, la jueza mantuvo el agente como imputado por «sospecha de colaboración en el proceso» que llevó a Falcao a «cometer un delito fiscal», indicó a la AFP una fuente judicial.
Tras declarar por más de una hora, según la fuente judicial, Mendes abandonó el juzgado por una salida discreta.
– Pieza clave –
Mendes se ha ido perfilando como una presunta pieza clave dentro de una intensificada lucha de las autoridades españolas contra el fraude fiscal en el fútbol.
El portugués de 51 años es también agente, por ejemplo, del delantero madridista Cristiano Ronaldo, que el 31 de julio deberá declarar también en Pozuelo por un presunto fraude de 14,7 millones de euros.
En el caso de este martes, Falcao, actualmente jugador del Mónaco, fue denunciado por la fiscalía por un presunto fraude de 5,66 millones de euros entre 2011 y 2013, cuando militaba en el Atlético de Madrid.
Falcao habría recurrido para ello a una red de sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes británicas, Irlanda, Colombia y Panamá.
Según el consorcio de medios que analizó miles de documentos sobre las prácticas fiscales de numerosos futbolistas, los llamados «Football Leaks», Mendes estaría detrás de una red de sociedades pantalla y cuentas ‘offshore’ creadas para reducir el monto de los impuestos de sus clientes.
El objetivo de dicho montaje parece centrado en los derechos que corresponden a estos jugadores en concepto de publicidad, lo que se conoce como derechos de imagen.
Entre los demás clientes de Mendes están el exentrenador del Real Madrid José Mourinho, Fabio Coentrao, Ricardo Carvalho y Ángel Di María, todos ellos investigados por la justicia española por presuntos fraudes fiscales.
Di María alcanzó recientemente un acuerdo amistoso con la fiscalía española, por el que reconoce un fraude de 1,3 millones de euros en concepto de derechos de imagen.
Según el semanario alemán Der Spiegel, que obtuvo los documentos de «Football Leaks», Mendes habría permitido a sus clientes ocultar al menos 185 millones de euros de ingresos a distintas administraciones fiscales.
Para ello habría recurrido, entre otras, a la empresa irlandesa Polaris, citada en investigaciones contra sus clientes.
En su declaración de este martes, Mendes afirmó que Polaris, de la que es accionista, «no es administrada por él y se dedica exclusivamente a buscar anunciantes para los clientes», indicó el comunicado de Gestifute.
– Después del Barça, el Madrid –
Mendes, hijo de un obrero petroquímico, construyó solo su emporio tras haber sido DJ en su juventud y haber regentado un videoclub.
Ni él ni sus clientes son las primeras personalidades del mundo del fútbol en tener problemas con la Hacienda española.
En julio de 2016, el delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi fue condenado a una pena de 21 meses de prisión, que podría ser conmutada por una multa. La condena fue pronunciada contra él y su padre Jorge Horacio, por haber defraudado 4,1 millones de euros procedentes de sus derechos de imagen.
Igualmente, el ex presidente del club catalán, Sandro Rosell, está actualmente en detención preventiva por un asunto de blanqueo.