Durante los operativos efectuados hoy por el Ministerio Público, la CICIG y la Policía Nacional Civil, han sido detenidas 12 personas en 16 allanamientos en busca de una red de funcionarios y ex funcionarios de la Superintendencia de Adminstración Tributaria (SAT), por el caso La Línea.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), informó que los detenidos estarían implicados en hechos relacionados con las investigaciones del caso de La Línea y quienes resultaron implicados en las evidencias detectadas en las escuchas telefónicas.
Los capturados son: Alfonzo Romeo Castillo Castro, director de la Intendencia Jurídica; Elder Hermelindo Fuentes García, intendente; José Antonio Mangandi Ortiz, gerente de Contribuyentes Especiales Grandes; Evelin Yulisa Natareno Gómez, jefe del Departamento de la Intendencia de Verificaciones; Alicia López Paiz, mandataria de la entidad; y los auditores Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, Giovani Estefan Reyes Pérez, Nidia Verónica Espina Batres y Julio Ernesto Román García, involucrados en una red de corrupción.
Asimismo, fueron aprehendidos los representantes legales y mandatarios de las empresas Aceros de Guatemala y Tres Puertos, Pedro José Raúl Paiz Valdez, Alfredo Muñoz Ledocarrillo y Rigoberto Chacaj Soc.
De acuerdo con las investigaciones, «la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, ex Superintendente de Administración tributaria y Geovani Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como La Línea- y conformada por los demás funcionarios y ex funcionarios aprehendidos este día, para obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso.
La CICIG precisó que además, se conoció que la misma empresa –favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones– se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de promesa remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT.
Los delitos que se imputan a esta organización criminal son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión, indicó la CICIG en un comunicado.