- Sectores empresarial, sociedad civil y tanques de pensamiento en contra de normas para que Cocodes ejecuten obra sin controles.
El presidente Bernardo Arévalo enfrenta una creciente ola de solicitudes de veto contra el Decreto 7-2025, aprobado por el Congreso con 108 votos de distintas bancadas, en una sesión calificada como “exprés”. La normativa otorga a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) la capacidad de manejar fondos públicos sin los controles mínimos de transparencia, planificación o estudios ambientales, lo que ha encendido las alarmas en sectores sociales, empresariales y académicos.
Lluvia de oposición al Decreto
El rechazo se ha manifestado masivamente: Guatemala Visible, la Cámara de Comercio, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), diversas organizaciones de la sociedad civil y grupos de pensamiento como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacional (CIEN), solicitan que el presidente Bernardo Arévalo vete el Decreto por considierarlo «nefasto» y «peligroso».
El Icefi advirtió que al debilitar los controles sobre el gasto que ejecutan los Consejos de Desarrollo, «se pone en peligro la calidad de la inversión pública, se reduce la eficiencia del gasto y se abren las puertas a la corrupción». El instituto consideró que esta decisión es un «retroceso grave en los esfuerzos por garantizar transparencia y responsabilidad fiscal en el país».
Por su parte, la Cámara de Comercio subrayó que la ley «genera incertidumbre y atenta contra la certeza jurídica», mientras que Guatemala Visible señala que excluir a instituciones como Segeplan y al Ministerio de Ambiente del proceso de evaluación de proyectos es “un atentado contra los principios básicos de transparencia”.
ALGUNOS DE LOS SEÑALAMIENTOS CONCRETOS SOBRE EL DECRETO 7-2025
- Quebranta la anualidad y el cierre presupuestario. La Ley Orgánica exige cerrar el presupuesto el 31 de diciembre, prohíbe asumir compromisos con cargo al ejercicio vencido y manda reintegrar a Tesorería los saldos de efectivo que no correspondan a obligaciones pendientes. El arrastre automático de saldos de CODEDE contradice estas reglas.
- Afecta la unidad del presupuesto y el rol del Congreso. Todos los ingresos deben concentrarse y pagarse vía Fondo Común / Cuenta Única del Tesoro; retener saldos fuera del ciclo anual y ampliarlos en el presupuesto siguiente sin debate parlamentario erosiona ese principio y el control democrático.
- Borra controles institucionales internos.
- Riesgos altos en aprobación, segregación de funciones y monitoreo; dar «vía rápida» o aprobaciones tácitas agrava ese cuadro.
- La experiencia internacional (FMI) es clara: antes de otorgar más flexibilidad hay que fortalecer control interno, auditoría y sistemas de información; de lo contrario se multiplican errores e irregularidades. (CIEN).
El CACIF, en tanto, pidió de forma categórica al mandatario vetar la normativa, destacando que su aprobación «vulnera el sistema institucional y abre espacios para el uso discrecional de los recursos públicos».
La mayoría de reacciones se producen para pedir al presidente Arévalo el veto, tomando en cuenta su promesa de campaña de combatir la corrupción, pues se considera que la norma aprobada por la gran mayoría de diputados, «abre las arcas sin controles ni limitaciones».
Un Congreso bajo crítica
El Decreto 7-2025 fue aprobado con el respaldo de 108 diputados de la mayoría de bancadas en el Organismo Legislativo, lo que sorprendió a analistas y observadores. La votación masiva en un Congreso usualmente fragmentado ha sido interpretada como un reflejo de intereses ocultos detrás de la iniciativa.
Las críticas hacia el Legislativo no se limitan a esta decisión. El Congreso ha sido cuestionado por su baja productividad durante el año y por haberse incrementado los salarios a partir de enero, colocándose entre los más altos de Latinoamérica. Sin embargo, cuando se trata de medidas que benefician intereses particulares y oscuros, los diputados logran una unidad que pocas veces se observa en favor de las necesidades del país.
El dilema presidencial
Ahora la decisión está en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien tiene la facultad de vetar la ley Para las organizaciones que han pedido detener el decreto, el veto es indispensable para defender la transparencia y evitar un retroceso institucional.
De lo contrario, advierten, se enviaría un mensaje equivocado: que los recursos públicos pueden manejarse sin reglas claras, comprometiendo la confianza ciudadana y el futuro de la inversión en Guatemala.
El Decreto 7-2025 se ha convertido en uno de los principales retos políticos para la administración Arévalo en su segundo año, y la forma en que responda será determinante para medir la coherencia de su proyecto de cambio
