- Entrevista con el exembajador de Estados Unidos en Guatemala, quien ve que la democracia de nuestro país «pende de un hilo»
Stephen McFarland es un diplomático retirado de los Estados Unidos que estuvo dos veces en Guatemala, como embajador entre el 2008 al 2011, y como ministro consejero y encargado de negocios entre el 2000 al 2003. Estuvo muchos años en países en conflicto y en transiciones democráticas, incluyendo en El Salvador, el Perú, Iraq, Afganistán, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, y Paraguay. Sus opiniones son personales.
Por Gonzalo Marroquín Godoy
Pocos diplomáticos han llegado a conocer tanto Guatemala como el exembajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, quien considera que el país ha sufrido un acelerado y preocupante retroceso en muchos aspectos y que su estabilidad y democracia están en peligro en este momento.
McFarland accedió a conversar con Crónica sobre la crisis que vive el país y destacó los aspectos relevantes, como la estructura de la alianza oficialista y su control sobre la justicia, el poder de las protestas sociales, la falta de libertad de prensa y el rol de los actores principales. Estas son sus apreciaciones, todas puntuales y claras:
Usted fue embajador entre 2008 y 2011 en Guatemala. ¿Ve un deterioro en la democracia guatemalteca desde entonces?: Lamentablemente ha habido un enorme deterioro en la democracia guatemalteca desde el período en que fui embajador de los EEUU en Guatemala, y ese deterioro se aceleró en los últimos meses. Hoy día sigue en marcha un intento de golpe de estado en cámara lenta contra los resultados de las elecciones.
Sin embargo, vemos también en los últimos cinco meses dos sucesos positivos: la elección de Bernardo Arévalo en unas elecciones democráticas, y las protestas ciudadanas para evitar el robo de estas elecciones, lideradas principalmente por las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas.
Guatemala tiene un estado casi cooptado en su totalidad por la corrupción y el crimen organizado. Tan es así que el número de fiscales, jueces, y periodistas guatemaltecos que han recibido asilo en los EEUU es comparable a los de regímenes dictatoriales como Venezuela y Nicaragua. El exdirector de El Periódico, José Rubén Zamora, tiene más de un año en la cárcel, como si Guatemala fuera una dictadura. El gobierno y la fiscal general y el pacto de corruptos controlan el Congreso y buena parte del poder judicial, además de la policía. La fiscal general le obligó renunciar al exMinistro de Gobernación por no usar la policía para reprimir protestas frente al Ministerio Público, un indicador de su desesperación.
La democracia, sin embargo, depende no sólo de las autoridades y de los políticos sino también del liderazgo de los ciudadanos. El gobierno calculó al principio de 2023 que los ciudadanos seguirían sumisos, y que los ciudadanos iban a aguantar otros cuatro años de gobierno corrupto, ineficaz, e indiferente. Calculó mal; si bien el gobierno pudo sacar a tres candidatos de la primera vuelta, no comprendió que esas maniobras tendrían un efecto catalizador en un ambiente político crispado por la corrupción desenfrenada y el deterioro en los servicios públicos. No contaron el gobierno y el pacto de corruptos con la respuesta ciudadana de apoyar a otra candidatura, la de Bernardo Arévalo del partido Semilla, que representaba la alternativa a la corrupción y el mal gobierno. Arrasó Arévalo en la segunda vuelta contra Sandra Torres.
Las protestas contra la fiscal general iniciadas en octubre por las autoridades ancestrales marcaron un hito en la historia de Guatemala. Por primera vez estas autoridades llevaron a cabo protestas a nivel nacional, coordinadas entre diferentes pueblos indígenas y también con sectores urbanos, por períodos inauditos. Y lo hicieron como una fuerza social independiente.
Actualmente pende de un hilo el futuro democrático de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad jugará un papel clave, como también lo jugarán de nuevo la ciudadanía, y en particular las autoridades indígenas. También lo harán las autoridades policiales y militares si reciben órdenes de usar la fuerza letal para reprimir las protestas.
¿Puede calificarse como un fracaso de la clase política –hasta ahora– que Guatemala no tenga mejoras sustanciales en los índices de Desarrollo Humano?: Creo que ha sido un gran fracaso de los partidos políticos y de los empresarios que Guatemala siga, año tras año, década tras década, con algunos de los peores índices de desarrollo humano. Este fracaso refleja no sólo una creciente indiferencia de los gobiernos y los sectores económicos y políticos, sino también los límites de un modelo político y económico basado en la inequidad extrema, la corrupción galopante, un estado pequeño y débil, y la migración como una válvula de escape. No me parece un modelo muy estable.
Los gobiernos autoritarios suelen concentrar el poder. ¿Cree que ese es uno de los problemas que afecta la democracia de nuestro país?: La alianza entre este gobierno y la fiscal general ha removido un contrapeso clave para evitar los abusos del poder. Ha permitido que el gobierno y sus aliados utilicen el poder para fines personales en vez de alcanzar objetivos nacionales.
Por supuesto hay otros retos grandes para la democracia en Guatemala, como la relativa ausencia de una identidad nacional compartida, la ausencia de visiones de país de largo plazo, la inequidad, el retroceso en la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, la discriminación y la exclusión racial, y la violencia contra las mujeres. Aún así, todos conocemos a buenos ciudadanos que nos dan esperanza que el futuro del país sea mejor.
EEUU, la OEA y la UE han censurado las acciones del Estado de Guatemala para entorpecer la transición. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas ni siquiera se inmutan. ¿Por qué?: Yo creo que las misiones electorales de la OEA y la UE le obligaron a las autoridades postergar sus acciones para anular los resultados electorales. Las resoluciones en la OEA y las declaraciones y las sanciones de los EEUU también tuvieron, y siguen teniendo, un impacto positivo. Sin embargo, el gobierno y el pacto de corruptos siguen tratando de impedir que Arévalo asuma el 14 de enero. Creo que es porque el gobierno y sus aliados no quieren perder el acceso a los frutos de la corrupción, y temen que el cambio afecte el sistema que los protege de las investigaciones. Ellos ven viable hacer que el país retroceda un año a como estaba antes de la victoria de Semilla. Creo que se equivocan totalmente, creo que el país cambió en algunos aspectos fundamentales en los últimos seis meses.
¿Qué es lo que más le preocupa a Estados Unidos de lo que está sucediendo en Guatemala?: Le preocupa a EEUU bastante el intento descarado de ignorar el resultado de las elecciones presidenciales y de impedir que Arévalo asuma como presidente el 14 de enero. Creo que EEUU está preocupado de que Guatemala se vuelva aún más como Venezuela o Nicaragua, con todo lo que esto implica para la región. Segundo, creo que, para los EEUU, cualquier gobierno interino sería ilegítimo, se basaría en la represión violenta, y generaría mayor inestabilidad en Guatemala y la región, lo que afectaría los intereses estratégicos de los EEUU, y los intereses internos y externos de EEUU como la migración. Repito, un régimen de facto no sería estable ni legítimo. Tercero, un gobierno ilegítimo crearía aún más espacio para el crimen organizado y transnacional.
La cancillería y ciertos sectores consideran como “intromisión en los asuntos internos de Guatemala” y “violación a la soberanía” las críticas de países y organismos internacionales. ¿Es una visión que puede ser correcta en un mundo moderno de tanta interrelación entre países y con participación plena del país en la OEA y la ONU?: La soberanía y el nacionalismo son aspectos importantes de cualquier país. Sin embargo, creo que esas críticas son espurias. Las resoluciones de la OEA se aprobaron bajo la Carta Democrática, un instrumento importante donde Guatemala es uno de los signatarios. Las declaraciones de los EEUU, donde viven unos tres millones de guatemaltecos y norteamericanos de origen chapín, respondieron a su política de apoyar a los procesos democráticos, y de tomar acciones para prevenir que el estado de Guatemala tome medidas que vayan a motivar a aún más guatemaltecos a migrar a los EEUU para conseguir lo que el estado guatemalteco no le quiere dar.
Sin el respeto por la libertad de prensa no hay una democracia. El encarcelamiento de José Rubén Zamora, director de El Periódico, subraya que no hay libertad de prensa en Guatemala.
Embajador McFarland
¿Qué actores institucionales cree que son los que más pesan dentro del oficialismo y sus aliados?: La fiscal general Consuelo Porras tiene cada vez más peso y protagonismo dentro del gobierno y sus aliados. El presidente Alejandro Giammattei sigue siendo importante, pero va bajando su poder; los líderes en el Congreso también tienen peso. Hay que ver qué hace la nueva Corte Suprema.
¿Qué otras sanciones podría imponer Washington si se insiste en socavar la democracia por parte del Estado de Guatemala?: Las sanciones son instrumentos importantes. Sin embargo, creo que la democracia en Guatemala dependerá no de las acciones de los EEUU, sino de sus proprios ciudadanos y autoridades.
Las principales sanciones podrían ser económicas, comerciales y financieras, incluyendo por sectores; también podrían ser sanciones contra individuos o grupos de personas realizadas bajo la ley Magnitsky. Repudiar el sistema democrático, y reprimir con violencia las protestas, ameritan sanciones más severas que las que EEUU ha hecho hasta ahora.
Más allá de las sanciones, es muy importante el papel de los EEUU, realizado por la Embajada liderada por el encargado de negocios Patrick Ventrell, de mantener los diálogos continuos y francos con todos los sectores, y de facilitar diálogos entre los distintos sectores.
¿Se puede hablar de democracia plena en un país donde no se respeta la libertad de prensa?: Sin el respeto por la libertad de prensa no hay una democracia. El encarcelamiento de José Rubén Zamora, director de El Periódico, subraya que no hay libertad de prensa en Guatemala. Está claro que el gobierno y el pacto de corruptos, y otros sectores, no quieran que la prensa informe sobre casos de corrupción. Sin embargo, muchos periodistas siguen arriesgándose para cumplir con su profesión.
Cientos de miles de guatemaltecos salen del país por falta de oportunidades y van principalmente hacia Estados Unidos. ¿Puede ser la corrupción un factor para que las condiciones de salud, educación y empleo no mejoren?: Definitivamente la corrupción es un gran obstáculo para que el país mejore las condiciones de salud, seguridad, educación, y empleo. El problema que tiene Guatemala es que ya no es solamente la corrupción de algunos políticos, sino que hay una corrupción sistémica, donde la falta de un Ministerio Público independiente y de un poder judicial independiente se traduce en impunidad para los que saquean los recursos del estado. La naturaleza del pacto de corruptos también tiene un impacto. El pacto no es un partido único, sino una confederación de sectores e individuos que muchas veces son rivales, pero que están unidos por mantener el sistema actual. Por su naturaleza, el pacto prioriza las ganancias para sus miembros en el corto plazo, y no priorizan mejorar la infraestructura y los servicios en el país. También por su naturaleza, el pacto tiene que hacer cualquier alianza, por ejemplo, con Joviel Acevedo de los maestros, que les ayude quedarse en el poder y protegerse, a pesar de su impacto negativo sobre la educación.
¿El futuro a corto plazo?: El actor institucional del estado más clave ahora es la Corte de Constitucionalidad, porque el intento de golpe que el gobierno le quiere dar al proceso electoral requeriría el aval de la Corte. El magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, fue enfático hace varias semanas sobre la inevitabilidad de la transición el 14 de enero. Ojalá la Corte siga en esa posición.
El CACIF se desmarcó del gobierno y el pacto de corruptos en julio, y después cuando se reunió con las autoridades ancestrales. Su declaración más reciente sobre las detenciones del caso USAC, sin embargo, fue tibia, considerando el intento claro del pacto de anular el resultado de las elecciones. Hay divisiones dentro del CACIF sobre cómo proteger sus intereses sociales, políticos, y económicos. Creo que el CACIF debe tenerle más miedo a un gobierno ilegítimo e inestable, que a un gobierno democrático cuyo presidente ya hizo claro su interés en dialogar con ellos.
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