- Un escándalo denunciado desde que se conoció el contrato y que nunca captó la atención del MP, que ahora excusa a Giammattei y Martínez, enfocándose solamente en la exministra de Salud.
Redacción Crónica
Mientras el mundo buscaba desesperadamente una salida a la pandemia, en Guatemala se fraguaba uno de los negocios más oscuros de la administración de Alejandro Giammattei. El contrato para la adquisición de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V no fue solo un fracaso logístico; fue un diseño jurídico y financiero que drenó las arcas del Estado, dejando un rastro de millones de quetzales en vacunas vencidas y una protección judicial que hoy alcanza niveles de escándalo bajo la gestión de Consuelo Porras.
El contrato: Un traje a la medida de la impunidad
Desde su origen, el contrato con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) nació con «pecados originales» que debieron alertar a las más altas autoridades del Ejecutivo:
- El pago anticipado: Guatemala pagó Q614.5 millones (el 50% de las primeras 8 millones de dosis) sin ninguna garantía de entrega. Se aceptaron condiciones leoninas donde el proveedor no tenía plazos fijos, dejando al país a merced de la voluntad rusa.
- Cláusulas de confidencialidad: Se utilizó el secreto comercial para ocultar los detalles de un contrato que involucraba fondos públicos, impidiendo la fiscalización ciudadana y legislativa durante los meses más críticos.
- Intermediarios en la sombra: Aunque se vendió como un trato «de gobierno a gobierno», la operación se realizó a través de la empresa Limited Liability Company Human Vaccine, una subsidiaria que diluía las responsabilidades legales.
Vacunas vencidas: El costo del silencio
El resultado fue catastrófico. Debido a las entregas tardías y la falta de una estrategia de vacunación coherente, Guatemala terminó descartando millones de dosis. Se estima que más de Q400 millones se perdieron literalmente en la basura debido al vencimiento de los biológicos. Mientras los guatemaltecos morían por falta de acceso a la salud, el dinero público se evaporaba en refrigeradores llenos de frascos inservibles.
MP de Consuelo Porras, guardaespaldas judicial
A pesar de las múltiples denuncias presentadas por la sociedad civil y, más recientemente, por el gobierno de Bernardo Arévalo a través del Procurador General de la Nación (PGN), el Ministerio Público ha mantenido un bloqueo sistemático a cualquier investigación que apunte hacia el «círculo de oro».
- Protección a Giammattei y Miguel Martínez: Los señalamientos que vinculan a la cúpula del poder —incluyendo al exjefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez— con las negociaciones del contrato han sido ignorados o archivados. La estrategia del MP ha sido el «retraso malicioso», evitando citaciones clave y negándose a profundizar en la ruta del dinero.
- La cuerda se rompe por lo más delgado: Siguiendo su patrón habitual, el MP ha preferido enfocar sus baterías contra funcionarios de mando medio o incluso contra los propios denunciantes, mientras los arquitectos del contrato Sputnik gozan de plena libertad. Para Rafael Curruchiche y Consuelo Porras, el caso parece no ser un acto de corrupción, sino una serie de «errores administrativos» menores. La orden de captura girada contra la exministra Amelia Flores muestra que se busca desviar la atención de los responsables principales.
La impunidad como política de Estado
El caso Sputnik es el ejemplo más claro de cómo el MP ha sido instrumentalizado para garantizar que la cúpula del gobierno anterior no rinda cuentas. Mientras otros países de la región han procesado a funcionarios por irregularidades en compras de insumos COVID, en Guatemala el sistema de justicia se ha convertido en una extensión de la defensa técnica de Giammattei y Martínez.
Pero el caso sigue abierto en la memoria colectiva. Las vacunas nunca llegaron a tiempo, el dinero no regresó, y los responsables siguen sentados en la mesa de la impunidad, protegidos por el edificio de la zona 1.
Denuncias ignoradas por años
La primera denuncia sobre el contrato la hizo el diario elPeriódico, de José Rubén Zamora, quien tiempo después sería acosado y encarcelado tras hacer más de 140 publicaciones sobre casos de corrupción de la administración de Giammattei-Martínez.
Legalmente, estas fueron las denuncias interpuestas, las cuales el MP no llegó nunca a investigar, mucho menos a fondo:
La cronología de la impunidad comenzó en mayo de 2021, cuando la organización Acción Ciudadana presentó la primera denuncia formal por posible cohecho y fraude en la negociación del contrato con el fondo ruso. A pesar de señalar que el Estado de Guatemala aceptó condiciones leoninas, el MP nunca realizó citaciones a los altos mandos del Ejecutivo de aquel entonces. A esta se sumaron las alertas de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en octubre de 2022, que documentó hallazgos administrativos y financieros por la pérdida millonaria de vacunas vencidas; sin embargo, la fiscalía optó por centrar su «análisis» únicamente en empleados de mando medio, evitando escalar la responsabilidad hacia quienes tomaron la decisión política del pago anticipado.
Durante los años 2021 y 2023, diversos diputados de oposición también presentaron denuncias por incumplimiento de deberes contra la exministra de Salud, Amelia Flores, y el propio ex-Presidente Alejandro Giammattei. El resultado fue el mismo: el MP nunca se atrevió a presentar una solicitud de antejuicio contra el mandatario, permitiendo que el tiempo diluyera la urgencia del caso. Más recientemente, en abril de 2024, la Procuraduría General de la Nación (PGN) bajo la nueva administración, interpuso una denuncia penal por contrato lesivo y abuso de autoridad, aportando nuevas pruebas sobre la opacidad del negocio. Hasta el día de hoy, esta denuncia permanece en una «etapa de investigación» permanente, sin capturas, sin allanamientos y sin resultados que toquen al círculo de confianza de la administración anterior.
El patrón es innegable: mientras el MP ha sido extremadamente ágil para perseguir a fiscales, jueces y periodistas, ha mostrado una parálisis absoluta ante el rastro de los mal millones pagados por esta negociación espuria. La estrategia de Consuelo Porras ha sido clara: dejar que la cuerda se rompa por lo más delgado, enfocándose en errores de procedimiento de técnicos de salud, mientras protege el corazón de la estructura donde operaban Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. Para la justicia de Porras, el caso Sputnik V no es un crimen de cuello blanco, sino un expediente que el tiempo debe encargarse de borrar.