Zulma Calderón, jefa de Supervisión Hospitalaria de la Defensoría de Salud de la PDH.
La crisis que se vive hoy en salud es el resultado de lo que se dejó de hacer en el pasado y los casos más alarmantes se encuentran en el área asistencial, asegura la jefa de Supervisión de Hospitales de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Álvaro Alay
Crisis profunda
La administración de Otto Pérez Molina dejó en el sistema de salud una crisis hospitalaria que hasta el momento no se ha podido sobrellevar, debido a que es un problema estructural que debe de ser atendido desde diversos puntos de vista. Los puntos medulares donde se concentra la situación más alarmante es el tema asistencial, donde está la crisis hospitalaria. Esto debido a que el sistema de salud que tiene el país se enfoca en brindar asistencia y no fomenta la prevención. Otro factor importante es la falta de personal operativo, ya que esto genera que no haya una atención adecuada para los pacientes, lo cual también repercute en los sueldos atrasados de los médicos residentes, así como los galenos que forman parte del sistema de salud.
Un trimestre clave
En estos momentos se está recogiendo la cosecha de todo lo malo que se sembró en los primeros años de la administración anterior. Sabemos que el Ministerio de Salud tiene menos de Q1 mil millones de presupuesto que el año pasado. Además, se tiene una deuda histórica desde el año pasado con proveedores que las autoridades deben saber negociar. Si esa deuda no se atiende bien en el primer trimestre del año, la crisis en salud podría alcanzar su punto más álgido.
Denuncias históricas
La crisis en salud que ha vivido el país en los últimos años ha generado un récord histórico de denuncias por mal servicio que superaron las mil. El 2015 fue histórico, ya que no se habían recibido tantas denuncias. Estas alcanzaron las mil 78 quejas, que van desde desabastecimiento de medicina, mala o falta de atención y por problemas en la extensión de cobertura, entre otras. Sin embargo, de estas denuncias, un 40 por ciento corresponde al Ministerio de Salud –por medio de los hospitales y Centros de Salud–, un 55 por ciento son del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el 5 por ciento restante se divide en la sanidad militar e instituciones privadas.