Varios sindicatos panameños rechazaron este jueves un proyecto de ley gubernamental que pretende modificar el código de trabajo para aliviar la crisis que atraviesan las empresas por la pandemia del nuevo coronavirus.
«Hay una filosofía en esto y es robarle al pobre para darle al rico», dijo a la AFP Saúl Méndez, secretario general del sindicato de la construcción Suntracs, la mayor organización obrera del país.
El sindicalista consideró que «mientras se dice que es para salvar puestos de trabajo, se permiten también despidos. Este proyecto de ley lo estamos rechazando de plano».
Suspensión temporal
El gobierno de Laurentino Cortizo presentó días atrás un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.
La propuesta indica que las empresas que han detenido sus actividades, debido a la pandemia, pueden suspender de manera temporal los contratos de sus trabajadores hasta el 31 de diciembre.
«Esta ley no solamente da estabilidad a las empresas si no que también garantiza a los trabajadores el mantenimiento de sus plazas«,
defendió la ministra de Trabajo, Doris Zapata.
Turnos
Según la iniciativa, el empresario podrá reiniciar su actividad reintegrando de manera gradual a sus empleados y establecer turnos de trabajo distintos a los acordados previo a los contagios de covid-19.
También establece cambios al fuero maternal y al pago del décimo tercer mes, lo que ha provocado las protestas de los sindicatos, que se han manifestado este jueves en distintos puntos del país.
Coronavirus
En Panamá, con cuatro millones de habitantes, cerca de 1,400 personas han muerto y más de 64,000 han sido contagiadas por la covid-19.
La situación ha obligado al gobierno a decretar cuarentenas y a paralizar amplios sectores de la economía, lo que ha originado la suspensión temporal de unos 200,000 contratos de trabajo.
Pérdidas
Los empresarios manifiestan tener grandes pérdidas y advierten de la dificultad para reiniciar actividades bajo las mismas condiciones laborales previas a la crisis.
Enfrente, los sindicatos denuncian millonarias ayudas a la banca y a las grandes empresas, mientras los trabajadores suspendidos solo tienen acceso a unos bonos mensuales de 100 dólares otorgados por el gobierno.
«Nos oponemos a las modificaciones porque responden a viejas aspiraciones del sector empresarial que siempre ha pretendido abaratar el costo laboral que le atribuyen al código de trabajo«,
indicó Francisco Sánchez, coordinador encargado del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados.
La reforma es «un retroceso» y conlleva «un símbolo esclavizante» para el trabajador, agregó Sánchez.