La escala de los sobornos a funcionarios públicos a cambio de obras y de medidas parlamentarias que orquestó el grupo se extendió por gran parte de América Latina, con ramificaciones en África y Europa, e incluyó un sofisticado esquema de lavado de dinero.
En Guatemala el caso ha salido a luz más por informaciones provenientes de Brasil que por las investigaciones realizadas, aunque ya antes el diario elPeriódico, publicó muchos detalles sobre la forma en que más de US$20 millones en sobornos pudieron ser distribuidos.
En fuentes del Ministerio Público se sabe que la invitación a participar en este evento de gran importancia llegó, pero no se conocen las causas por las que se decidió no participar (es posible que este viernes se conozcan más detalles).
Las investigaciones periodísticas apuntan a que el dinero pudo llegar al ministro de Comunicaciones y prófugo de la justicia, Alejandro Sinibaldi, al presidente Otto Pérez Molina y algunos funcionarios más de esa administración, pero también a varios diputados entre los que aprobaron el crédito de donde provendrían los fondos para construir una carretera entre Cocales y Tecún Umán.
Aunque ello ocurrió en el período de gobierno anterior, en la actual legislatura están la mayoría de diputados sobre los cuales pesan dudas, porque un papel encontrado en Brasil en su momento, mencionaba una cantidad para diputados guatemaltecos.
En la reunión de Brasil –en la que destacó la ausencia de Guatemala– los procuradores se comprometieron este jueves a «promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones coordinadas sobre el caso Odebrecht», según un comunicado firmado por Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. No se comenta si algún país se puede adherir más adelante.
La iniciativa también incluye a la Operación Lava Jato (lavadero de autos), que investiga un fraude transnacional que drenó ilegalmente más de 2.000 millones de dólares a la petrolera estatal brasileña Petrobras y permitió revelar el caso Odebrecht.
Al cabo de la primera de las dos jornadas de una cumbre realizada con gran hermetismo y sin acceso de la prensa, los procuradores dijeron que buscarán «insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país».
La investigación sobre la maquinaria de pagos de Odebrecht, un pulpo con múltiples negocios que facturó casi 40.000 millones de dólares en 2015 -su último balance-, está bajo secreto de sumario. Además, la firma y la justicia acordaron una cláusula de reserva de seis meses, hasta el 1 de junio de 2017.
«Brasil ha recibido varios requerimientos de cooperación jurídica internacional relacionados al caso Odebrecht, pero está obligado a cumplir sus leyes internas y a respetar el plazo acordado, sin perjuicio de que los países den continuidad a las investigaciones que ya han acordado», señaló el texto divulgado entrada la noche.
A solicitud de Odebrecht, los fiscales aceptaron escuchar una exposición de los abogados de la constructora sobre los planes de cooperación que tienen con los ministerios públicos de la región para ayudar «a dilucidar todos los hechos ilícitos vinculados con su actuación».
– Un caso histórico –
Las prácticas de la constructora fundada en Bahia (nordeste) en los años 40 le valieron a Odebrecht S.A. y a su filial petroquímica Braskem una multa de 4.500 millones de dólares, en un caso que abarcó a las justicias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.
El grupo indicó que tiene capacidad para pagar hasta 2.600 millones, que sumados a la penalidad de unos 900 millones de su petroquímica Braskem, totalizarían 3.500 millones, una de las mayores multas de la historia.
Tras resistir casi dos años, el peso de las evidencias en su contra llevó a la firma a acordar con la justicia que 77 de sus ejecutivos confesasen sus delitos a cambio de una reducción de sus penas, incluido su expresidente Marcelo Odebrecht, condenado a más de 19 años de reclusión en Brasil.
Las primeras filtraciones revelaron profusas menciones al presidente Michel Temer. Y aunque las llamadas ‘delaciones premiadas’ no constituyen pruebas hasta que sean corroboradas en un juicio, su inminente desclasificación es una bomba de tiempo para Brasil y buena parte de la región.
En Perú, Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares para ganar contratos entre 2005-2014, período que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, sobre quien ya pesa un pedido de captura, Alan García y Ollanta Humala.
Este jueves, García (2006-2011) fue interrogado en calidad de testigo de una causa que investiga un gasoducto concesionado a Odebrecht en el sur del país.
Pero la procuradora Katherine Ampuero, dedicada al caso, dijo que el exmandatario podría pasar a engrosar la lista de investigados por otra licitación ganada por la empresa brasileña.
«A mí no me metan en la pandilla de los expresidentes», advirtió García en una entrevista radial.
En otra semana caliente para el escándalo que sacude la región, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos criticó los señalamientos sobre supuestos pagos de Odebrecht a su campaña en 2014.
Último ganador del Premio Nobel de la Paz, Santos dijo el miércoles que confiaba en un rápido esclarecimiento del caso, porque el daño que le había infligido había dado «la vuelta al mundo».
Ese mismo día, la justicia de Venezuela congeló las cuentas bancarias y los activos de Odebrecht en el país, 24 horas después de que la Interpol acogiera un pedido de Panamá para detener a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), acusados de cobrar sobornos de la firma brasileña.
Con información desde Brasil de la Agence France-Presse (AFP)