Renzo Lautaro Rosal
Siempre es buen momento para discutir una reforma fiscal. De igual forma, serán varias las voces que indicarán lo contrario; ya que se trata de una temática impopular en contextos donde buena parte de lo recaudado se ha ido en banda, no sirviendo para apuntalar el precepto constitucional de sufragar el gasto público en aras a la consecución del bien común. Cabe preguntarse si los primeros mensajes, que más bien parecen insinuaciones, van en la línea de proponer una reforma integral, o si, por lo contrario, se trata de un paquete hecho a la medida de las circunstancias que condicionan la poca actividad del gobierno central. He aquí varios supuestos que conviene analizar. El primero pasa porque la gestión del presidente Morales no cuenta con las mínimas condiciones que supone poner en vuelo una iniciativa sólida desde el punto de vista técnico, pero que requiere múltiples acuerdos políticos con una diversidad de actores que históricamente han sido reacios a tocar, tan siquiera por encima, todo lo que implique aumento de tributos.
Aún cuando la agenda de pendientes es enorme, eso de apostar por nutrir de más recursos para al menos reducir las múltiples asimetrías, tampoco convoca a muchos. Fortalecer el Estado, sus instituciones y garantizar el cumplimiento de sus finalidades rectoras representa un desafío marginal. Por varios cientos de años se ha construido el discurso contrario. Así que lo fiscal es un tema hostil, en un escenario donde reinan los enfrentamientos de intereses.
A lo anterior, queda agregar el peso de la coyuntura. La SAT recién comienza a respirar por cuenta propia. Antes, durante los últimos dos gobiernos especialmente, funcionó como institución dependiente y controlada por diversos intereses privados que la convirtieron en una de las principales cajas negras, donde entraban recursos y salían diversos productos oscuros. La credibilidad e independencia de la autoridad tributaria van por buen camino, pero su recorrido es reciente.
Lo curioso del momento radica en que, antes de que el gobierno presente alguna propuesta sobre lo fiscal, el sector privado salió presuroso a manera de actor introductorio y condicionador. Entre líneas el mensaje es si a una reforma pactada, acomodaticia, restringida, que no toque el régimen de concesiones y privilegios. Nada nuevo en una sociedad donde reformas de otro tipo han sido imposibles, saboteadas desde un inicio.
Entonces lo que queda se resume en dos días: la puesta en escena de un paquete limitado, orientado a captar recursos para salir de la actual paralización, o bien la opción de mantener el ritmo actual, dependiente de las muestras de eficiencia de la Superintendencia de Administración Tributaria por la vía de poner en orden a la larga lista de evasores y mejorar otro tipo de controles, pero que a la larga no son mecanismos sostenibles. La primera opción pasa por condiciones de generar acuerdos y plantear una propuesta que suena a creíble. Además, mientras no se muestren resultados concretos, salir de algunos atolladeros claves y prescindir de las roscas de personajes cuestionables que operan al margen de su jefe, el presidente; esa opción tampoco se ve viable. La otra opción, comenzada a probar en los últimos meses, requiere de importantes esfuerzos de coordinación interinstitucional, alta capacidad de análisis y gestión legal. Pero en definitiva un fuerte trabajo de cobranza bajo circunstancias adversas (los implicados resistirán hasta el extremo, antes de pagar lo que históricamente se ha pactado como exoneración permanente).
Aunque producto de visión cortoplacista, pensar en aumentar el IVA es totalmente descabellado para un gobierno que en seis meses perdió buena parte de su base de legitimidad condicionada. Esa ciudadanía le exige condiciones previas, sin las cuales cualquier pretensión de aumento de impuestos directos puede representar su condena por inanición.
La credibilidad e independencia de la autoridad tributaria van por buen camino, pero su recorrido es reciente.