Anabella Morfín, abogada y expresidenta del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon)
El diálogo nacional para reformar el sistema de justicia abre una oportunidad para acabar con la cooptación, privilegios y corrupción que genera altos índices de impunidad en el país, asegura Morfín, quien luego agrega que fortalecer la justicia es necesario para garantizar la independencia judicial.
Sergio Del Águila
¿Por qué hay que cambiar el sistema de justicia?
Se ha comprobado que lo que oportunamente funcionó como la designación de los magistrados de las cortes, las formas de evaluación y escogencia, lamentablemente, a través de las Comisiones de Postulación, se volvió susceptible de ser manipulado. Las Comisiones de Postulación fueron perdiendo su razón de ser, porque se convirtieron en entes susceptibles de ser cooptados. Se crearon diversas maneras de influir en los jueces y ello fue generando altos niveles de impunidad que son alarmantes. Por ello es necesario ponerle un coto. Fortalecer el sistema de justicia permitirá lograr, por un lado, la independencia de los jueces, y por otro, que sea confiable y libre de compromisos que pongan en duda no solo la idoneidad de quienes administran la justicia, sino que no esté sujeta a plazos arbitrarios.
¿Cómo caracterizaría esta oportunidad para el país, en términos de si se responde o no a clamores sociales?
Es una buena oportunidad, porque no está ideologizada, ni responde a intereses determinados. Surge de los tres poderes del Estado que tienen, en primer lugar, el compromiso de velar porque la justicia sea una realidad y sea un derecho al que efectivamente se tiene acceso; recordemos que es función del Estado garantizar el bien común y el derecho a la justicia. El que se hayan puesto de acuerdo en esta iniciativa debe aprovecharse.
¿Cree que el momento es el adecuado y están reunidas las condiciones políticas, sociales y económicas para que los actores de estos tres poderes inicien la reforma?
Sí, por un lado está el Organismo Ejecutivo, que empieza su periodo de gobierno, el Judicial y Ministerio Público están sometidos a una evaluación muy fuerte por los casos que ventilan, y, por primera vez, en una forma objetiva, se juzga a funcionarios que tenían garantizada la impunidad y partir de allí cometían ilícitos.
¿Hasta dónde cree que llegarán las reformas?
En este momento lo que se ha presentado se circunscribe a la decisión de reformar el sistema de justicia, porque hay un reclamo e interés en la justicia para que se respeten los plazos que los tribunales, hace mucho tiempo, no acatan y eso genera no solo frustración en la población, sino que provoca que algunos tomen la justicia por manos propias. Si no se garantiza la justicia, nunca habrá paz, y aquí es importante dar la respuesta que la población demanda. También se trata de combatir ciertas causas que han garantizado impunidad; como por ejemplo, eliminar el antejuicio a que tienen derecho los diputados, porque algunos de estos funcionarios se han aprovechado del cargo para apropiarse del patrimonio del Estado. Lo mismo ocurre con muchos alcaldes que se han entronizado en los cargos para despojar al municipio de los recursos destinados al desarrollo de la población.
¿Prevé que tendrán límites las reformas, cuáles avizora?
Habrá ciertas resistencias, en especial de sectores que no podrán continuar con el abuso de poder. Por ejemplo, al eliminarse las Comisiones de Postulación el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos y la academia, en general, ya no podrán elegir magistrados y es probable que tengan una reacción adversa, porque era una forma de tener acceso al ejercicio del poder. La oportunidad la tuvieron, pero no actuaron con responsabilidad en la tarea que se les había sido encomendada.
¿Cree que hay sectores que se opongan a la reforma? ¿Quiénes y por qué se opondrían?
Al eliminarse las Comisiones de Postulación, queda fuera la participación del Colegio de Abogados y la de todos esos grupos formados con fines políticos electoreros para cooptar a las instituciones del Estado y a las cortes. Se van a sentir amenazados y es probable que reaccionen. Lo que debe imperar es el bien común y, por consiguiente, no podemos mantener privilegios; visto está que no hicieron honor a una responsabilidad encomendada y, por lo tanto, no será conveniente que permanezcan en las Comisiones de Postulación.
¿Cree que se puede alcanzar la reforma, dado que permanentemente se ven las presiones de las fuerzas oscuras que no quisieran que nada cambie?
En la medida en que la población tome conciencia de la importancia de participar en este proceso, que está siendo convocado, mediante un diálogo con los distintos sectores, para que se pronuncien y expresen su opinión y su sentir; y en la medida en que goce de los refrendos de las asociaciones y centros de pensamiento de las unidades académicas que sí tienen conciencia de la necesidad de cambios, se va a lograr. La justicia ya no puede seguir sirviendo a los despropósitos de grupos, que lo único en que piensan es en intereses espurios.
¿Tendría vida y certeza la Carrera Judicial y la Ley del Servicio Civil con la reforma, cuáles son a su juicio las condiciones que hay que reunir para lograrlo?
En primer lugar, la carrera judicial lo que pretende establecer son las condiciones esenciales de la administración de justicia, que las personas electas gocen de idoneidad y de experiencia, que sean profesionales que hayan impartido justicia con base en todos los estándares internacionales de derechos humanos y que cumplan los principios consagrados en la Constitución de la República y los tratados internacionales, y, que fundamentalmente sean de reconocida honorabilidad. Lo medular debe ser la escogencia de quienes integren el Consejo de la Carrera Judicial, porque en ellos va a descansar mucho la integración de las cortes.
¿Cómo vería que se lograra reconocer el derecho de los pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales?
Es un avance dentro de la administración de justicia que se reconozcan las formas y usos tradicionales de la población indígena en la resolución de conflictos, se tiene que tener muchísimo cuidado para desarrollar todas las normativas que permitan las coordinaciones necesarias entre el sistema de justicia oficial y el de las autoridades indígenas, porque lo que sí tiene que tenerse en cuenta es que ese sistema de justicia indígena no puede contrariar y violentar los derechos fundamentales que garantiza la Constitución y los tratados internacionales, porque son derechos humanos que siempre deben ser respetados.
Es sano y perentorio el tiempo que se proponen para que tanto el presidente de la CSJ como los magistrados, ejerzan sus funciones, ¿qué dificultades o beneficios observa en estas propuestas iniciales?
El periodo de cinco años, que establece la Constitución, es muy corto y, como alguien dijo, aquí no había Carrera judicial, sino un juez persiguiendo diputados para que lo reeligieran.
Al ampliarse el periodo de funciones de magistrados a 12 años, se les da más estabilidad y la oportunidad para evitar la politización y la injerencia de otros organismos de Estado en la administración de justicia y se da certeza laboral al funcionario judicial y esto es positivo, porque se evitará convocar a eventos electorales para la elección de magistrados, debido a que son muy perjudiciales.