Astrid Perdomo
Todos buscamos, para cada elección o selección, a los mejores candidatos para ocupar un puesto tanto dentro de una empresa como para un puesto público, evaluando su capacidad, que se entiende por cuanto conoce sobre el trabajo que debe desarrollar, cuál es su experiencia y qué cualidades o habilidades demuestra como profesional.
Pero todo esto parece no importar cuando se trata, específicamente, de contrataciones en el servicio público, el cual, por su naturaleza, debe de estar lleno de pasión por servir, no por servirse. Los diputados son representantes nuestros, dignatarios de la nación, por lo que se entiende que deben respetarla y poner en alto su propio nombre y el del cargo que desempeñan, lo que algunos han obviado por completo y hacen lo contrario, mostrando malas prácticas de la vieja política, como el clientelismo y la corrupción, manifiesta en el transfuguismo, la falta de respeto entre seres humanos y sobre todo el irrespeto a la institucionalidad del Estado, indignándonos otra vez y decepcionando a toda la población, que en cierto momento confío en el cambio, y la indignación que nos genera nos empuja a hacerlos sujetos de críticas nuevamente, debilitando, otra vez, las instituciones del Estado, por la irresponsabilidad de mal calificados guatemaltecos que llegan a cargos públicos más por confusión que por elección. Los guatemaltecos merecemos mejores personas ocupando cargos relevantes para luchar por el bien común, el desarrollo humano y en contra de la desigualdad e inequidad, no necesitamos ni queremos unos mequetrefes que creen que por tener poder y dinero tienen el derecho a desgastar la institucionalidad del Estado y humillar a personas que, a pesar de las dificultades que ellos mismos imponen, buscan cumplir con su trabajo.
Como sabemos, el joven diputado Giordano no es solo una de las personas, ni un caso aislado al que debemos prestarle atención, es un caso de muchos que deben ser denunciados y perseguidos hasta llegar a las últimas consecuencias. La Constitución Política de la República resguarda parcialmente a estos funcionarios, concediéndoles el derecho de antejuicio o inmunidad, comprendiendo que cuando esta figura se creó en 1,985, se les protegía de la capacidad de aquellos gobiernos de inventar persecuciones que debían ser tramitadas ante otro órgano del Estado, asumiendo que eran incapaces de traicionar a la patria. Con el paso del tiempo, muchos de nuestros actuales dignatarios no tienen ni la vergüenza y ni el respeto en su léxico, quizá suene duro, pero es la realidad, respeto a quien respeto merece. Si en toda empresa lo que se busca es la calidad de trabajo y existen una serie de mecanismos para evaluarlos, por qué no utilizamos los mismos mecanismos para controlar su designación, su elección, su actuación y obligarlos a que sean representantes de nuestros intereses y no de los propios. Es difícil y con muchas piedras en el camino, pero si no existe mística de servicio y no la exigimos o la buscamos, en dónde vamos a terminar como país, somos de los países en Américalatina con índices de pobreza más altos, según el Índice de pobreza Multidimensional (IPM) y el informe Panorama social de América Latina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que tenemos un índice de probreza de 70.3, no esperemos más, persigamos a cada Giordano, que entiendan que no se trata de una disculpa pública, sino de trabajar con deseo de ayudar y mejorar las circunstancias en las que hoy estamos, tenemos tanto que resolver como país, que necesitamos gente que si no ayuda es mejor que se quite y que no estorbe.
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