Los Acuerdos de Paz llegarán a dos décadas al final del año —el 29 de diciembre—. Muchos de los temas que actualmente se están discutiendo en las reformas constitucionales al sector justicia, forman parte de la lista de las tareas pendientes de lo pactado hace ya casi 20 años. El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, que ha generado conflictos históricos, es el que más rezagos evidencia.
Acuerdo fortalecimiento del poder civil
Demora en la modernización de los partidos políticos. Las organizaciones partidarias han dejado de ser el ente interlocutor entre sociedad y Estado y se convirtieron en aparatos clientelares con miras electorales y electoreras. No hay, entre otras cosas, alternancia y renovación de liderazgos, no existe democratización interna y no se ha regulado la reelección.
Derechos humanos y seguridad y justicia
No se ha fortalecido, humana y económicamente, a las instancias del sector justicia como el Organismo Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, y su presencia en el interior del país es escasa. No existe una eficiente supervisión de jueces y otros operadores de justicia e investigaciones internas. No hay validación del Derecho Indígena ni otras iniciativas con relación a los pueblos indígenas.
Identidad de los pueblos indígenas
Persiste una exclusión sistemática de los derechos básicos de ciudadanía en los ámbitos de educación, tierra, trabajo y otros derechos ciudadanos. Los pueblos indígenas siguen sufriendo hasta la fecha las peores condiciones sociales. Hay aún situaciones hostiles y racistas y discriminación.
Derechos civiles, políticos, sociales y económicos
La participación indígena ha aumentado, pero en los niveles medios, no así en niveles de toma de decisiones de la gestión pública. Los partidos políticos no han consolidado sus bases mediante el diálogo directo y permanente con las comunidades locales, ni regionales, o conformar cuadros representativos de acuerdo con el contexto cultural y lingüístico de los distritos electorales.
Modernización, gestión pública y política fiscal
En relación con las prioridades del gasto público, existen atrasos tanto en el gasto social como en la inversión pública en infraestructura. Hay insuficiente recaudación fiscal —y con ello un aumento constante del endeudamiento estatal— y baja calidad del gasto público. Hay demás una falta de autonomía de la Superintendencia de Administración Tributaria con respecto del Ministerio de Finanzas.
Aspectos socioeconómicos y situación agraria
No se ha priorizado el desarrollo rural, el acceso a la tierra sigue siendo una de las demandas de los campesinos, existen altas tasas de desnutrición infantil —una de las peores a nivel mundial— y la pobreza general y extrema continua en aumento. No se ha implementado la mayoría de los consensos alcanzados en el pacto fiscal.
Fuente: Último informe —2014—, elaborado por el Consejo Nacional para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.