Sectores académicos y religiosos de Guatemala respaldaron este miércoles al colombiano Iván Velásquez, jefe de una Comisión avalada por la ONU para combatir la impunidad (Cicig) y cuyas investigaciones dieron pie a la renuncia en 2015 del ahora encarcelado expresidente Otto Pérez.
El comunicado del denominado Grupo de los Cuatro (G-4), integrado por la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica de Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos y la estatal Universidad de San Carlos, explica que el espaldarazo a Velásquez se debe a una campaña «de desprestigio y difamación que estructuras corruptas y criminales han arreciado en su contra durante las últimas semanas, utilizando las redes sociales y las inescrupulosas técnicas de desinformación».
Velásquez fue criticado por sectores conservadores, por anónimos y por el propio Pérez, quienes lo acusan de haber excedido sus funciones y de injerencia en los asuntos del país al proponer reformas para el sistema judicial.
«El G-4 respalda firmemente al Comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, y valora su dedicación en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala«, indica la nota.
Según el G-4, el objetivo es separar de los cargos a Velásquez y a la Fiscal General, Thelma Aldana, para que el país retorne «al reino tenebroso de la impunidad, el abuso y la corrupción».
El pasado viernes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó a la Cicig y a Velásquez por la labor realizada en esta nación centroamericana.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que funciona en este país desde 2007, lideró a partir de 2014 una investigación sobre una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros.
Las pesquisas determinaron que el entonces gobernante Pérez junto con la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti eran los líderes de la estructura.
En 2015, en medio de intensas protestas callejeras, Pérez y Baldetti renunciaron a sus puestos y se encuentran actualmente en prisión a la espera de que un juez decida si deben enfrentar un juicio, mientras acumulan otras acusaciones de corrupción.
El mandato de la Cicig fue renovado cada dos años desde 2007 y vence en setiembre próximo. El presidente Jimmy Morales ya anunció que pedirá a la ONU su renovación por otros dos años.
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