Gonzalo Marroquín Godoy
Desde la época del colegio se dice que septiembre es el mes de la patria. Es un tiempo oportuno para que aflore el fervor nacionalista, para meditar sobre el país que tenemos y el que queremos, para pensar no en lo que Guatemala nos da, sino en lo que nosotros hacemos o le damos a esta noble tierra que nos ha visto nacer.
Nunca falta quien destaque que conmemoramos una independencia que no tenemos, otros que digan que no hay nada que celebrar en este país, muchos que sientan vergüenza por los niveles de pobreza y abandono en que se encuentra gran parte de la población, sumados a los que piensan que vivir en este país, marcado por el crimen y la delincuencia, es frustrante.
Mi hija Alejandra escribió una vez una columna que tituló Paisito de mierda –ella adora más que nadie a Guatemala–, pero no se refería a Guatemala como nación, sino a las actitudes de nuestras autoridades y de muchos guatemaltecos, las cuales nos han llevado a esa situación que mata el ánimo del más optimista.
Ella lamentaba los niveles de violencia, de impunidad y, en cierta medida, la vergonzante tolerancia que se daba en la sociedad, que silenciosamente aceptaba todo lo que estaba sucediendo en el país: asesinatos, extorciones, corrupción, destrucción del medio ambiente y la penosa impunidad que, al fin y al cabo, promueve el fortalecimiento de un Estado al servicio de la clase política, los corruptos y del crimen organizado.
En efecto, año con año, cada mes de la patria podíamos hablar de lo lindo –aunque cada vez más destruido– que es Guatemala, de lo mucho que queremos, ¡y así debe ser!, a nuestro terruño, pero nada más. No había mucho de lo que nos pudiéramos sentir orgullosos, porque aquello del vaso medio lleno no daba para ser medio optimista, ya que esa mitad de agua que teníamos estaba sucia, por no decir verdaderamente asquerosa.
Pero este 2015 ha sido diferente. Se va un mes de la patria verdaderamente memorable, pero no en palabras, sino que en hechos, porque estamos viendo que las instituciones, al menos algunas, principian a funcionar para y por el pueblo, y dejan de hacerlo a favor de la clase política corrupta y el crimen organizado que las ha movido durante las últimas décadas.
No todo ocurrió en septiembre, pero en este mes se han visto situaciones que son corolario de aquello que inició en abril con los primeros escándalos destapados por la CICIG y el MP: surgió un movimiento ciudadano que elevó un clamor popular a través de #RENUNCIAYA y #JUSTICIAYA; las investigaciones y capturas se dieron con resoluciones apegadas en ley de los jueces y magistrados, mientras que, por primera vez en la historia de nuestro país –y no conozco otro caso en el mundo–, un presidente (Otto Pérez Molina) y la vicepresidenta (Roxana Baldetti) se vieron obligados a renunciar y terminarán casi seguramente su período de gobierno en la cárcel.
Pero no todo ha sido el caso La Línea. Hubo otros –entre ellos los del IGSS, de las plazas fantasmas en el Congreso, financiamiento de partidos políticos y lavado de dinero–, como las estructuras del crimen organizado que operan en el país, siendo mi cuñado, el abogado Francisco Palomo, víctima de este flagelo. Lo incluyo no por ser un familiar muy cercano, sino porque su muerte no fue ordenada por delincuentes comunes o por rencillas profesionales. No, es un crimen con profundas raíces en esas estructuras criminales que en el pasado operaban en el país protegidas por un manto de impunidad que alcanzaba altas esferas de la justicia. Y la captura de los asesinos materiales se dio este mes, y el caso progresa.
En septiembre tuvimos también elecciones. La población no ha tenido la oportunidad de castigar a todo el sistema de partidos políticos, porque entonces se hubiera tenido que romper el orden constitucional, pero al menos se le ha enviado el mensaje claro a clase política: ¡basta ya de corrupción, señores políticos. A ustedes se les elige para que sirvan, no para que se hagan millonarios de la noche a la mañana!
La lucha contra la impunidad está dando frutos. Falta ver alguna acción positiva de la Contraloría General de Cuentas; y si no se produce pronto, habrá que pedir la renuncia del contralor, Carlos Mencos, porque hasta ahora, esa dependencia, que puede coadyuvar para combatir la corrupción, ha hecho muy poco, por no decir nada, en esta cruzada nacional.
Desde que el MP funciona bajo el mando directo de un fiscal general, nunca se habían visto los resultados que ahora se dan. Una cuestionada Corte Suprema y varios jueces y magistrados, han entendido que pueden actuar con independencia de aquellos políticos que los eligieron con fines espurios. Ojalá les guste su nuevo rol y rechacen siempre las presiones y el trafico de influencias que pueda venir del Congreso y el Ejecutivo.
No se limpió el Estado con las elecciones de septiembre, pero el mensaje es que la sociedad estará vigilante. Ya no veremos lo mismo a partir del próximo año con las nuevas autoridades.
Por eso y por mucho más, este ha sido un septiembre especial. Ha sido ¡de verdad! el mes de la patria.
Estamos viendo que las instituciones, al menos algunas, principian a funcionar para y por el pueblo, y dejan de hacerlo a favor de la clase política corrupta.