Diario oficial publica el decreto gubernativo 10-2021, con el que se continúan limitando derechos de los ciudadanos
Este martes se ha publicado en el Diario de Centroamérica el texto del acuerdo gubernativo 10-2021, por medio del cual se decreta el estado de Prevención para la localidad de El Estor, Izabal, en donde una parte de la comunidad se opone a la forma en que se lleva a cabo el proceso de consulta popular para autorizar la explotación minera en la zona.
El nuevo estado de excepeción –contemplado en la Ley de Orden Público– contempla las siguientes restricciones para la población del lugar en los siguientes 15 días:
- Limitar las celebraciones al aire libre, las manifestaciones públicas y cualquier tipo de espectáculos.
- Con relación a las reuniones, grupos o manifestaciones públicas que se lleven a cabo sin autorización, o efectuarse sin respetar las medidas sanitarias. También se refiere a personas que porten armas u otros elementos de violencia se procederá a conminarlos al cumplimiento de las mismas.
- Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas. Así como exigir a quienes viajen en el territorio del municipio de El Estor la declaración y documentación de itinerario a seguir.
Durante los treinta días que estuvo vigente el estado de Sitio en El Estor, se supo de violaciones a los derechos ciudadanos, así como la captura de varios activistas que se oponen a la actividad de la minera rusa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) de Solway Investment Group, la cual ha seguido operando a pesar de un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena la suspensión total de trabajos extractivos.
En un editorial de la página Prensa Cominutaria se destaca lo siguiente: Para proteger los intereses económicos de los rusos, soldados y agentes antimotines bajo las órdenes del gobierno de Alejandro Giammattei, han arremetido por la fuerza contra decenas de comunidades Q’eqchi’ que mantienen desde hace 21 días una protesta pacífica en la entrada del municipio de El Estor, para evitar el paso de camiones cargados del carbón que la mina rusa necesita para operar.
Durante los últimos siete días de esa protesta, la Policía Nacional Civil ha acompañado a representantes de instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la gobernación departamental, la Comisión Presidencial de Diálogo de Izabal en lo que aparenta ser una negociación con quienes protestan pero es en realidad una estrategia de desgaste para asegurar el paso de los camiones con carbón para la minera.
Mientras tanto y a pesar de las protestas de varios comunitarios, el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimientel, ha continuado con el proceso de impulsar la consulta popular, sin tomar en cuenta a quienes se oponen al funcionamiento de la minera rusa.