- No hay confirmación de ninguna de las partes tras la invitación del mandatario, solicitando cuatro informes específicos a la jefe del Ministerio Público (MP) a la que piensa solicitar su renuncia
«Voy a conversar con la fiscal general y le solicitaré la renuncia». Esta fue la respuesta que dio el presidente Bernardo Arévalo varias veces a la prensa cuando le preguntaban –antes de asumir el cargo–, sobre el futuro de las relaciones con el Ministerio Público (MP), como obstáculo en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Luego la invitó a reunirse con él hoy en Casa Presidencial, pero hasta hoy, el hermetismo es la nota destacada.
En redes sociales, los grupos que defienden a la fiscal general, Consuelo Porras, han expuesto los argumentos legales por los que la reunión no se dará: «no tiene obligación de acudir»; «de acuerdo con la Ley, el MP es autónomo y el presidente no puede pedir informes»; «debió invitarla a una reunión de gabinete». en todo caso, no hubo pronunciamiento oficial de gerona tras conocerse la invitación de Arévalo.
El pasado viernes, el mandatario hizo llegar una invitación formal a la fiscal Porras, para reunirse este día a las 10:00 horas en la sede del despacho presidencial, y le pidió rendir un informe sobre varios puntos que “les preocupan mucho”, según declaraciones del secretario de la presidencia.
Además, publicó un mensaje en su cuenta de X, dedicado a la jurista.
Señora Fiscal General Consuelo Porras, le envié una carta.
La espero el próximo miércoles 24 de enero a las 10:00 a.m. en mi Despacho Presidencial para que me presente un informe sobre 4 puntos que son de preocupación para esta Presidencia: Derechos Humanos, Libertad de… pic.twitter.com/zOfruOll3Y
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 19, 2024
Mientras se espera con interés para conocer si Porras acude o no, en el Congreso de la República se ha iniciado un debate a lo interno para ver si se plantea una reforma a la ley del MP y que vuelva a tener potestad el mandatario para despedir a la fiscal general «con causa justificada», pero si necesidad de que haya de por medio un fallo de juez.
También hay en marcha un movimiento ciudadano para recoger firmas y exigir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, quien ha sido señalada nacional e internacionalmente como una funcionaria «corrupta y antidemocrática».
Se le señala de actos para obstaculizar la justicia e impedir investigaciones sobre hechos de corrupción durante la administración del presidente Alejandro Giammattei. Además, se ha mostrado como una funcionaria que acosa a la prensa –periodistas y medios–, pasando incluso sobre los mandatos específicos que establece la Constitución de la República.
Esta sería la primera vez que Arévalo y Porras se vean frente a frente, después de que el Ministerio Público presentó tres solicitudes de antejuicio contra el ahora mandatario, buscando retirarle la inmunidad para poder ser investigado en los casos «Toma Usac: Botín Político» y «Corrupción Semilla Fase I y Fase II», en noviembre y diciembre de 2023, cuando Arévalo era candidato a la presidencia.
Bajo el argumento de que una de sus funciones debe coordinar la política general del Estado, Arévalo pide a la fiscal Porras que presente un informe detallado de cuatro aspectos que considera cruciales.
El primero, sería el avance de los procesos penales que son investigados por el Ministerio Público en cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin detalles específicos sobre de qué procesos se trata.
Segundo, un análisis detallado de la política de persecución penal relacionada con el derecho a la libertad de expresión y de prensa, principalmente el caso del diario ElPeriodico, un medio que tuvo que cerrar su edición impresa el 1 de diciembre de 2022 y su edición digital el 15 de mayo de 2023. José Rubén Zamora, quien era su director, permanece actualmente en prisión implicado en dos casos penales tras un proceso judicial plagado de anomalías e ilegalidades cometidas por jueces y el propio MP.
En tercer lugar, el presidente pide información acerca de la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19, como pagos de sobornos con fondos públicos, falta de planificación para la campaña de vacunación y retrasos en la entrega de las vacunas. Guerrero indicó que pese al conocimiento que tiene el Ministerio Público de una denuncia al respecto, parece que la investigación está estancada.
Y, por último, pide detalles del protocolo de actuación del Ministerio Público al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas por la CIDH para personas consideradas víctimas de afectación de sus derechos fundamentales.
Consuelo Porras es fiscal general de Guatemala desde mayo de 2018, cuando fue designada por el expresidente Jimmy Morales, y luego fue reelecta por el expresidente Alejandro Giammattei.
Su cargo al frente del Ministerio Público ha sido fuertemente cuestionado en el último año por las investigaciones emprendidas contra el partido Movimiento Semilla, operadores de justicia y periodistas. Incluso, en octubre de 2023, se registraron bloqueos a nivel nacional durante más de 20 días y la petición principal era la renuncia de Porras, sin embargo, ella no cedió y continúa en el cargo.
Además, en mayo de 2022, la fiscal fue incluida por Estados Unidos en la lista Engel, “debido a su participación en hechos significativos de corrupción”.
El argumento del Departamento de Estado es que durante su gestión Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos.