Se estira hasta el jueves decisión española sobre Cataluña

Madrid da una última oportunidad a Puigdemont para rectificar

Madrid, España | AFP | l

El gobierno español recordó el lunes al presidente catalán, Carles Puigdemont, que solo le quedan tres días para evitar el riesgo de una suspensión de la autonomía de su región, reprochándole su falta de claridad sobre si declaró o no la independencia.

«El gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no contestar al requerimiento que le formuló el gobierno», dijo en conferencia de prensa la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, reiterando que «sólo se le pide y se le pedía claridad».

En una sesión parlamentaria confusa, el pasado martes Puigdemont hizo un amago de declarar la independencia al afirmar que asumía el mandato surgido del referéndum inconstitucional del 1 de octubre -con 43% de participación y 90% de síes-, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para permitir un diálogo con Madrid.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, le respondió con un requerimiento para que aclarase formalmente si había declarado la independencia, y le dio hasta este lunes. Este es el primer paso para aplicar el Artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central suspender la autonomía de una región si desobece la ley.

En su carta Puigdemont eludió contestar y ofreció dos meses para dialogar.

«El señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, en el Congreso de los Diputados», dijo Saénz de Santamaría.

Además de la conferencia de prensa de la vicepresidenta, Rajoy escribió este lunes al presidente catalán.

«Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo (…), responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere», escribió el jefe del gobierno español.

– La pelota, en el tejado de los independentistas –

Puigdemont por su parte escribió: «la prioridad de mi gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo» por lo que «durante los dos próximos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar».

Aunque la sociedad catalana está muy dividida sobre el tema, los dirigentes catalanes se amparan en el referendo de autodeterminación del 1 de octubre, que la justicia española prohibió por considerarlo inconstitucional.

Pese a que no contó con las garantías habituales (no hubo junta electoral ni se garantizó el voto secreto), el gobierno catalán lo da por válido.

Los sectores más duros del independentismo hicieron saber su descontento con la suspensión de la declaración de independencia y volvieron a expresarlo este lunes sobre la carta de Puigdemont.

Mireia Boya, una de los 10 diputados regionales del partido independentista de extrema izquierda CUP, esenciales para la supervivencia del gobierno de Puigdemont, reiteró que hay que declarar la independencia para negociar «de tú a tú» con Madrid.

«Nosotros decimos: Negociar siempre, todo, pero una vez reconocidos como sujeto, una vez hayamos declarado la República», dijo Boya a la radio pública catalana.

– Presión de todos lados –

Puigdemont elaboró su respuesta en medio de una tremenda presión política, económica, diplomática y también judicial.

Este mismo lunes declaraban por segunda vez ante la Audiencia Nacional en Madrid el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y dos destacados líderes de asociaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Los tres declaran por «sedición», un delito que puede acarrear hasta 15 años de prisión.

Comparacen al hilo de una protesta ocurrida el 20 de septiembre en Barcelona, en la que cientos de manifestantes impidieron durante horas la salida de guardias civiles de un edificio del gobierno catalán en el que estaban efectuando registros.

En el caso de Trapero, comandante de los Mossos d’Esquadra, la acusación de sedición se extiende al 1 de octubre.

Según la Guardia Civil, que intervino utilizando la fuerza para tratar de impedir la votación, los Mossos pecaron de inacción.

La presión también vino del mundo económico: ante la incertidumbre política, del 2 al 11 de octubre 540 empresas hicieron gestiones para sacar sus domicilios sociales de Cataluña.

Los más altos dirigentes de la Unión Europea también se pronunciaron contra una secesión unilateral, al igual que varios países latinoamericanos como México, Colombia y Chile.

Juan Rosell, el empresario catalán que preside la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), instó al gobierno catalán a «volver a la legalidad».

Además, dijo que hay inquietud en todo el mundo: «jamás había tenido la cantidad de llamadas telefónicas desde el exterior que he tenido en los últimos días, para saber qué está pasando, qué debemos hacer», por parte de «inversores internacionales que tienen empresas muy importantes de todo el mundo, y que están en Cataluña con una preocupación máxima».

Canciller español: Carta de presidente catalán «no constituye una respuesta» a Madrid

El ministro español de Relaciones Exteriores, Alfonso Dastis, afirmó este lunes que la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, «no constituye una respuesta» al requerimiento del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sobre si había declarado o no la independencia.

«La carta que hemos conocido, yo creo que no constituye una respuesta al requerimiento», indicó Dastis a su llegada a una reunión de cancilleres europeos en Luxemburgo.

El tema es objeto de sarcasmo en medio de indefinición.

Rajoy había emplazado a Puigdemont a responder claramente antes de las 10H00 si había declarado la independencia, bajo amenaza de iniciar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española, que podría desembocar en la suspensión total o parcial de la autonomía catalana.

El presidente catalán eludió responder en su misiva a la pregunta de si declaró o no la secesión y propuso este lunes un plazo de dos meses de negociación a Madrid, así como una reunión «lo antes posible» con Rajoy para no dejar «que se deteriore más la situación».

Para Dastis, «está claro que el señor Puigdemont no ha contestado, no ha suministrado la claridad que se le pedía. Creo que han prevalecido las influencias más radicales».

«Ahora vamos a ver cómo sigue desarrollándose la cadencia de acontecimientos», agregó el canciller español, que evitó precisar si Madrid activará el Artículo 155.

Tras la respuesta de Puigdemont, el gobierno español le instó este lunes a contestar con «claridad» a su demanda antes del jueves a las 10H00 (08H00 GMT).

La situación en Cataluña, donde el gobierno regional mantuvo el 1 de octubre la celebración de un referéndum de autodeterminación que había sido prohibido por la justicia española, no forma parte de la agenda de la reunión en Luxemburgo, pero podría abordarse en los pasillos.

Preguntado sobre qué dirá a sus homólogos si le preguntan, Dastis reiteró la posición de Madrid de que se trata de un «desconocimiento flagrante del orden constitucional español» y que tratarán de «encontrar una solución» dentro de ese marco.

Esta solución se intentaría alcanzar «mediante un diálogo basado en (…) el Parlamento y con todas las medidas que nos suministra la Constitución, pero siempre con una actitud proporcionada, serena y prudente», apuntó.

A su llegada, antes de la respuesta del gobierno español a la misiva, el jefe de la diplomacia alemana, Sigmar Gabriel, celebró que hubiera «ahora un margen de maniobra» y expresó su apoyo a «quienes quieran ir a la mesa de negociación para resolver» la situación.

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