La violencia y el asedio contra los templos católicos de Nicaragua se disparó este lunes, en medio de la represión del gobierno de Daniel Ortega a opositores que mantienen huelgas de hambre en dos iglesias para exigir la liberación de unos 139 «presos políticos».
Luego de que fuerzas policiales mantuvieran todo el día rodeados los alrededores de la iglesia San Miguel de Masaya (sur) y la catedral de Managua, donde grupos de opositores ayunan en el marco de la campaña «Navidad sin presos políticos», la Arquidiócesis de la capital nicaragüense denunció que partidarios del gobierno incursionaron con violencia en la catedral.
«Grupos violentos afines al gobierno han ingresado y tomado el control de la Catedral de Managua. Al ser increpados por el padre Rodolfo López y sor Arelis Guzmán, estas personas respondieron con violencia» contra los religiosos, dijo la Arquidiócesis, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, en un comunicado.
También rompieron los candados del campanario y otros sitios de la catedral, condenó la iglesia, que consideró lo ocurrido una «profanación» y llamó al presidente Ortega a respetar los templos católicos.
La oposición prevé realizar «protestas rápidas, manifestaciones, huelgas de hambre simultáneas y un paro nacional que coordinarán con la empresa privada», afirmó Félix Maradiaga, uno de los dirigentes de la coalición, en rueda de prensa.
Ortega ha acusado anteriormente a los obispos católicos de «golpistas» por apoyar a los manifestantes que fueron heridos durante las protestas antigubernamentales que estallaron en abril del 2018, que el gobierno atribuyó a un fallido intento de golpe de estado.
Huelga de hambre
Once mujeres iniciaron el pasado jueves una huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya para exigir la liberación de los opositores presos, aunque el gobierno no reconoce que en Nicaragua existan presos por motivos políticos.
Desde entonces, la policía mantiene sitiada esa parroquia para impedir el acceso a las huelguistas y las autoridades cortaron el servicio de agua.
Este lunes, otros nueve opositores se declararon en huelga de hambre en la catedral de Managua como parte de la misma campaña.
Los uniformados también sitiaron y cortaron el acceso a la catedral, pero horas después ingresaron con violencia los partidarios del gobierno.
Fuentes de la oposición confirmaron que los huelguistas lograron refugiarse en una instalación anexa de la catedral para continuar su ayuno.
Opositores acusados
Este mismo lunes, la Fiscalía acusó ante la justicia por tenencia de armas restringidas a la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens y a otros 15 opositores que intentaron auxiliar con agua a las mujeres en ayuno en Masaya.
Los detenidos fueron imputados por «delitos relacionados con armas de fuego» en perjuicio de la seguridad pública, confirmó a la AFP la abogada María Oviedo, de la independiente Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La CPDH informó que 13 de los 16 acusados son miembros de la UNAB.
Tras una larga audiencia, el juez Cruz Zeledón dictó prisión preventiva y admitió la acusación contra los 16 opositores, quienes fueron presentados al tribunal esposados y con el uniforme de prisioneros.
«Esa acusación es infundada, es una falacia, jamás esos jóvenes se van a atrever a andar con un armamento ilegal», dijo Oviedo, quien afirmó que el proceso es parte de una represalia política contra los opositores al gobierno.
La policía, por su parte, informó que los 16 opositores fueron capturados el pasado jueves con 12 artefactos explosivos, una escopeta, tres revólveres y cuatro armas de fuego, y los acusó de pretender cometer «actos terroristas» en los departamentos de Managua, León y Chinandega (occidente).
Coppens, de 25 años, es una de las líderes del movimiento estudiantil que en abril de 2018 salió a protestar junto a miles de nicaragüenses contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007.
La joven, de doble nacionalidad belga y nicaragüense, fue encarcelada por primera vez en septiembre de 2018, en medio de la represión contra los manifestantes, que dejó al menos 325 muertos y cerca de 70.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En junio, fue liberada junto a cerca de 500 manifestantes presos, bajo una polémica ley de amnistía.