La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público solicitó ante un juez la ampliación de la intervención la empresa cafetalera Bero de Guatemala, S.A. y la entidad Sertinsa, las cuales son investigadas por defraudar al fisco por la cantidad de Q.117 millones 217 mil 748.47.
Según los fiscales, el juez autorizó ayer la ampliación de la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria derivado de las auditorías realizadas a las entidades localizadas en la 21 avenida 3-37, Vista Hermosa I, zona 15.
La autorización fue emitida por el Juzgado Tercero de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala, el 2 de septiembre de 2016.
Antecedentes
El 29 de junio del año en curso, la Fiscalía de Delitos Económicos en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- solicitaron ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, una medida precautoria con carácter de intervención en contra de la empresa cafetalera Bero de Guatemala, S.A.
A petición del MP el Juez resolvió el embargo precautorio con carácter de intervención, nombrando a más de 10 personas, entre auditores tributarios y notarios.
La solicitud fue requerida tras una serie de inconsistencias detectadas durante una contabilidad registrada en períodos fiscales que abarcan del año 2007 al 2011 y cuya investigación inició tras ocho denuncias presentadas por la SAT entre los años 2011 y 2016, por los delitos de Defraudación Tributaria y Casos Especiales de Defraudación Tributaria.
De acuerdo con el personal fiscal al momento cuentan con seis expedientes donde figuran los detalles de las investigaciones en contra de Bero de Guatemala, S.A. y dos más donde figura la entidad Sertinsa, S.A. ambas inscritas en el Registro Mercantil General de la República y en el Registro Unificado Tributario de SAT, donde ambas tienen el mismo domicilio fiscal y los mismos representantes legales.
Las investigaciones
Las fiscalizaciones por parte de SAT, dieron inicio a partir de la solicitud de devolución de crédito fiscal del IVA, solicitadas por dichas empresas; sin embargo, por existir dudas sobre la veracidad de la documentación presentada, la Superintendencia procedió a la verificación de extremos de los proveedores de segunda y tercera línea, quienes presentaron inconsistencias.
Entre las que figuran:
- Proveedores no localizados
- Proveedores que no contaban con infraestructura
- Proveedores quienes manifiestan no haber aperturado empresas a sus nombres.
- Proveedores que no presentaron documentación solicitada para la fiscalización.
- Proveedores que aparecen con omisos, no localizados, domicilios fiscales inexistentes, etc.
Estableciéndose que existen suficientes elementos para determinar simulación de transacciones comerciales con sus principales proveedores de segunda y tercera línea, con el objeto de inducir a error a la Administración Tributaria.
*Co información del Ministerio Público