Por: Enma Reyes
Sandra Torres, excandidata a la presidencia, entregó su pasaporte al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, tras las denuncias de financiación electoral ilícita en los comicios del 2015. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalan a Torres de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por el aporte al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Q19.5 millones, el cual ascendió a Q27.7 millones.
El abogado Vinicio Salvatierra, defensor de Torres, se presentó a dicha magistratura para hacer entrega del pasaporte, garantizando así la permanencia de Torres en el país. De acuerdo con Salvatierra, el objetivo es que el juzgado la cite a declarar, evitando así una orden de captura.
Torres aún goza de derecho de antejuicio, el cual perderá cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declare ganador al Dr. Alejandro Giammattei.
Los dos entes investigadores presentaron en febrero de este año una solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para retirarle la inmunidad a la ex primera dama, un día después de quedar inscrita por el TSE como candidata presidencial, pero dicho requerimiento fue rechazado por la mayoría de los magistrados, argumentando que no existían los suficientes elementos para darle trámite.
Tanto la FECI como la CICIG accionaron ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la resolución emitida por la CSJ. El máximo ente constitucional resolvió otorgar el amparo provisional promovido por la fiscalía y el ente internacional, pero no devolvieron el expediente a la CSJ, sino que continuaría en la CC hasta que dicha entidad concluya el proceso de amparo.
Esto hizo que Torres continuara con su derecho de antejuicio, así como su participación en la contienda electoral.