La excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, no logró revertir la resolución de la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, quien la procesó por el delito de financiamiento electoral no registrado.
La juzgadora declaró sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreto que planteó la exfuncionaria, quien buscaba que no le fuera aplicado el artículo 407 del Código Penal.
En la acción legal, la ex primera dama argumentó que cuando ocurrieron los hechos por los que fue acusada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en 2015, no existía ese delito por el que se presentó la acusación en su contra.
Domínguez, al analizar el planteamiento de los abogados de la defensa, consideró que no podía revocarse la resolución inicial y mantuvo el criterio de vincularla al caso por presuntamente no reportar fondos de campaña de la UNE al Tribunal Supremo Electoral.
La investigación
Según la FECI, la expresidenciable consintió aportes anónimos para la UNE por casi Q6 millones, aunque la pesquisa ha determinado que el monto total que esa agrupación política ocultó en financiamiento asciende a Q27.6 millones.
De acuerdo con el Ministerio Público, se usaron las empresas MAARIV, S. A., Promotora de Recursos Habitacionales, S. A., y al Grupo Empresarial San Felipe, S. A., como centros de recaudación externos al partido para evadir el control sobre los fondos que le aportaron.
La investigación identificó que el dinero ingresó a varias empresas usadas para llevar una contabilidad paralela para los gastos de campaña y evitar el control de las autoridades.
A la fecha, Torres y el resto de los señalados en el caso Financiamiento UNE también están procesados por asociación ilícita. Además, goza de medidas sustitutivas a la prisión preventiva y tiene autorización para participar en política.