Durante una audiencia solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para revocar las medidas sustitutivas otorgadas a favor de Sandra Torres, la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, decidió no aceptar las pruebas presentadas por el ente investigador, argumentando que no pudieron comprobar que la excandidata presidencial mantuvo comunicaciones con otros actores políticos del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Durante la sesión, la Fiscalía expuso que se tenía información que Torres incumplió el arresto domiciliario en el departamento de Guatemala y en varias ocasiones visitó lugares de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, saliendo del perímetro que le fue impuesto.
Por aparte, el abogado defensor de Torres rechazó lo dicho por la fiscal y mencionó que lo que se pretende es «aislarla, dejarla fuera del ámbito político con el objeto de favorecer a determinadas personas, no lo sé, pero pareciera que sí»
Pese a ello, la jueza Domínguez resolvió que la expresidenciable podría continuar gozando de ese beneficio. Asimismo, ordenó que Torres debe continuar acudiendo al Ministerio Público a firmar el libro de asistencia semanalmente, se le prohíbe comunicarse con otros sujetos procesales, así como reunirse en actividades políticas del partido UNE.
Las pesquisas indican la excandidata a la Presidencia consintió aportes anónimos para la UNE por casi Q6 millones. Según la FECI, el monto total que esa agrupación política ocultó en financiamiento asciende a Q27.6 millones.