La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, con apoyo de la Policía Nacional Civil, coordinó la detención de Sandra Julieta Torres Casanova, quien tenía orden de arresto, girada el pasado viernes. En la Torre de Tribunales, en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, fue remitida a la cárcel militar Mariscal Zavala. Domínguez indicó que la audiencia de primera declaración se llevará a cabo el viernes 6.
Domínguez aseguró que era viable que se decretara la orden de captura en contra de Torres, debido a que el memorial presentado por su abogado que incluía una copia del pasaporte de Torres tenía una dirección errónea.
Vinicio Salvatierra, abogado de Torres Casanova pidió que, debido a los “serios problemas cardiacos” que sufre su defendida, fuera atendida en un centro de salud privado, pero esta fue negada por la jueza y ordenó que el Instituto Nacional de Ciencia Forense (Inacif) se haga cargo de las evaluaciones médicas y determine si en realidad es necesario que sea trasladada a un centro médico.
Al ser rechazada esta solicitud, el abogado de Torres Casanavo argumentó que la detención de la excandidata presidencial es ilegal, debido a que aún goza del derecho de antejuicio otorgado por ser candidata a las elecciones generales recién celebradas en Guatemala.
La Fiscalía (FECI) había pedido en febrero retirar los fueros de Torres Casanova para investigarla por unos 2.5 millones de dólares que no fueron reportados en los gastos de la campaña electoral de 2015, en la que se postuló a la presidencia por la socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La UNE había llevado al poder a su entonces esposo, el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011 para competir por la primera magistratura en las elecciones de ese año pero la justicia le negó su participación.
Los fondos fueron entregados al partido por dos empresas guatemaltecas pero nunca se incluyeron en los reportes presentados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), indicó en aquella ocasión el fiscal, Juan Francisco Sandoval, durante una rueda de prensa.
Torres fue trasladada este lunes en una autopatrulla policial desde su residencia a la sede de tribunales. Por momentos, la excandidata se cubría la cabeza y el rostro con una sudadera y gafas oscuras.
«Es una persecución política», dijo Torres brevemente a su arribo al Palacio de Justicia, en el centro de la capital, donde acusó a Giammattei de presionar para su arresto.
«Totalmente es político (el arresto), y pregúntele al doctor Giammattei porque él dijo que no se iba a quedar tranquilo hasta que me metiera a la cárcel», agregó.
Durante la campaña, Giammattei prometió «hacer todo lo que esté en mis manos» para encarcelar a Torres e incluso pidió a la fiscalía, previo al balotaje, tramitar una orden de arraigo para evitar que la exprimera dama huyera del país al quedar sin inmunidad.
Tras perder los fueros, Torres se puso a disposición del juzgado que ventila el caso.
Giammattei dijo en conferencia de prensa que la acusación de Torres Casanova le provocaba «una simple sonrisa» e indicó que no tiene «el poder» para encarcelarla.
«Es un hecho que creo que muchos guatemaltecos esperaban. Lo que esperamos nosotros es el debido proceso y el respeto a la ley», afirmó el presidente electo en tono serio, distinto a las enérgicas declaraciones de campaña.
Apoyo de Cicig
En la investigación contra Torres participó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que ayudó a combatir la corrupción en el país y cuyo mandato concluye este martes tras 12 años de labores.
La Cicig, que funciona desde 2007 a petición del gobierno guatemalteco para atacar las estructuras criminales incrustadas en el Estado, colaboró con el Ministerio Público en este y otros casos que alcanzaron a sectores políticos y económicos considerados intocables.
En 2015, la fiscalía y la Cicig revelaron un fraude en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos de importación.
El presidente Jimmy Morales se retractó de una promesa de campaña de ampliar la misión de la Cicig hasta 2021, y por el contrario acusó al ente de ser una amenaza a la paz del país al indicar que cometía ilegalidades en sus investigaciones.
La decisión de Morales ocurrió después que la Cicig y la fiscalía pidieron investigarlo por sospechas de no haber reportado fondos en su campaña de 2015, una imputación similar a la de Torres, pero el Congreso ha evitado que se le retiren los fueros al gobernante.