Sancionado juez Jimmi Bremer liga a proceso a magistrado electo Ramiro Muñoz

  • Le concede arresto domiciliario con caución de Q100 mil y podría asumir su cargo mientras se sigue proceso en su contra

El juez sancionado juez Jimi Bremer (foto superior), titular del Juzgado Décimo Penal, ligó a proceso penal a Ramiro Muñoz, exjefe del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y magistrado electo de sala de Apelaciones, acusado de los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.

Sin embargo, Bremer, uno de los jueces preferidos por el Ministerio Público en los casos «políticos» le otorgó medida sustitutiva de arresto domiciliario, pero antes deberá pagar una caución de Q100 mil y no podrá salir del país mientras dure el proceso.

El juez Bremer, que ha sido calificado además como «enemigo de la prensa», prohibió, ilegalmente, el ingreso de los periodistas a las audiencia que realizó contra el magistrado Muñoz.

Eso significa que el magistrado electo podrá asumir su cargo como presidente de la sala mixta de la corte de apelaciones en Baja Verapaz, como publicó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por medio de un acuerdo de la máxima sala, recién integrada en medio de cuestionamientos y criticas.

La orden de detención del hoy magistrado fue girada por el propio juez Bremer a petición del MP, lo que impidió que Muñoz pudiera asumir el cargo de magistrado de sala el pasado domingo.

Bremer ya enfrentó otra acusación del MP cuando la fiscalía se lazó en contra del partido Semilla en 2023, en uno de los intentos por impedir que se diera el cambio de gobierno.

Tanto la fiscal general, Consuelo Porras, como el juez Bremer, se encuentran sancionados por ser considerados por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, funcionarios «corruptos y antidemocráticos».

El Ministerio Público y el fiscal Rafael Curruchiche, también sancionado por la comunidad internacional bajo los mismos términos, mantiene abierta una investigación en contra de las Comisiones de Postulación, las mismas que rechazaron al esposo de la fiscal general, Gilberto de Jesús Porres de Paz, como posible candidato a magistrado. Su rechazo fue por no llenar los requisitos mínimos para el cargo.

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