Los magistrados titulares que integran la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmaron el fallo emitido por sus suplentes que beneficiaron al exdiputado Armando Escribá con anular el proceso penal en su contra y la separación de la jueza de Mayor Riesgo “D” Erika Aifán del caso Construcción y Corrupción.
Los togados rechazaron in limine una impugnación presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que buscaba revertir la resolución.
Asimismo, la FECI presentó una acción constitucional de amparo contra la decisión de los magistrados suplentes de la Sala Segunda por favorecer al exlegislador.
Señalamientos en contra de Escribá
De acuerdo con la FECI, el excongresista aprovechó el Estado de Calamidad declarado por la tormenta Agatha y utilizó a familiares y varias de sus empresas para la adjudicación de obras, por un monto total de Q147 millones 991 mil 7.34, que fueron sustraídos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Los hechos se dieron cuando Escribá era coordinador del Fondo Social de Solidaridad, donde pudo adjudicar Q194 millones 391 mil 593.02 a empresas ligadas a sus allegados con contratos, según esa unidad de investigación.