- Autoridades de presidios no han cumplido con el traslado; la exvicepresidenta exige que se le de un espacio especial por sus supuestos quebrantos de salud.
Redacción Crónica
A pesar de que el Juez B de Mayor Riesgo, Eduardo Orozco, dejó sin efecto los permisos extraordinarios que le permitían permanecer en su vivienda y ordenó su traslado inmediato al penal de mujeres Santa Teresa, la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías ha presentado una abierta resistencia para retornar al centro carcelario en la zona 18.
La postura de la exmandataria ha paralizado de forma temporal la ejecución de la orden, mientras la judicatura emplazó al Sistema Penitenciario (SP) con un plazo de tres horas para concretar el traslado o justificar las medidas de resguardo implementadas.
La negativa a cumplir el traslado
Durante la audiencia del caso Cooptación del Estado —llevada a cabo por videoconferencia—, la exvicepresidenta reaccionó con una rotunda oposición al veredicto del juez. Argumentando que en el penal de Santa Teresa no existen las garantías mínimas para resguardar su integridad física ni para atender sus múltiples quebrantos de salud, Baldetti solicitó la asignación de un sector o espacio especial como condición para su reingreso.
De acuerdo con lo expuesto ante el juzgador, sus principales argumentos para oponerse al reingreso inmediato al penal de la zona 18 incluyen:
- Amenaza a su integridad y seguridad personal: Alegó que ser ubicada en la población común o en los sectores ordinarios de Santa Teresa pone en riesgo directo su vida.
- Falta de condiciones médicas y espacio acondicionado: Sostuvo que el centro penal carece del equipo e infraestructura necesaria para atender la masa cerebral que asegura se le detectó recientemente, así como sus padecimientos de cadera y columna.
- Imposibilidad logística: Afirmó que no cuenta con los medios financieros para costear traslados privados en ambulancia si el Sistema Penitenciario no dispone del transporte adecuado para sus citas médicas.
Presión sobre el Sistema Penitenciario
Ante la negativa de Baldetti a someterse voluntariamente al traslado y el estancamiento de la diligencia, el juez Orozco remarcó que las órdenes judiciales no son sujetas a negociación y fijó un plazo perentorio de tres horas a la Dirección General del Sistema Penitenciario para que proceda con el traslado y reporte la ubicación física de la privada de libertad.
El Ministerio Público (MP) reiteró que la exvicepresidenta no cuenta con un dictamen médico vigente del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que justifique la continuidad del arresto domiciliario por razones de salud, señalando que la procesada ha dilatado intencionalmente las evaluaciones institucionales programadas.