- El aspirante presidencial se refiere al MP como el brazo más activo y peligros del llamado Pacto de corruptos.
- Uno de esos blancos del MP ha sido Roberto Arzú, a quien se intentó silenciar con una manipulación judicial burda, violando el artículo 35 de la Constitución. Esta es una entrevista de Crónica con Arzú.
Mientras se preparaba el ataque contra el Gobierno y el presidente Bernardo Arévalo, la fiscal general Consuelo Porras, intentó silenciar una de las voces políticas más fuertes, la de Roberto Arzú, excandidato y aspirante presidencial, convertido en un severo crítico, tanto de las acciones del MP, como del propio Ejecutivo, al que censura por lo que considera tibieza para enfrentar los embates judiciales que recibe desde las elecciones de 2023.
La fiscal general, actuando en contra de lo que establece la Constitución, denunció bajo la Ley de Femicidio a Arzú, con el fin de que un juez le prohibiera referirse a ella en sus mensajes a la población, por el simple hecho de ser mujer.
El juez rechazó la solicitud, partiendo de lo que establece la Constitución en su artículo 35, que establece que todos los funcionarios públicos pueden ser objeto de críticas por actos cometidos en el ejercicio de sus cargos.
Para poner en perspectiva la actualidad política del país, Crónica entrevistó a Roberto Arzú, y esto es lo que respondió:
La OEA, la ONU, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea han criticado severamente la justicia guatemalteca. ¿Cree que han sido justificados los señalamientos?: Totalmente. Lo que observan organismos y gobiernos serios del mundo no es una invención: nuestra justicia ha sido cooptada. Esos señalamientos son la confirmación internacional de lo que el pueblo ya sabe. La opacidad, los favores y la impunidad no son accidentes: son políticas que han permitido el saqueo sistemático de la nación. Si algunos se molestan porque otros lo señalen, que miren las sentencias, los nombramientos y la forma en que se protege a la élite corrupta.
Usted ha sufrido en dos ocasiones por expresarse libremente. Primero como candidato presidencial, y ahora bajo el retorcido argumento de feminicidio. ¿No considera que en ambos casos se muestra un desconocimiento de la Constitución de parte del TSE (primero) y ahora de la fiscal general?: No es coincidencia: es estrategia. Me sacaron del proceso electoral en 2023 con argumentos administrativos que violaron el espíritu de la ley y ahora la fiscalía intenta silenciarme con una denuncia absurda. Eso no es justicia, es persecución política. La Constitución garantiza la libre expresión y el derecho de participar en la vida pública; cuando esos derechos se pisotean, el sistema demuestra que está al servicio de quienes temen a la verdad.
Denuncio además que el Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, se ha convertido en el eje desde donde se defienden y se liberan a quienes han saqueado al país. Es desde ese aparato donde se coordinan operaciones para proteger a los que robaron y, peor aún, desde donde se planifican las capturas selectivas contra los liderazgos sociales que promovemos la lucha contra la corrupción y denunciamos la impunidad. Esto no es una suposición; es la práctica política que hemos enfrentado y que hoy obstaculiza la justicia real.
¿Qué piensa que haya un juez –como hay otros– que respeta las leyes y la Constitución, contario a muchos fallos diferentes que se han dado antes bajo ese argumento enmarcado en la ilegalidad?: Lo digo con claridad: hay jueces con carácter y principios que aún resisten la presión de las mafias políticas. Esos jueces demuestran que la ley puede ser aplicada con justicia. Pero son la excepción, no la regla. La tarea es proteger y blindar a esos jueces, y cambiar las reglas para que la independencia judicial deje de ser una rareza y se convierta en la norma.
El presidente Arévalo expresa cierto grado de optimismo con respecto a los procesos de elecciones el próximo año (TSE, CC, fiscal general y Rector de USAC). ¿Cuál su visión sobre dichos procesos… ¿hay condiciones para pensar que serán procesos transparentes?: No confío en optimismos retóricos. Mientras las estructuras que manejan el poder sigan intactas —esas mismas que protegieron a Giammattei y su red— las garantías serán insuficientes. Para que las elecciones sean realmente transparentes necesitamos reformas reales, observación internacional rigurosa, y una sociedad civil movilizada. Sin eso, el optimismo oficial es sólo eso: optimismo, no garantía.
Además, en 2026 se jugará la gran batalla por la institucionalidad: habrá renovaciones que decidirán el futuro del TSE, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la USAC. Esas elecciones no son un trámite administrativo: son la línea de defensa de la república. Debemos disputar con fuerza y claridad cada una de esas plazas para evitar que caigan en manos del Pacto de corruptos.
En caso de no terminar con la cooptación institucional existente en 2026, ¿cuáles son los riesgos para la democracia?
El riesgo es la muerte por inanición de la democracia: deslegitimación del voto, captura total del Estado, retroceso de libertades y una limpieza institucional que deja impune a los culpables. Si no rompemos ese ciclo, la democracia se convertirá en una carcasa sin contenido, y la única alternativa para la gente será la desesperación o la migración masiva.
Se habla mucho del “pacto de corruptos”, pero ¿quiénes forman parte de esta amalgama que erosiona la democracia?: No es un mito ni una conspiración: es una red que incluye políticos, empresarios, militares y operadores de justicia. Esos que se benefician del saqueo, los contratos opacos y la impunidad. No necesito nombrarlos a todos aquí: la historia y las investigaciones ya han trazado sus nombres y sus actos. El punto es simple: quienes sostienen el statu quo son los que pierden con la transparencia.
¿Es el famoso “pacto de corruptos” el que está moviendo piezas para retener el control institucional en las elecciones del 2026?: Sin duda. Cuando el poder económico y político está en juego, las piezas se mueven para proteger privilegios. La cooptación del TSE, las presiones sobre la Fiscalía y la compra de lealtades buscan garantizar que el ciclo corrupto se perpetúe. Por eso la lucha no es sólo electoral: es institucional.
¿Puede influir un “acompañamiento” de la comunidad internacional en los procesos de elección el próximo año y cómo?: Sí. Un acompañamiento serio, técnico y con medidas públicas de transparencia puede elevar el costo político de la manipulación. Observadores imparciales, auditorías visibles y presiones diplomáticas aumentan la posibilidad de procesos más limpios. Pero no basta con fotos y comunicados: la comunidad internacional debe actuar con firmeza cuando detecte irregularidades.
¿Qué se debe hacer para que los diferentes procesos del próximo año puedan dar resultados positivos para la democracia?: Reformas urgentes a las reglas electorales, protección real a jueces y fiscales independientes, lista abierta y auditable de actas, observación nacional e internacional robusta, y sanciones verdaderas contra quienes manipulen el proceso. Además, la movilización ciudadana y la coordinación de organizaciones sociales son clave: sin presión interna, las reformas quedan en buenas intenciones.
En Crónica sostenemos que el fracaso del sistema de partidos políticos es la causa de los grandes males que afectan a nuestra democracia. ¿Hay tiempo y es el momento propicio para impulsar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos?: Sí, hay tiempo pero no hay excusas. El sistema de partidos está roto: son instrumentos para negociar impunidad, no plataformas para representar al pueblo. Hay que reformar ya: financiamiento transparente, controles a las alianzas oscuras, listas más abiertas y mecanismos para quitar impunidad a quienes comercian con la representación popular.
¿Qué piensa que ha faltado de parte del Ejecutivo para superar la crisis institucional que le ha acompañado durante estos casi dos años de gestión del presidente Arévalo?: Valor. Digo esto con toda responsabilidad: al presidente Arévalo le ha faltado la voluntad política para romper de raíz con el Pacto de corruptos. Ha negociado donde debería haber enfrentado, ha cedido donde debía persuadir. El país necesita un liderazgo que no haga tratos con quienes lo saquean.
Hoy en día la desinformación que provocan las redes sociales influye en la vida política nacional. ¿Qué opinión le merecen los netcenters y/o cuentas anónimas que apoyan las acciones del MP, y qué peligros ve de cara a la próxima campaña electoral con ello?: Los netcenters son fábricas de ruido que desinforman y polarizan. Muchas veces sirven para enmascarar actuaciones ilegítimas y generar justificaciones públicas a decisiones arbitrarias. La campaña de 2026 debe exigir transparencia informativa: fiscalización de fondos, responsabilidades para quienes organizan campañas basura y educación cívica para que la gente pueda distinguir entre propaganda y verdad.
Es evidente que esos netcenters dedican horas y recursos a la defensa del régimen de corrupción e impunidad. Denuncio públicamente que no cabe duda de que muchos de ellos son financiados con dinero proveniente de la corrupción; son parte del mecanismo para reproducir la mentira y confundir a la población.
Un mensaje de reflexión ante la incertidumbre que manifiestan grandes sectores de la población de cara al futuro…: A la gente le digo: no tengan miedo. Es cierto que estamos frente a poderosas redes de corrupción que buscan perpetuarse, pero también es cierto que la historia cambia cuando la gente decide no aceptar la injusticia. Necesitamos una revolución, sí —pero una revolución política, social y empresarial— para transformar las reglas, abrir oportunidades y permitir que cada guatemalteco construya su proyecto de vida en su país. Esa revolución será sin armas, sin sangre: será democrática, ciudadana y profunda. Yo estoy dispuesto a pelear por ella hasta las últimas consecuencias legales y políticas, con valentía y claridad. Unidos, podemos recuperar la nación.
Y recuerden: la contienda de 2026 no es solo presidencial; es una contienda por las instituciones que garantizan el Estado de derecho. Si permitimos que el Pacto de corruptos se haga con el TSE, la CC, el MP, la Contraloría y la USAC, habremos perdido la batalla por la República. Por eso llamo a la movilización democrática y organizada para defender cada espacio institucional con la misma ferocidad con la que defendemos nuestras libertades.
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