Ricardo Méndez Ruíz y la FCT: El brazo “parajudicial” de la corrupción

  • En el siglo pasado las organizaciones “paramilitares” jugaron un papel importante en Latinoamérica bajo las dictaduras militares.  En pleno siglo XX se puede hablar, en Guatemala al menos, de un grupo “parajudicial”, que influye en el Ministerio Público (MP) y en algunos tribunales.

Con información de Infobae e InsigthCrime*

En la época de las dictaduras militares en Latinoamérica fueron comunes los llamados grupos paramilitares, que llevaban a cabo el trabajo sucio para reprimir a los opositores de los regímenes gobernantes.

La amenaza, secuestro o asesinato, eran parte de las acciones que estos grupos cometían al amparo de un marco de impunidad con el beneplácito del poder de turno.  El tiempo pasó, y en Guatemala surgió una fuerza parecida, con métodos que podrían asemejarse, pero enfocados y con herramientas diferentes.  En vez de buscar la muerte física de sus enemigos –los opositores–, utiliza el sistema de justicia para dar el castigo merecido a quienes se oponen al sistema que representan.

En los últimos años el grupo conocido como Fundación Contra el Terrorismo (FCT) o Fundaterror, como sus críticos la llaman, ha asumido el papel de señalar, perseguir, hostigar y encarcelar o provocar el exilio de quienes tienen alguna de estas características: luchan y denuncian la corrupción, o hace lo mismo en casos de flagrantes violaciones a los derechos humanos, principalmente durante el período de la guerra interna.

Su líder máximo, Ricardo Méndez Ruíz se identifica a sí mismo en la red social X, como Empresario. Activista de ultraderecha, incluido en la lista Engel por defender a nuestros veteranos.

En realidad, la explicación del Departamento de Estados Unidos para incluirlo en dicha lista es la siguiente: Ricardo Méndez Ruíz, fundador y representante legal de la ONG Fundación Contra el Terrorismo. Intentó retrasar u obstruir procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación y contra investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. En dicha lista se incluye a personajes que son considerados por aquel país como corruptos y antidemocráticos.

La cercanía entre el fiscal Rafael Curruchiche y Ricardo Méndez Ruíz se hace evidente en los casos paradigmáticos en los que el MP persigue a operadores de justicia que han lucha contra la corrupción y las violaciones a los derechos humanos y contra el periodista José Zamora, quien ha denunciado casos sobre ambos delitos.

Un poco de historia

Leily Santizo la fotografiaron en 2022, sin que ella lo supiera, durante la única hora del día en que sus carceleros le permitían tomar el sol en Mariscal Zavala, la prisión en que el gobierno la había metido en febrero de ese año como represalia por los casos en los que trabajó cuando era investigadora de redes de corrupción en Guatemala.

Santizo, abogada, fue mandataria de la CICIG, el organismo supranacional que llegó al país en 2007 para apoyar al MP en casos complejos de crimen organizado. CICIG tenía independencia para investigar y sus agentes podían acompañar a los fiscales en las cortes. Para ello se creó la figura de mandatarios, que eran estos agentes que investigaban y litigaban.

Tras la salida de CICIG del país, en 2019, el mismo MP, controlado ya por funcionarios afines a las redes de corrupción que la comisión había investigado, inició una cacería de brujas contra investigadores como Santizo.

El 10 de febrero de aquel año, por orden del MP de la fiscal general Consuelo Porras, –incluida también en la Lista Engel como funcionaria corrupta y antidemocrática–, Santizo fue arrestada bajo cargos de colusión y obstrucción a la justicia. Los fiscales pidieron la reserva del caso, para mantener en secreto las imputaciones y acciones judiciales que se seguían en su contra.

La investigadora se dio cuenta de que la habían fotografiado cuando, durante una audiencia judicial, alguien le mostró las imágenes que circulaban en redes sociales. Algunas de las cuentas de X en las que se habían publicado las imágenes de Santizo en Mariscal Zavala están relacionadas con la Fundaterror, la ONG que ha intentado dilatar u obstruir procedimientos criminales contra oficiales del ejército que cometieron actos de violencia, acoso o intimidación, curiosamente la mandataria de CICIG cuyas fotos encarcelada terminaron en redes sociales llevaba algunos de estos casos. La Fundaterror de Méndez se presentó como querellante particular en el caso.

Tras la expulsión de la CICIG durante el gobierno del Jimmy Morales –también respaldado por exmilitares–, explotó una cacería de funcionarios judiciales, defensores de derechos humanos o personas que sostuvieron una lucha anticorrupción en el país.  En todos ellos figura siempre como actor principal este grupo parajudicial.

Todos los casos en los que Fundaterror aparece –de una forma u otra– cobran notoriedad y avanzan con rapidez, tanto en el MP como en los tribunales a los que son asignados.

Sombra en el caso Zamora

Fundaterror también se ha presentado como querellante en el caso contra José Rubén Zamora, director de elPeriódico y uno de los periodistas más críticos del gobierno del expresidente Alejandro Gimmattei por toda la corrupción en la que se vio implicado, escándalos que el MP de Porras se ha negado hasta la fecha investigar.

A Zamora, fue detenido el 31 de julio de 2022 y permanece encarcelado a pesar de que no se le han probado las acusaciones en los espurios procesos abiertos que el MP le preparó en apenas 72 horas, según un artículo del periódico salvadoreño El Faro. La fundación de Méndez Ruiz acompañó la querella contra el periodista, acusado de una camándula de delitos, entre ellos lavado de dinero.

Tras la captura de Zamora, quien está próximo a cumplir dos años en prisión injustamente, Méndez Ruiz no dudó en colgarse medallas en el pecho. El 10 de agosto de aquel año escribió en su red social: Va uno. La Fundación contra el Terrorismo se hará cargo de lo que hace falta.  Como epígrafe de una foto en que José Rubén Zamora aparece marcado con una “x”. En la imagen también está Helen Mack, presidenta de la Fundación Mack, uno de los principales rostros de la lucha anticorrupción y por los derechos humanos en Guatemala y hermana de Mirna Mack, una antropóloga asesinada por el ejército guatemalteco el 11 de septiembre de 1990.

Los casos contra Virginia Laparra y José Rubén Zamora tienen muchas cosas en común, como las ilegalidades en contra de los acusados y el «acusador» común: la FCT.

Helen Mack tuvo que salir del país luego de que arreciaron las amenazas en su contra y las advertencias de que el MP de la fiscal general Consuelo Porras, cercana a Méndez Ruiz, preparaba una persecución penal.

Cuando fue inscrita a través de la escritura pública número 8 del 5 de julio de 2013 por el notario Moisés Galindo Ruiz, la FCT presentó como presidente a Méndez Ruiz y como vicepresidente al capitán del ejército Óscar Platero Trabanino. El capitán Platero trabajó en la Regional de Telecomunicaciones del Estado Mayor Presidencial, una unidad de contrainteligencia militar conocida como El Archivo, donde fue subalterno del mayor Juan Valencia Osorio y el capitán Juan Oliva, ambos acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Mirna Mack.

El Archivo era consistentemente denunciado por acciones oscurantistas y violentas en la sección elPeladero, del diario elPeriódico de Zamora, el cual fue cerrado luego de su prolongada detención marcada por ilegalidades.

Procesos y resoluciones exprés

Todos los casos en los que la FCT se involucra muestran la misma tendencia: el MP monta con rapidez las acusaciones contra exoperadores de justicia que trabajaron contra la corrupción o defendieron los derechos humanos, lo mismo que contra periodistas a los que señalan en redes sociales.

Se trata en realidad de procesos exprés, en los que poco tiene que ver el apego a las leyes o respeto a la Constitución.  Simplemente se hace evidente que se trata de buscar castigo para aquellos que lucharon a favor del estado de Derecho.

Entre sus múltiples víctimas, aparecen muchos de los exjueces y exfiscales anticorrupción que han tenido que salir al exilio, entre ellos Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez así como exoperadores de justicia que trabajaron con la CICIG, documentando casos de corrupción ocurrida en el país entre 2015 y 2019.

Según los medios Infobae (prensa argentina) e InsigthCrime, este último especializado en investigar estructuras criminales que operan en Latinoamerica, el discurso de Méndez Ruíz y la FCT es cada vez más beligerante, aunque en las últimas semanas se le ha visto más apaciguado, posiblemente preparando alguna mueva ofensiva de manera conjunta con el MP y las fuerzas que fueron desplazadas con la llegada del presidente Bernardo Arévalo al poder en enero pasado.

El arte del terror judicial

InsigthCrime  tituló su investigación sobre Méndez Ruíz de la siguiente manera: Ricardo Méndez Ruíz y el arte del terror judicial en Guatemala.  En la investigación, presentan la forma en que opera la FCT en el sistema de justicia, en donde tiene como principal asociado al MP y trabaja con algunos jueces y operadores de justicia.

Cabe destacar que todos ellos, al igual que sus principales abogados, han sido incluidos en la Lista Engel por acciones corruptas y antidemocráticas.

Un punto que se resalata en la investigación, es la forma en que cambiaron –para bien de ellos– las relaciones con el MP con la llegada de Rafael Curruchiche a la fiscalía Contra la Impunidad (FECI), en lugar de Sandoval.

Con la llegada de Currichiche, los intereses de la FCT se alinearon perfectamente con los de los principales fiscales del país. Marcó el comienzo de una época dorada para Méndez Ruiz, que se definió por un patrón novedoso: Los tribunales finalmente comenzaron a aceptar sus peticiones. 

Mientras más de 110 peticiones de la FCT fueron rechazadas entre 2014 y 2020, los tribunales aceptaron decenas de peticiones después de junio de 2021, según un análisis del consorcio Guatemala Leaks.

El acceso de Méndez Ruiz al Ministerio Público también mejoró. Le dijo a InSight Crime que comenzó a reunirse regularmente con Currichiche después de que fue nombrado fiscal principal de la FECI. Con frecuencia se les veía estrechándose amistosamente la mano y discutiendo casos en los pasillos de los juzgados y edificios de justicia.

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Pronto, la alianza FCT-FECI empezó a funcionar como una máquina bien engrasada. Después de años al margen, Méndez Ruiz y sus aliados empezaron a litigar en los tribunales junto con los fiscales estatales del Ministerio Público, y las denuncias de la FCT proporcionaron munición para un bombardeo contra los funcionarios anti-impunidad dirigidos por Currichiche y la fiscal general Porras.

¿Una pista tenebrosa?

Infobae investigó en 2022 a este personaje que dice estar del lado de la justicia.  Esto es lo que encontraron sus periodistas:

Hace unos años, la relación del activista de ultraderecha con la justicia era más complicada. En 2018, la CICIG lo investigó por una posible conexión con traficantes nicaragüenses de metanfetaminas importadas desde Bangladesh. La salida apresurada de CICIG y el desmantelamiento de las oficinas que investigaban el crimen organizado y la corrupción en Guatemala dieron respiro a Méndez Ruiz en este caso.

Tania Salenzka Solís estaba presa en Nicaragua cuando la visitaron los agentes que le pidieron información sobre el extremo guatemalteco de la operación de tráfico internacional de metanfetaminas por el que la mujer fue condenada a 28 años de prisión en agosto de 2018. Los hilos de este caso llegaron hasta Ricardo Méndez Ruiz.

A Solís la justicia nicaragüense la acusó de dirigir una red que movía metanfetaminas y precursores químicos entre Bangladesh, su país y Guatemala para crear un laboratorio artesanal y crear un mercado local, según documentos judiciales de Nicaragua de los que Infobae tiene copia. Cuando capturaron a varios miembros de la banda en Managua en 2009, los policías decomisaron cerca de US$26,000 en efectivo y 117 kilos de efedrina valorados en la actualidad a unos US$350,000.

La investigación nicaragüense identificó a Solís como el nexo con Guatemala. Entre las pruebas más importantes de la operación internacional había contratos para el arrendamiento de una de las casas que la banda de Solís ocupó para mover las drogas. El arrendante era Eduardo Ruiz Umaña, un guatemalteco emparentado con Méndez Ruiz. En su investigación, los fiscales de Nicaragua identifican a Ruiz Umaña como el líder de la operación en Guatemala.

El de Ruiz Umaña no era un nombre desconocido para la justicia guatemalteca. En 2012, la policía de Guatemala detuvo, en la capital del país, al narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yánez Ochoa, alias Rayo, por sospechas de que movía droga para el cartel de Sinaloa.

Con el tiempo, CICIG y el MP de Guatemala abrieron una investigación más compleja para atar cabos: Ruiz Umaña, además de la presunta relación con el narco mexicanos, es padre de los hermanos Carlos Raúl y Jorge Eduardo Ruiz Vásquez, conocidos como Los Fuchos –otros comúnmente mencionados en elPeladero–, cuyos nombres saltaron a la luz cuando CICIG los relacionó con uno de sus casos emblema, el llamado Cooptación del Estado. Los Fuchos, según estas investigaciones, pagaron sobornos al expresidente Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti, su vicepresidenta.

Un primer cruce de datos en las investigaciones de CICIG y el MP arrojó relaciones entre Los Fuchos, Ruiz Umaña y Ricardo Méndez Ruiz. Un documento de la comisión al que Infobae tuvo acceso detalla que el director de Fundaterror aparecía en 2007 como representante de Melpo’s Candy una empresa azucarera de la que Ruiz Umaña era socio. Méndez Ruiz también fue gerente general de Químicos del Caribe, empresa registrada por Carlos Raúl Ruiz, uno de Los Fuchos.

La investigación de la CICIG abrió varias líneas que apuntaban a Méndez Ruiz y a posibles relaciones con nombres importantes en el bajo mundo guatemalteco. Infobae tuvo acceso a memos elaborados por la CICIG tras las charlas con la nicaragüense Tania Salenzka Solís, según las cuales, Eduardo Ruiz Umaña y Ricardo Méndez Ruiz formaron parte de la operación montada en Guatemala para mover las metanfetaminas desde Nicaragua.

La investigación de InsigtCrime documenta también de manera amplia los nexos de Méndez Ruíz con los personajes implicados en este caso que, en Guatemala, no tuvo repercusión tras la expulsión de la CICIG, lo que significa que ese hecho resultó altamente beneficioso para él.

Recuadro:

NOTA DE REDACCIÓN: El artículo de InsigthCrime fue publicado hace pocas semanas y este es el link: https://insightcrime.org/es/investigaciones/ricardo-mendez-ruiz-arte-terror-judicial-guatemala/; el de Infobae se publicó el 20 de agosto de 2022: https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/08/20/quien-es-ricardo-mendez-ruiz-el-empresario-guatemalteco-que-esta-detras-de-los-arrestos-de-periodistas-y-fiscales-anticorrupcion/

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