El impuesto a la telefonía fija y móvil de Q5 mensuales por cada línea activa (en suspenso desde febrero de este año); el aumento al Impuesto Sobre Distribución de Cemento de Q1.50 a Q5 por saco; y el incremento de regalías para la actividad minera de 1 a 10 por ciento, fueron declarados inconstitucionales hoy.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), por unanimidad, decidieron ordenar el amparo definitivo contra estos gravámenes incluidos en la ley del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado para 2015.
Esta disposición supone una rebaja sustancial en la recaudación esperada para este y el próximo año, ya que por el gravamen a la telefonía se previó el cobro de Q1 mil 300 millones y por el de cemento ya se habían recaudado más de Q166 millones, que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) deberá devolver o compensar.
En cuanto a las regalías de la actividad minera, se tenían que cobrar en 2016, sobre las ventas brutas que facturaran este año.