Una veintena de detenidos y solicitud de antejuicio contra varios diputados
El Ministerio Público (MP) y la CICIG revelaron este martes la actividad de una estructura delictiva en el Ministerio de Salud que entre 2012 y 2014 cobró más de 7 millones de dólares en sobornos y creó puestos ficticios.
Por este caso han sido detenidas una veintena de exfuncionarios y particulares, entre ellos Jaime Pérez, sobrino del expresidente Otto Pérez (2012-2015), quien guarda prisión preventiva por un escándalo de corrupción que puso fin a su gobierno.
Además, se pedirá retirarle los fueros a nueve diputados y un alcalde municipal para que puedan ser investigados por su presunta participación en el esquema ilegal, señalaron en un comunicado el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
En la lista de congresistas figura el diputado Estuardo Galdámez, excandidato presidencial del partido oficial FCN-Nación.
Según la investigación, el entonces ministro de Salud Jorge Villavicencio, pendiente de captura, orquestó una estructura interna en la cartera de Salud Pública para realizar negocios ilícitos junto con otro esquema externo.
«La estructura criminal ‘exploró’ qué negocios se podían realizar en la institución», detalló el resumen de la investigación denominada «Asalto al Ministerio de Salud», esquema en el que también participaron como líderes Candida Villavicencio, hija del exministro, y el entonces diputado Luis Fernando Pérez, ambos prófugos.
Jorge Villavicencio actualmente estaba en libertad bajo fianza por otro caso en el que se investigan irregularidades en la firma de un pacto colectivo de trabajo avalado en su administración.
En el esquema llegaron a participar más de un centenar de personas, que se habrían repartido al menos 6,8 millones de dólares en sobornos para adjudicar la reconstrucción de hospitales por un sismo que azotó el país en noviembre de 2012, así como la edificación de nuevas clínicas.
El resto se habría defraudado con la creación de plazas ficticias y otros sobornos para la compra de equipo médico y gastos de publicidad.
Este nuevo caso se suma a una extensa lista de irregularidades expuestas por la fiscalía y la Cicig durante la gestión presidencial de Otto Pérez quien renunció en 2015, cuatro meses antes de finalizar su mandato, tras ser involucrado como cabecilla en un fraude en las aduanas.
Otros altos exfuncionarios cercanos a Pérez guardan prisión acusados por estafas y otros importantes casos de corrupción, incluida su exvicepresidenta Roxana Baldetti, la primera mujer en ocupar ese cargo en el país.
La Cicig, considerada un ente clave en la lucha contra la corrupción, terminará su labor en septiembre después de que el presidente Jimmy Morales anunció que no pedirá una nueva ampliación del mandato de esa misión que venía funcionando desde el 2007.
los detalles del caso:
Antecedentes
Al continuar con la investigación sobre actos de corrupción en el sector salud, realizada por la FECI y la CICIG, se recibió información sobre el funcionamiento de una estructura criminal que, entre el 2012 y 2014, había cooptado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Al profundizar la investigación y luego de casi tres años de trabajo coordinado entre la FECI-CICIG, se logró determinar la forma en que operaba la estructura dentro dicha cartera, la cual estaba plenamente organizada y evidenciaba conductas ilícitas que ocasionaron un detrimento importante del erario público mediante la asignación de contratos con el fin de obtener un beneficio individual ilícito.
Hechos
Con el nombramiento de Jorge Villavicencio Álvarez como Ministro de Salud durante el período 2012 al 2014, se inicia el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y junto con el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.
Al llegar al Ministerio de Salud la estructura criminal “exploró” qué negocios se podían realizar en la institución.
Los ámbitos identificados fueron las compras de bienes y servicios, las contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Según consta en declaraciones ministeriales, la estructura no pudo acceder a la compra de medicamentos, pues estaba “cubierta por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y una persona de apellido Jarquín”.
De esta manera la estructura se concentró en:
- El cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
- El cobro de comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios.
- La contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Sustento de la investigación
La investigación está sustentada en análisis de informes policiales de investigación, de análisis criminal, de análisis financieros, de la Contraloría General de Cuentas, 8 horas de grabación de conversaciones, 37,211 correos electrónicos útiles analizados, un colaborador eficaz dentro del caso, declaración de dos colaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por ser funcionarios del Ministerio de Salud conocieron de lo ocurrido, contabilizando una investigación con más de 100.000 folios.
En el MP se diligenció la declaración testimonial del entonces asesor del Ministro de Salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera, quien aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios. La información entregada por Estévez Cabrera fue corroborada por otros medios de investigación por la FECI y la CICIG.
Todo ello evidenció la comisión de diversos eventos ilícitos, los cuales se agrupan bajo los siguientes rubros:
1- Cobro de comisiones ilícitas por construcción y remozamiento de hospitales
Miembros de la estructura criminal, a lo interno y externo del Ministerio de Salud, se coordinaron para viabilizar todas las adjudicaciones de construcción de obras, desde la creación de la necesidad, la elaboración de las bases ad hoc para que pudieran participar las empresas, hasta el cobro y repartimiento de las comisiones ilícitas. El reparto de las obras se hizo geográficamente y utilizando la figura de intermediarios.
- Entre las personas externas al Ministerio de Salud, que lideraban la estructura, se encontraban Saraí Villavicencio Delgado y Luis Fernando Pérez Martínez, quienes seleccionaron y ubicaron individuos afines a la organización en puestos claves y de alto nivel.
- Para garantizar la repartición de los negocios entre los miembros de la estructura y los otros funcionarios que pedían participación se establecieron enlaces y se dividieron las adjudicaciones de obra gris.
- Los integrantes de la estructura, así como empresarios e intermediarios, realizaban reuniones en el despacho del ministro y en lugares externos (restaurantes, oficinas privadas entre otros).
A la estructura le fue requerida la “participación” en los negocios, particularmente de diputados, como Estuardo Galdámez (hospital Quiché), Boris España (hospital Chiquimula) Roberto Kestler y Rolando Pérez (hospital de Antigua Guatemala); así como de otros funcionarios Heber Cabrera, entonces gobernador de Quiché (hospital Quiché), y Juan de Dios Rodríguez (varios hospitales).
En esta modalidad delictiva se encontraron dos eventos particulares:
- Obras de reposición y reparación derivadas del Estado de Calamidad (Decreto 33-12). En el mes de noviembre del 2012 ocurrió en Guatemala un sismo que ocasionó daños con un impacto mayor en el departamento de San Marcos.
Uno de los funcionarios que pidió participar de la reconstrucción fue el entonces secretario privado de la Presidencia, Juan de Dios Rodríguez, quien propuso como su intermediario a Roberto Samuel Dávila Meza. Las obras de reconstrucción quedaron divididas entre las otorgadas a Juan de Dios Rodríguez -vía su intermediario- y las que manejó la estructura del Ministerio de Salud.
Se han contabilizado más de 50 eventos irregulares de reposición y reparación a hospitales y centros de salud, los cuales representaron más de 131 Millones de quetzales.
- Construcción en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria (hospitales nuevos). Se incluyen aquellos proyectos de construcción de hospitales nuevos que no se encontraban dentro del Estado de Calamidad Pública por el terremoto de San Marcos, pero que hacían parte del Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria.
En este apartado se encuentran:
- La construcción edificio(s) de Urgencias Médicas, Esquipulas, Chiquimula (luego rescindido).
- La construcción de Hospital de Ixcán, El Quiché.
- La construcción del Hospital Rabinal, Verapaz.
- Otras construcciones (ampliación Hospital Antigua Guatemala).
- La construcción del Hospital de Villa Nueva.
- Se incluye el Hospital de Villa Nueva. La obra estaba detenida debido a que el Ministerio de Salud había retrasado los pagos por el avance físico de la obra, por lo que se pactó el pago de comisiones (3%) con el compromiso que la estructura agilizara el pago de las estimaciones (avance físico de la obra).
En este caso, cada empresa pactaba entregar un porcentaje por los pagos o desembolsos de anticipo y avance físico de las obras, realizados por el Ministerio de Salud.
El dinero era repartido en ocasiones en la oficina de Saraí Villavicencio, otras en comercios de la ciudad capital y otras en el domicilio de alguno de los implicados.
Luis Fernando Pérez Martínez y Saraí Villavicencio establecieron un porcentaje de comisiones para cada integrante de la estructura, así como también para ellos mismos.
Para el caso de construcciones de Hospitales, Saraí Villavicencio siempre trataba que en cada Junta Calificadora de Ofertas (Juntas de Licitación) participaran por lo menos tres personas de su confianza para garantizar beneficiar la empresa de su interés.
El valor aproximado de eventos de construcción de hospitales nuevos fue de 452.700.000 Quetzales (es la suma de 368 Millones de Quetzales de los eventos efectivizados, más 34,680,000 mil quetzales proyectados para el de Chiquimula, el cual se rescindió).
Lo que para los guatemaltecos significó una tragedia y pérdidas, como el terremoto de noviembre de 2012, para la estructura criminal significó una oportunidad para negocios ilícitos.
Se calcula que al menos 17 millones de quetzales fueron recibidos en concepto de comisiones ilícitas por obras de reposición y reparación; en el caso de la construcción de hospitales nuevos las coimas pactadas ascendieron a 36 Millones de quetzales (de los cuales, 16,900,000 correspondían al proyecto rescindido de Chiquimula, por lo que se hicieron efectivos más de 19.900.000 quetzales)
De las comisiones por la adjudicación de obras encardas a raíz del estado de calamidad pública, Juan de Dios Rodríguez y el intermediario Roberto Samuel Dávila Meza, les correspondió al menos la cantidad de 7 millones de quetzales.En tanto que la estructura dirigida por Saraí Villavicencio y Luis Fernando Pérez Martínez (así como a otros particulares y personal del Ministerio de Salud), les correspondió la cantidad de al menos 12millones de quetzales.
Un hecho importante es que en el esquema de reparto del dinero se contempló un porcentaje para las personas que dentro del Ministerio de Salud viabilizaban administrativa y financieramente la ejecución de las obras.
Uno de los aspectos que llama la atención es que para el cobro de las comisiones se contemplaron obras de reparación de centros de salud en los cuales la ganancia ilícita era de un aproximado de 3 mil quetzales para cada miembro de la estructura. Lo importante era el volumen de adjudicaciones bajo el esquema cooptado.
2- Cobro de comisiones ilícitas por adquisición de bienes y servicios. Entre el 2012 y 2014 la estructura que tenía cooptado el Ministerio de Salud adjudicó una serie de compras en bienes y servicios, a cambio del pago de comisiones ilícitas, que consistieron en:
- Compra de bombas de infusión.
- Contratación de eventos de publicidad.
- Proyectos de compra de ambulancias.
- Proyecto de colocación de rayos X en la Red Nacional de Hospitales.
- Proyecto de compra de Hospital Modular en Mixco.
Para los eventos de compras de ambulancias, bombas de infusión y colocación de rayos X en varios hospitales, fue clave la participación de Jaime Pérez Castillo (sobrino del entonces presidente Otto Pérez Molina). Para ello, utilizaron a personas y empresas intermediarias.
En lo referido a los proyectos de compra (ambulancias, rayos X y Hospital Modular de Mixco) se concertaron los eventos, las empresas y las comisiones ilícitas, pero por diferentes razones -como precios y salida de Villavicencio del Ministerio de Salud-, no se pudieron ejecutar. En el caso de las ambulancias se compraron a otro proveedor.
Para hacerse de las comisiones ilícitas, la estructura que tenía cooptado el Ministerio de Salud, buscó generar las necesidades de compra de insumos. Es decir, la compra no partía, como en el evento de las bombas de infusión, de una planificación o necesidad surgida normalmente en un hospital, sino más bien era que había un proveedor (Jaime Pérez Castillo), que ofrecía un porcentaje por la venta. Es así como se busca entre los directores de los hospitales quienes pueden crear la necesidad de la compra. En el pago de comisiones ilícitas se calcula que en el evento de bombas de infusión se pagó un estimado de Q500 mil quetzales en concepto de comisiones ilícitas.
En el caso de la publicidad, cuyo contrato fue de Q 6,593,970.50 adjudicado (entregado) a la empresa de Rolando Pérez Martínez, hermano de Luis Fernando Pérez, la estructura habría recibido al menos Q400 mil quetzales. Durante la gestión de Villavicencio el rubro destinado por el Ministerio fue ejecutado casi en su totalidad.
En los eventos que no se pudieron ejecutar (compra de ambulancias, modulo de hospital de Mixco, y rayos X), pero sobre los cuales ya se habían pactado empresas y porcentajes de comisión ilícita, se evidenció el mecanismo para hacerse de los fondos del Ministerio de Salud en los que participaron otros actores como Jaime Pérez Castillo, sobrino del entonces presidente Otto Pérez Molina.
Para la CICIG, es de vital importancia que Guatemala mejore los controles sobre sus mecanismos de adquisición de bienes y servicios en el sector salud. La presente investigación ha evidenciado que empleados públicos que son llamados a integrar juntas de licitación, pero que son parte de estructuras de corrupción, como la que se presenta, ponen en grave riesgo
a los usuarios de los suministros sanitarios, dado que su fin último es recibir una comisión ilícita no importando si la adquisición es la más adecuada.
3- Contratación de 450 Plazas
La investigación ha determinado que el Ministerio de Salud estaba siendo utilizado por la estructura criminal como un bolsón de plazas, ya sea para el pago de favores políticos, el cobro de un porcentaje o el cobro completo vía plazas fantasmas. Bajo este sistema la investigación evidenció que fueron adjudicadas al menos 450 puestos de trabajo en este ministerio.
La estructura criminal otorgó más de un centenar de plazas del Ministerio de Salud como parte de pago de favores políticos, las cuales eran requeridas por distintos funcionarios públicos. Para la estructura era importante colocar personas afines en los puestos de dirección, así como las jefaturas de recursos humanos o el área financiera, pues esto les permitía continuar colocando plazas en las áreas de salud o en hospitales. Para ello se llevaba un “control interno”, previamente establecido, para cumplir con los requerimientos realizados por los funcionarios.
Bajo ese esquema se identificaron solicitudes (las cuales fueron otorgadas en su mayoría), de diputados de diferentes partidos políticos, de la Vicepresidencia de la República, así como de funcionarios de la Contraloría General de Cuentas, el PARLACEN, la USAC, y algunas alcaldías, entre otros.
Si bien los diputados del Congreso eran quienes realizaban mayores peticiones de plazas en el Ministerio de Salud, también se identificaron solicitudes de contrataciones provenientes de funcionarios de otras entidades públicas, tales como la Contraloría General de Cuentas, el Registro General de la Propiedad, algunos alcaldes y gobernadores.
En estos hechos especialmente participaron diputados del Organismo Legislativo, quienes de forma abierta e impune utilizaban documentación oficial (papel membretado) del Congreso para dar instrucciones sobre el personal, tipo de plaza y salario para los nombramientos en los distintos puestos en dicha cartera.
En esta investigación existen otras líneas que tienen un alto grado de avance, por lo que en poco tiempo el MP tendrá la capacidad de judicializarlas.