Las investigaciones realizadas en el caso conocido como TCQ (Terminal de Contenedores de Quetzal) han dado nuevas luces. Esta vez se ha revelado un pago millonario en sobornos de empresarios españoles al gobierno de Otto Pérez Molina, quien ocupó la presidencia del 2012 al 2015.
Los correos, que ya obran en poder de la Audiencia Nacional, van de marzo a diciembre de 2012. Son “coincidentes con las negociaciones con el intermediario de la vicepresidenta de Guatemala, su secretario Juan Carlos Monzón”, dice el auto judicial al que ha tenido acceso El Confidencial.
Se investiga a los empresarios navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura junto a otros cinco directivos de su empresa. Consta que ofrecieron 30 millones de dólares por hacerse con un proyecto de construcción de una terminal de contenedores en un puerto de Guatemala.
Las comunicaciones se dieron entre los empresarios navieros y Juan Carlos Monzón, entonces secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti, según el diario.
La investigación aclara que, una vez descubiertos por las pesquisas, los implicados españoles contrataron al excomisionado de ese país José Manuel Villarejo para que los librara de la extradición a Guatemala para enfrentar a la justicia, de donde toma su nombre el caso español. El diario revela que con Villarejo los empresarios pactaron US$10 millones en 2016 “para que moviera sus hilos”.
“Es importante que se transmita el mensaje de respetar los compromisos para no dejar heridos peligrosos en el camino”, recoge una de las comunicaciones intervenidas a los investigados que, una vez descubiertos, contrataron al comisario Villarejo para que los librase de la extradición.
El caso comenzó como parte de la investigación sobre Villarejo. Pactaron darle otros 10 millones en 2016 cuando todavía era comisario en activo para que moviera sus hilos.
Esta es la pieza separada Pit, en la que el polémico mando usó como reclamo el nombre del exjuez Baltasar Garzón. En las agendas de Villarejo hay anotaciones que aumentan las sospechas sobre el papel que jugó la actual pareja de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Hace semanas, el juez Manuel García-Castellón asumió también la parte que afecta a la corrupción en Centroamérica.
El primer correo data del 29 de marzo de 2012. Ángel Pérez Maura se lo mandó a un miembro del consejo de administración de su empresa. Le explicaba el proceso que en aquella fecha se estaba gestionando en Guatemala en relación con el proyecto de Puerto Quetzal. El siguiente intercambio se produjo el 24 de agosto, bajo el título: “Breve resumen Guatemala”.
Especial atención para las pesquisas merece el correo interceptado con fecha 21 de noviembre de 2012, donde la exvicepresidenta Baldetti les pide otros Q6 millones, que completarían Q30 millones, para ser favorecidos con el contrato de construcción en la portuaria. Sin embargo, en el comunicado Pérez Maura se queja con sus directivos de que la vicepresidencia “quiere imponerles al constructor” del proyecto, lo que le parece una alternativa que no puede ser aceptada.
“Vuelve a la cifra de 30 (…) y para colmo (la vicepresidenta) se saca ahora que el constructor tiene que ser obligatoriamente amigo suyo”, se queja el empresario español. El correo, resalta la nota del diario digital, es enviado por el entonces secretario privado Monzón.
Los próximos correos develan las claras instrucciones de los empresarios españoles de enfocar esfuerzos para que todos los procesos “aparenten normalidad en el ámbito público”.
El último correo lo recibió personalmente Ángel Pérez Maura. En este se detalla la reunión de ese empresario con Juan Carlos Monzón, en donde abordan temas como la situación de ese entonces de la portuaria, la postura de Baldetti, cómo quedarían las comisiones y las formas y calendario de los pagos por las concesiones.