Por: Enma Reyes
La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó una iniciativa para reformar ciertos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP). Una de estas modificaciones sería que el presidente de la República pueda evaluar al fiscal general del MP y, de acuerdo con criterios técnicos, removerlo del cargo.
La propuestas del partido verde también pretende que se prohíba a los fiscales generales participar en política durante seis años luego de haber dejado el cargo, muchos menos ser candidato a la presidencia, diputaciones o alcaldías.
Analistas consultados por Revista Crónica aseguran que estas modificaciones están lejos de fortalecer al ente investigador y solo buscan restarle autonomía e independencia.
Para Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia (MPJ) es deplorable que se quieran hacer estas modificaciones de un partido que utiliza su poder parlamentario para tomar revancha o venganza de una institución que los está persiguiendo penalmente por delitos como financiamiento electoral no registrado y que ha pedido la cancelación de esa agrupación política.
Ibarra, además, aseguró que las limitaciones que pretenden impulsar para que todos los operadores de justicia no puedan optar a un cargo público tiene una dedicatoria especial a Thelma Aldana. “No sabemos si ella quiera participar porque aún tiene que dilucidar el tema del finiquito y dos procesos penales en su contra”, dice.
Para la directora del MPJ es incoherente que la UNE les coarte a ciertos funcionarios optar a ciertos puestos, ya que ellos tienen entre sus filas al excontralor Carlos Mencos. “El no había renunciado a ese cargo y ya estaba fichado por ese partido”, asegura Ibarra.
En octubre de 2018, Mencos renunció al cargo de contralor General de Cuentas para optar a una curul en el Congreso de la República por el departamento de Escuintla.
Regresivo al avance de la justicia
Según Héctor Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), lo que la UNE propone en permitir que el Presidente pueda tener este tipo de interferencias es regresivo al avance de una institución independiente en materia de justicia y atenta contra la posibilidad de hablar de una persecución penal y política criminal que atiende a derechos y no a opiniones políticas.
“La mayoría de señalados, sospechosos o implicados en casos de corrupción, han estado promoviendo acciones nocivas para generarse más impunidad”, comenta Samayoa.
Para el analista del CEG, esta iniciativa cuenta con el apoyo de varios legisladores, ya que muchos están vinculados con estructuras criminales. “Ellos dejarán sus diputaciones el próximo 14 de enero, por lo que les interesa toda esta especie de medidas”, afirmó.
Afecta independencia del MP
Gustavo García Fong, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), expone que la actual Ley del MP ya contiene las causales para destituir a un fiscal. A su criterio, la iniciativa planteada por la UNE afectaría la independencia del ente investigador.
“Esto solo atenta con la independencia, la autonomía y la libertad de esa institución, ya que un fiscal solo puede ser apartado del cargo por alguna negligencia grave en el desempeño de sus funciones”, reitera el analista de Asies.
Según el abogado Alejandro Balsells Conde, la bancada de la UNE es la que lleva en estos momentos la propuesta de cambios, pero hay otros partidos dentro del legislativo que también lo ven con mucho agrado porque están siendo investigados por el MP.
Además, Balsells afirma que esta agrupación política lo que menos tiene es ser un partido de oposición. “Aquí más parece que fuera una propuesta de la familia Arzú, pero todos son lo mismo. Es un claro ejemplo que el tema de justicia vaya en constante retroceso”, reiteró el jurista.
Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público
