- Mientras, la PGN prepara la apelación para impedir que se retiren las órdenes de captura que se generaron por los delitos cometidos durante el «Serranazo»
En la política guatemalteca, los muertos nunca están totalmente enterrados. Treinta y tres años después de haber huido hacia Panamá tras un fallido golpe de Estado, el nombre de Jorge Serrano Elías vuelve a sacudir el tablero nacional. Esta vez, el artífice de la sorpresa no es una tanqueta frente al Congreso, sino una resolución del juez Fredy Orellana, el juzgador predilecto del Ministerio Público (MP) para los casos que requieren «cirugía política».
El origen del mito: El «Serranazo» de 1993
Para entender la gravedad de la resolución de Orellana, hay que volver al 25 de mayo de 1993. Aquella madrugada, Serrano Elías, asfixiado por un Congreso que no controlaba y por una depuración que él mismo impulsó, decidió romper el orden constitucional.
- El zarpazo: Serrano disolvió el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. El aregumento fue la corrupción desmedida.
- La censura: Impuso una censura férrea a la prensa y suspendió las garantías constitucionales.
- El fracaso: La resistencia civil, liderada por sectores empresariales, sociales y una Corte de Constitucionalidad que se mantuvo firme, obligó a Serrano a huir del país el 1 de junio, dejando tras de sí un caos que terminó con la elección parlamentaria del entonces Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Ramiro de León Carpio, como su sucesor.
Desde entonces, Serrano ha vivido en un exilio dorado en Panamá, evadiendo una docena de órdenes de captura por delitos que van desde el rompimiento del orden constitucional y rebelión hasta malversación de fondos.
¿Por qué ahora y por qué ante Fredy Orellana?
La pregunta que circula en los pasillos judiciales es: ¿Cómo terminó este expediente en manos de Orellana? El juez, sancionado internacionalmente por socavar la democracia, se ha convertido en la herramienta de choque del MP de Consuelo Porras.
Orellana ha sido el encargado de suspender partidos políticos, perseguir a periodistas como Jose Rubén Zamora, a defensores de la democracia, como los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, así como emitir resoluciones que favorecen la agenda del «Pacto». La limpieza del expediente de Serrano se lee no como un acto de justicia técnica, sino como una moneda de cambio o una maniobra de distracción.
Al retirar las órdenes de captura, Orellana elimina el obstáculo legal que impedía al expresidente volver a Guatemala. Serrano, un hábil orador que aún mantiene redes de influencia, podría ser un actor útil en la estrategia de desestabilización actual.
Un país en el «Triángulo de las Bermudas»
Esta resolución no cae en el vacío. Guatemala vive hoy un torbellino institucional con tres elecciones simultáneas que definirán el poder para la próxima década:
- El Tribunal Supremo Electoral (TSE): Cuya nómina «gris» de 20 candidatos ya está en el Congreso.
- La Corte de Constitucionalidad (CC): Sacudida por el rechazo de la USAC a Consuelo Porras y por llevar a magistrados afines al rector Walter Mazariegos a la CC.
- La Fiscalía General: Donde se juega la continuidad del actual modelo de persecución.
El «factor Serrano» inyecta una dosis extra de agitación. Según declaraciones recientes recogidas por medios de comunicación, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ya anunció que apelará la resolución, argumentando que los delitos de Serrano, especialmente aquellos relacionados con la ruptura del orden constitucional, no pueden simplemente «borrarse» por el paso del tiempo.
El análisis
La jugada de Orellana parece diseñada para alimentar el caos. En un momento donde el sistema judicial está bajo la lupa internacional, traer de vuelta a la narrativa nacional al primer «golpista» de la era democrática es un mensaje cínico: en la Guatemala de 2026, las leyes son elásticas para los aliados y de hierro para los enemigos.
Serrano Elías, desde su retiro en Panamá, ha guardado silencio sobre sus próximos pasos, pero el camino hacia la Novena Avenida ya no tiene los obstáculos de ayer. La pregunta es: ¿Quién gana con su regreso?
La apelación de la PGN será el próximo campo de batalla. Si una Sala de Apelaciones ratifica lo actuado por Orellana, el «Serranazo» de 1993 habrá quedado oficialmente impune, cerrando un ciclo de impunidad histórica justo cuando el país intenta abrir uno de renovación.