Guillermo Castillo Reyes, vicepresidente de la República, se pronunció a través de su cuenta personal de Twitter sobre el hallazgo en el Hospital de Escuintla de un lote de pruebas de Covid-19 vencidas, pero también para reprochar las acciones del gobierno del que él mismo forma parte.
El vicemandatario aseguró que el caso debía ser investigado seriamente y que sigue teniendo “una profunda fe” en la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público. Además, expresó que “no nos merecemos una administración así” y que por “mucho no se acerca a un admirador menos a un estadista”.
“Este es un gran país. Lo hemos dicho muchas veces. Lleno de gente formidable. Luchadora. Emprendedora. Como ciudadanos nos merecemos una Guatemala diferente. Más que al Presidente, ruego al Consejo de Ministros reaccionar. Nada es para siempre. La factura llegará tarde o temprano”, escribió Castillo.
El mensaje del Vicepresidente se da horas después de que el diputado Cristian Alvares, de la bancada Creo, diera a conocer que en el Hospital Nacional de Escuintla se verificó la existencia de pruebas de Covid-19 vencidas.
“Aquí hay más de 5 mil pruebas vencidas de una empresa que las entregó sin entregar los equipos; eso no huele bien, vamos a seguir investigando”, mencionó el legislador.
De acuerdo con el diputado, las pruebas se encontraban en el área de comedor del nosocomio, en un congelador.
Ante ello, Castillo también escribió: “De donde sale toda esta información. Sigo teniendo una profunda fe en la Contraloría General de Cuentas y en el Ministerio Público. Esto debe ser seriamente investigado para aclarar o acusar. No podemos seguir así. Hoy todos extrañamos acciones de CICIG”.
Caso Fénix: FECI presenta antejuicio contra juez José Eduardo Cojulún
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó autorización para investigar al juez undécimo penal, José Eduardo Cojulún, quien habría dictado resoluciones favorables para el sindicado Gustavo Adolfo Herrera Castillo.
Según la FECI, el 12 de diciembre de 2007 el juzgador que tenía conocimiento del proceso penal, ordenó a petición de la defensa el cierre de la investigación el cual se encontraba desestimado.
Tenía conocimiento que existían suficientes elementos de investigación que ameritaba continuar con la pesquisa en contra de todos los sindicados, especialmente de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien lideraba la estructura investigada, afirma la fiscalía.
Además, se presume que pese a que la facultad de solicitar el sobreseimiento le correspondía al Ministerio Público (MP) el juez programó la audiencia convocando a todas las parte del proceso y cerró la pesquisa sin que ninguno de los sindicados estuviera ligado a proceso penal.
Marta Julia Lorenzana, acusada de narcotráfico, no acepta ser extraditada a Estados Unidos
El Tribunal Quinto de Primera Instancia Penal inició este martes 11 de mayo la audiencia de extradición de la supuesta narcotraficante Marta Julia Lorenzana Cordón, hija menor del fallecido Waldemar Lorenzana Lima, alias “El Patriarca”, quien es requerida por Estados Unidos por narcotráfico.
Lorenzana Cordón se hizo presente a Torres de Tribunales con su abogado defensor, el exdiputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena.
En la audiencia, el Ministerio Público dio a conocer que una personas que guarda prisión en Estados Unidos reveló que la hija de “El Patriarca” había enviado 200 kilos de cocaína a México para el cartel de Sinaloa, durante su primera operación.
A pesar de ello, la detenida no aceptó ser extraditada a los Estados Unidos, por lo que el Tribunal programará otra audiencia para decidir si procede o no dicha extradición.
Revés para Neto Bran, Sala de Apelaciones suspende amparo promovido en contra de informe pesquisidor
La Sala Primera de Apelaciones suspendió el trámite de un segundo amparo planteado por el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien accionó en contra del informe presentado por el juez pesquisidor que recomendó retirarle la inmunidad para que sea investigador por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el caso Amenazas, Falsedad e Influencias
El pasado 12 de abril, el juez pesquisidor, Edgar Manfredo Roca, encargado del Tribunal de Primera Instancia de Mixco, recomendó retirarle la inmunidad al jefe edil, quien es señalado de contrataciones anómalas en la comuna mixqueña.
En su informe, el togado indicó que existen indicios de que el alcalde cometió el delito de tráfico de influencias y abuso de autoridad al intentar contratar a Rolando Moisés Pérez, quien presentó un título falso y que por ello ya fue condenado a 12 años de prisión.
Además, Moisés Pérez también fue señalado de amenazar a un investigador de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según informes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Bran abusó de su cargo como jefe edil y habría dado instrucciones en la Municipalidad para contratar a Pérez como asesor de la Dirección de Planificación, pese a que el sentenciado presentó documentos falsos.
TSE revoca resolución que declaraba en reserva sus investigaciones
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este martes en el diario de Centro América la resolución 16 – 2021, que deja sin efecto la 10 – 2021, que clasificaba como reservados los expedientes de investigación de la Inspectoría General que se iniciaron en el 2020.
El órgano electoral indica que el Pleno de Magistrados analizó la resolución 10 – 2021 y se basó en el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que decidió revocarla.
La información reservada era aquella cuyo acceso se encuentra temporalmente restringido. Para que una autoridad pueda clasificarla como tal, debe demostrar que el hacerla pública conlleva riesgos, como por ejemplo que su difusión perjudique una investigación judicial en curso.
En el caso del TSE, los magistrados habían resuelto que todas las investigaciones que realiza el Inspector General y que se iniciaron a partir de 2020 no podrán ser difundidas al público bajo la justificación publicitar dichos documentos “puede causar un serio daño o perjuicio a las actividades de investigación”
Las máximas autoridades del tribunal electoral nunca explicaron qué casos no podrían ser difundidos al público bajo la justificación de publicitar dichos documentos.