Salud anuncia investigación sobre vacunación del alcalde de Villa Canales
Tras revelarse que el alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, fue vacunado contra el Covid-19 sin pertenecer al grupo de primera línea que combate esa enfermedad, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia (MSPAS) aseguró que iniciará una investigación para determinar si se cumplieron los criterios establecidos en el Plan de Vacunación.
El jefe edil confirmó su inoculación, argumentando que no influyó para recibirla y que fue convocado por tener a su cargo clínicas municipales.
“El Despacho Ministerial ordenó una investigación y requirió un informe a la Dirección de Área de Salud Guatemala Sur, responsable de la vacunación en ese distrito, para establecer las circunstancias de esa vacunación”, anunció la cartera a través de un comunicado.
Además, el documento señala que la vacunación se dio sin cumplir con los criterios establecidos para la fase I del Plan Nacional de Vacunación.
“Dependiendo del resultado de dicho informe, se tomarán las acciones correspondientes contra quienes resulten responsables si dicha vacunación fue anómala”, indicó el MSPAS.
Citan a Edwin Escobar a declarar por compra de terrenos en Villa Nueva
El exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, junto a miembros del Consejo Municipal, deberán asistir a una audiencia de primera declaración por supuestas anomalías en la compra de dos terrenos para la construcción de un vertedero en ese municipio.
De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), la diligencia se llevará a cabo el próximo 27 de abril en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de ese municipio, en donde se les dará a conocer el motivo de su citación.
Las pesquisas realizadas por esa Fiscalía señalan que ese Consejo Municipal cometió varios delitos por la supuesta autorización en la compra de dos fincas ubicadas en el kilómetro 24.5, Sector Zacarías, Finca Bárcenas, Villa Nueva, por un valor de Q14,154,600.00, a la entidad BENSELAR, S.A.
“Los señalados podrían haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”, señaló el MP.
La compra de los terrenos se hicieron a pesar de que la Contraloría General de Cuentas había advirtió sobre la supuesta sobrevaloración del proyecto. Esa entidad sancionó por ello a funcionarios de la comuna edil en su momento.
Caso RIC: condenan al exdiputado Edgar Cristiani a 3 años de prisión
El Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal condenó, por vía del procedimiento abreviado, al exdiputado Edgar Cristiani a 3 años y 6 meses de prisión inconmutables por el caso RIC Caja de Pagos.
El exfuncionario aceptó haber cometido los delitos de peculado por sustracción, luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) determinara que sustrajo fondos del Registro de la Información Catastral (RIC), esto a través de una plaza fantasma.
Además, las investigaciones realizadas por la FECI y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), también vinculan a la exvicepresidenta Roxana Badetti, en este caso.
El encargado de mantener el control sobre esas plazas era Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti. Monzón era el operador y tenía como enlace a Omar Nájera, “ambos tomaron el control de la institución y empezar a negociar favores mediante el otorgamiento de plazas fantasmas”, indicó la FECI en su informe del caso.
Organizaciones exigen respetar resoluciones de la CC
Varias organizaciones que son parte de Convergencia por los Derechos Humanos emitieron un comunicado en donde muestran su inconformidad en relación a las acciones de los tres poderes del Estado de no obedecer varias resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Han vuelto costumbre desacatar las resoluciones de la CC y atentar contra el Estado de Derecho”, expusieron los firmantes.
La reacción se da varios después de conocerse que el Congreso de la República pretende conformar una pesquisidora para analizar el antejuicio contra la magistrada presidenta, Gloria Porras y el magistrado titular, Francisco de Mata Vela.
“La persecución penal en contra de los magistrados se centra en resoluciones que afectaron los intereses de los corruptos de las élites políticas, económicas y criminales”, señalan.
Además, expuso su preocupación ante la posibilidad de perder toda garantía democrática en el país. “La Constitución de la República está en peligro, y con ella, el orden moral, político y jurídico”, añadieron, debido a que en ella se garantiza la paz y el desarrollo del país.
Para finalizar, la Convergencia de los Derechos Humanos exigió a los tres organismos del Estado, respetar las resoluciones de la CC y abstenerse de crear precedentes que colocarían a Guatemala como un país autoritario y violento. En especial, se refirió al Congreso, para que quiten de la agenda legislativa, conocer el antejuicio de los magistrados Mata Vela y Porras.