Estuardo Gálvez deberá continuar hospitalizado, según INACIF
Tras practicarle diversos estudios médicos, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) informó que el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, deberá continuar hospitalizado a espera de otras evaluaciones.
Según con el ente forense, el profesional del Derecho necesita practicársele más exámenes ante posibles problemas cardiacos, por lo que seguirá internado.
El 27 de febrero se conoció que Gálvez se internó en un centro asistencial privado tras darse a conocer una orden de captura en su contra por el caso Comisiones Paralelas 2020.
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Gálvez es señalado de ser un operador político en las Comisiones de Postulación de 2019 para integrar los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.
Estos señalamientos lo llevaron a presentar su renuncia a la candidatura para optar al cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Ese gremio aceptó su dimisión, por lo que la segunda vuelta se realizará con el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Nester Vásquez Pimentel, y el exministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara.
Gobierno decreta estado de Prevención en Malacatán, San Marcos
Luego de registrarse varios disturbios el pasado 24 de febrero en Malacatán, San Marcos, el Gobierno resolvió declarar estado de Prevención en ese municipio por un periodo de 15 días a partir de este jueves 4 de marzo.
Esta medida se hace efectiva tras publicarse, de forma urgente, del Decreto Gubernativo 2-2021, con el objetivo de que la “población no se vea afectada por grupos de personas que afecten la seguridad y la paz”.
“El Estado de Prevención se establece al considerar y determinar que en la circunscripción del municipio de Malacatán del departamento de San Marcos puede verse afectado el orden, la gobernabilidad y la seguridad de sus habitantes, en virtud que personas y/o grupos de personas pueden poner en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral, patrimonial y económico de los habitantes, y para evitar ulteriores consecuencias es necesario implementar, con carácter urgente, todas las medidas oportunas a efecto de garantizar la seguridad y la vida de los habitantes y autoridades del municipio referido”, se lee en el Artículo 2 del decreto.
El documento advierte que están prohibidas en Malacatán, por los próximos 15 días, la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas y cualquier tipo de espectáculos.
CC da trámite a amparo presentado en contra de la JD del Congreso
La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite un amparo presentado por la organización Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep) en contra de la conformación de la Junta Directiva (JD) del Congreso de la República, ya que a su consideración, fue ilegal.
“Consideramos que hubo una flagrante violación a la Constitución y a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, al integrar en la Junta Directiva 2021-2022 a los diputados Sofía Hernández de UCN, primera vicepresidenta; Rudy Pereira de FCN Nación, segundo secretario y Santiago Nájera de la UNE, cuarto secretario, a pesar del notorio impedimento legal para ejercer puestos directivos”, indicaron a través de un comunicado.
Además, agregaron que “la negativa de la Junta Directiva y mayoría del pleno del Congreso de la República de declarar la vacante de los cargos citados y proceder elegir a diputados que llenen las calidades exigidas por ley, así como el irrespeto absoluto al estado de legalidad, poniendo en riesgo la legalidad de todas las actuaciones del Congreso, pues conforma una Junta Directiva integrada de forma abiertamente ilegal y contraria a los valores democráticos y éticos”.
Ante ello, la CC solicitó al Congreso un informe circunstanciado respecto a la integración de la Junta Directiva, que deberán entregar en un plazo de 48 horas, esto para resolver si procede o no el amparo provisional a favor de las organizaciones civiles.
Congreso oficializa elección de Dina Ochoa y Luis Rosales como magistrados de la CC
El Congreso de la República oficializó este jueves la elección de Dina Josefina Ochoa Escribá como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como de Luis Alfonso Rosales Marroquín, como magistrado suplente, también de esa corte del país.
Los profesionales antes mencionados conformaron la VIII magistratura de la CC, que estaría en funciones de 2021 a 2026.
Este jueves fueron publicados en el diario oficial los acuerdos número 8-2021 y 9-2021, en los que se declara electos a los abogados para representar a ese organismo en el alto tribunal.
Según la publicación, “la elección se dio en seguimiento a lo que establecen los distintos artículos de la Constitución Política de la República y otras leyes, relacionados con el tema”.
Notas breves
CSJ da trámite a antejuicio en contra de Carlos Mencos
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió para su trámite el antejuicio promovido en contra del diputado Carlos Enrique Mencos Morales, señalado por la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público ante su posible participación en actos ilícitos durante su gestión al frente de la Contraloría General de Cuentas.
Los magistrados de la CSJ designaron como juez pesquisidor a la magistrada vocal I de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
Orden de captura
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) informó que este día se realizaron cuatro diligencias de allanamientos, inspección, registro y secuesto de evidencia en los deparamentos de Chiquimula y Guatemala, con el propósito de hacer efectiva la orden de captura en contra del exdirector de área de Salud del departamento de Santa Rosa, Manuel Víctor Martínez Olivet, por los delitos de concusión, fraude y abuso de autoridad.
De acuerdo con el ente investigador, Martínez Olivet habría beneficiado a empresas relacionadas con miembros de su familia, fraccionando las adquisiciones públicas al realizar compras directas, con el cometido de eludir los procedimientos específicos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.