Como se esperaba, la semana que está concluyendo ha dejado una intensidad de noticias, concentradas en su mayoría en el día miércoles, cuando sucedieron los acontecimientos más relevantes que han marcado los últimos 7Días: la no discusión de las reformas constitucionales en el Congreso, y la visita del secretario de Seguridad Nacional de EEUU, John Kelly.
Previo a esos días afloró nuevamente el fantasma de las protestas y conflictividad social. Una marcha de indígenas q’eqchies ingresó a la capital, en protesta por la construcción de dos hidroeléctricas en el río Cahabón. Por cierto, días antes, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspensión provisional de la construcción Oxec y Oxec II.
Esta manifestación sacó a relucir el problema que se ha generado en el interior, en donde varias obras han sido detenidas por presión de las comunidades y no existe certeza sobre el futuro de este tipo de proyectos.
En medio de todo eso, se mantuvo el debate público en torno a las reformas constitucionales –que continúa–, y que enfrenta principalmente a empresarios y algunos sectores de la sociedad, con las organizaciones indígenas y otros grupos sociales. En realidad, se ha convertido también en una lucha ideológica entre derecha e izquierda.
El tema medular de esta controversia es la reforma al artículo 203 de la Constitución, que al ser modificado reconoce la jurisdicción de la justicia indígena a nivel constitucional, lo que consideran los opositores estaría creando en el país dos sistemas de justicia, lo que provoca incertidumbre y falta de certeza jurídica para las empresas y población en general.
El miércoles –día de debate para las reformas en el Congreso–, los diputados no alcanzaron el consenso necesario –105 votos–, y no hubo discusión sobre las reformas. Ahora se intenta crrear una corriente mayoritaria para que el miércoles se retome la discusión, pero se deje para el final el tema de la justicia indígena.
En medio del alboroto parlamentario en el Congreso y la polémica nacional sobre las reformas, arribó al país el secretario de Seguridad Nacional de Donald Trump, el general John Kelly, quien sostuvo varias entrevistas al más alto nivel: el presidente Jimmy Morales, el ministro de gobernación, Francisco Rivas, el Canciller, Carlos Morales, empresarios y el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez.
Kelly no dejó sin embargo mensajes claro, al menos públicamente, ya que habló que no habrá deportaciones masivas de migrantes, el mismo día que en Washington se aseguraba lo contrario, se entrevista con el comisionado no se hizo pública hasta después de su partida, con lo que se perdió una oportunidad –si esa era la idea–, de dar un espaldarazo fuerte a su gestión.
Si se supo que el mensaje sobre migrantes –el tema de mayor importancia para Guatemala–, fue que la política del presidente Trump, no se discute, y aparentemente así fue en el fondo.
En los días jueves y viernes, se observó que ha bajado el tono de la confrontación con las reformas constitucionales y sobre el tema indígena, pero no está claro aún si es por reacomodo de las estrategias o porque alguna de las partes puede estar mostrando mayor flexibilidad.
También disminuyeron las críticas en las redes sociales hacia el comisionado Velásquez, lo que también muestra que hay un cambio de estrategia sobre el particular.
Otro tema relevante de la semana ha sido el de la entrada en vigor de la ley que pone fin al secreto bancario. Aunque al parecer habrá impugnaciones por supuestas inconstitucionalidades, esto todavía no ha sucedido.
Luego se dieron dos hechos que no pasaron desapercibido y seguramente darán de qué hablar en el futuro: La llegada al país de la oenegé pro aborto holandesa Women on waves, y la amenaza de ataques simultáneos a dependencias estatales por parte de pandilleros de la mara Barrio 18.
Lo segundo terminó siendo solamente una amenaza, aunque las fuerzas de seguridad redoblaron vigilancia en hospitales, presidios y dependencias de seguridad y justicia del Estado.
El segundo de los temas, se demostró que hay un fuerte rechazo a la posibilidad de que se practiquen abortos en el país. La organización holandesa pretendía realizarlos en aguas internacionales para evitar la prohibición legal que hay en el país, pero la fuerza de la oposición fue tan grande que se movilizaron autoridades y la justicia e incluso los tripulantes del Barco por el Aborto, fueron expulsados por orden de Migración.
Las iglesias –católica y evangélica–, los grupos pro vida, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), las autoridades –ejército, tribunales, Migración– y gran parte de la población por las redes sociales, se mostraron en contra y criticaron el intento de la oenegé de desafiar al sistema legal del país.
Una semana llena de noticias, controversias y, en términos generales, reflejo del momento complicado que vive el país.