Termina un año y es momento de ver lo sucedido, pero también de poner atención a lo que está por venir. Para ello, nada mejor que entrevistar a un experto en temas políticos y sociales: Renzo Rosal.
Gonzalo Marroquín Godoy
Con el cierre del 2025 termina –casi– el segundo año de Gobierno. El año ha resultado agitado políticamente, mientras que, en el plano social, los cambios no llegan o son poco sensibles. Para hablar de lo ocurrido y de lo que está por venir para Guatemala, hemos entrevistado a Renzo rosal, uno de los más reconocidos analistas sociopolíticos.
A continuación, lo más destacado de la conversación con el politólogo:
Termina 2025 y el primer cuarto de siglo. ¿Diría que se ven avances en Guatemala en el orden social? ¿Cómo estamos?: La agenda social sigue estando retraída, en el marco de las tendencias globales que la ubican en un plano secundario. Ese rezago se traduce en la continuidad del escenario de desigualdades, que tienden a minimizarse en la agenda pública y en las discusiones de los gobiernos, porque se lee como factores adversos al desarrollo.
En el caso guatemalteco, se debe reconocer que el Gobierno si cuenta con agenda social y de hecho, una de sus principales iniciativas es precisamente una iniciativa en esa materia: Mano a Mano. Los recursos que cuenta el Mides son los más altos en la historia de esa institución, pero quizás lo más relevante sea el inicio de la transición de los tradicionales programas sociales a una política social donde se releva el sistema de protección social como principal propósito estratégico.
Y en cuanto a la política y la democracia… ¿ve avance, retroceso o estancamiento?: El resultado electoral de 2023 ha permitido, en alguna medida, ralentizar el avance autoritario. Sin embargo, la precariedad del gobierno central, el predominio del acoso del MP y aliados, así como el clima antidemocrático que prevalece a escala global, han reducido el margen de esa oportunidad.
En concreto, las expresiones autoritarias siguen dominando y van al alza. Una de las consecuencias es la supeditación del Ejecutivo a expensas de la hegemonía del Legislativo. Este último representa el fenómeno del autoritarismo legislativo; donde aprovecha las facultades que la ley le confiere para ir por más y acaparar más poder. Un ejemplo ha sido lo sucedido con los presupuestos de 2025 y el recientemente aprobado para 2026; donde un buen número de diputados se han beneficiado con la cuchara grande con el reparto de los recursos públicos.
Como sucede cada año, se registran todo tipo de eventos, acontecimientos o tragedias… ¿Cuál diría que fue el hecho noticioso más destacado del año?: La aprobación del presupuesto 2026, infestado de bolsones de recursos orientados al incremento de la opacidad, el clientelismo, el fortalecimiento de las redes territoriales de corrupción, donde el Ejecutivo ha puesto a disposición el uso discrecional de los recursos; siendo por tanto, cómplice de semejante operación política.
El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo se acerca a la mitad de su período y se escuchan más críticas que aplausos –en términos generales–. ¿Cómo califica su accionar y que aristas destacadas –buenas o malas– cree que han influido más?: En alguna medida, las respuestas anteriores incluyen algo de lo planteado.
Este gobierno tiene, en los primeros dos años de gestión, más sombras que luces. Predominan las indecisiones, la ausencia de visión estratégica, el sobre uso de los discursos esperanzadores; vs. una gestión a la deriva.
Como aciertos, veo la conducción en instituciones como el MINEDUC, Mides y Marn; el avance de la agenda social, el manejo de las relaciones con EEUU, la iniciativa de modernización de los puertos y aeropuertos.
Organismos internacionales han señalado una y otra vez que la democracia de Guatemala se ve debilitada por la falta de independencia de la Justicia. ¿Qué validez le da a esos señalamientos?: Validez total. Es una afirmación real pero no nueva. Es el mismo diagnóstico que fundamentó la creación de la Cicig, por ejemplo.
¿Por qué cree que la lucha contra la corrupción no avanza en el país?: Es una narrativa que se enfrenta a una realidad mayor: la corrupción es un fenómeno atemporal, inmenso, que atraviesa todo lo que le pone por delante.
Eso de “luchar contra…” resulta ser una frase vacía de contenido real. ¿Que implica? ¿Refuncionalizarla, solo cambiando a los portadores de la estafeta o modificando las herramientas? ¿Desarmando las estructuras? En cualquier caso, sin un sistema de justicia mínimamente interesado, imparcial y capaz, esa lucha es una objetivo inútil y vacío.
Usted es un estudioso de la política. ¿Cree que hay partidos políticos que reúnan las cualidades que deben tener estas organizaciones para construir democracia o más bien la debilitan?: En ningún caso.
¿Se ve como algo positivo la forma en que se logran “alianzas” en el Congreso de la República?: No. Las denominadas “alianzas” son la reconversión del denominado “pacto de corruptos”, concepto que ahora queda relegado porque se le concibe como estática, cuando en realidad el poder se caracteriza por sus dinámicas.
En la actualidad es predominante una alianza, la que logró articular el diputado Luís Aguirre y ahora controlan la JD del Congreso, pero está por verse cuánto durará, ya que las elecciones 2027 tienden a generar fraccionamientos y desencuentros.
Dejando un poco el año y el pasado. ¿Cuáles son los grandes retos que se presentan para Guatemala en el 2026?: Solventar el hilo de los procesos de segundo nivel. Cada proceso tiene sus propios desafíos, pero todos, en su conjunto, implican un desafío mayor: mayor debilitamiento de la institucionalidad o alguna luz al final de túnel que permita su reencauzamiento a mediano plazo.
Otro desafío, derivado del anterior será preparar las condiciones para las elecciones 2027. Para ello es clave una elección decente del TSE. En caso contrario, lo vivido en 2023 podría quedarse corto y podríamos experimentar algo similar a lo que ha sucedido en Honduras.
¿Es suficiente con las misiones de observación –internacionales y locales– para hacer que haya procesos de elecciones institucionales transparentes y eficiente?: El papel de las misiones es importante pero insuficiente. Solo vienen a observar la parte final de un proceso que se gesta con bastante antelación y fuera de lo establecido en la LEPP. Quizás lo más relevante de su papel son los alérgicos y comunicados finales que pueden servir como denuncias de los aspectos adversos de una elección que ya sucedió (informes ex post).
Se habla siempre de “fuerzas antidemocráticas” o “pacto de corruptos” detrás del MP, cortes, el Congreso y fuera de las instituciones del Estado. ¿cómo definiría usted a este grupo o grupos que operan a favor de un status quo que no permite al país avanzar. Como indiqué anteriormente, no soy partícipe de la frase “pacto de corruptos” porque es estático y no sirve para explicar que los actores anti democráticos son cambiantes y ocurren momentos de recambio, como lo que actualmente ocurre en el Congreso.
¿Qué tan optimistas podemos ser para 2026, pero también para 2027 que será año electoral?: A luz de las reflexiones anteriores, no soy optimista; menos aún con el reciente informe de seguridad nacional de la administración estadounidense, que presagia la consolidación de una política de estabilización obligada, que supone tensiones, expresiones de contra poder, y en especial, el reposicionamiento de los actores antidemocráticos que se envalentonarán más con el predominio de esa narrativa. Una muestra es el reciente perdón presidencial (indulto) que dejó libre al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández , a pesar de los evidentes vínculos con estructuras del narcotráfico.
De 1 a 10, ¿Cuánto hemos avanzado desde el retorno de la democracia en 1986?: Difícil de ponderar, pero diría que 6.