Un experto de la ONU solicitó este miércoles a España la ampliación tanto de la cobertura como de los criterios de accesibilidad a hogares y personas al nuevo ingreso mínimo vital.
Éste afirma que el plan demuestra que los Estados pueden sacar provecho de la crisis económica consecuencia de la pandemia de covid-19 para enfrentar graves problemas como la pobreza extrema y reducir las desigualdades.
«El plan proporcionará el tan necesario alivio a aquellas personas necesitadas y es un gran ejemplo de cómo desarrollar un enfoque inclusivo para abordar la pobreza y la desigualdad», afirmó Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas para la extrema pobreza y derechos humanos.
Está previsto que este plan nacional de «ingreso vital mínimo» cubra a más de 850,000 hogares y favorezca a por lo menos 1,6 millones de personas, que actualmente viven en situación de pobreza extrema.
Las familias beneficiadas recibirán una asignación de entre 451 y 1,015 euros, según el número de miembros.
«Animo al gobierno español a seguir ampliando la cobertura de este programa y a reducir los requisitos de elegibilidad y burocráticos», añadió De Schutter.
«El gasto público en protección social en este momento –agregó– es una inversión crucial cuyos impactos perdurarán en los años venideros (…). Es esencial que el plan se diseñe para llegar al mayor número posible de personas necesitadas».
De acuerdo al relator especial, no deben excluirse a los más vulnerables, «como migrantes (…) jóvenes recién emancipados que estaban bajo tutela pública, personas sin hogar o sin domicilio» fijo, asi como «discapacitados» para trabajar que no son reconocidos como tales.
Además, De Schutter advirtió que las trabas burocráticas pueden constituir un gran obstáculo para las personas en situación de pobreza que dependen de la ayuda estatal para poder sobrevivir.
Pese a la recuperación económica constatada tras la crisis (2008-2011), las desigualdades en España se mantienen muy por encima del promedio de la Unión Europea.