El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter expresó su rechazo ante los recientes ataques y persecución contra jueces, fiscales y abogados en Guatemala.
“Expreso mi rechazo a los ataques y persecución en Guatemala contra jueces, fiscales y abogados ocurridos en días recientes, destinados a despojarlos de sus inmunidades, forzar sus renuncias o su exilio, y de su derecho a la defensa técnica ante la justicia”, resaltó.
En sus publicaciones, también hizo referencia al despojo de inmunidad del presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul de Paz y a la situación de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán.
“El retiro de la inmunidad del juez de alto riesgo Pablo Xitumul, y la amenaza de una medida similar contra la jueza Erika Aifán, desafía los estándares sobre inamovilidad que buscan proteger su independencia y golpea las investigaciones contra la corrupción a su cargo”, agregó.
Añadió que “la utilización de la justicia penal para perseguir a la exfiscal de la FECI, Siomara Sosa y a su abogada Leydi Santizo, tiene efectos graves sobre fiscales en funciones y sobre su derecho a la asistencia técnica letrada. Todo ello beneficia a las redes de corrupción”.
Los ataques contra jueces
El pasado 10 de febrero, la exmandataria de la CICIG, Leydi Santizo fue detenida en su residencia, bajo señalamientos de supuesta obstrucción de justicia por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche.
Ese mismo día se conoció que la fiscal Siomara Sosa, también tenía una orden de aprehensión por el mismo delito, por lo que se puso a disposición de las autoridades. Ambas son vinculadas en una investigación denominada Cooptación y Corrupción Judicial.
El pasado 9 de febrero, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvieron por mayoría, retirarle la inmunidad al presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul de Paz, para que sea investigado, por una denuncia que fue planteada en 2019, por un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Como parte del proceso de antejuicio planteado contra la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán por parte del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, en el mismo pleno, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron, por mayoría, las enmiendas de procedimiento planteadas por la juzgadora.
Tras la decisión se ordenó remitir al juez pesquisidor las diligencias de antejuicio, para que continúe sus atribuciones y trasladar el informe respectivo a la CSJ. Para esta decisión se tuvo el voto razonado disidente de las magistradas Delia Dávila y Silvia García.