- Las amenazas contra promotores y voluntarios llevaron a la asociación a desistir de su petición de cambios al sistema de justicia. Once diputados asumieron la propuesta, mientras la Corte ordenó verificar las firmas antes de continuar el expediente original.
Redacción Crónica
Una propuesta para cambiar las reglas de elección y funcionamiento de la justicia terminó convertida en una prueba para la participación ciudadana: Poder Ciudadano anunció su retiro después de denunciar amenazas y seguimientos contra sus dirigentes y voluntarios. El proyecto, sin embargo, encontró respaldo entre diputados que decidieron hacerlo suyo. Horas después, la Corte de Constitucionalidad (CC) impuso una verificación de los apoyos ciudadanos que condiciona el trámite de la petición original.
La jornada del jueves 5 de noviembre dejó, por tanto, dos asuntos distintos: la seguridad de quienes promovieron las reformas y la ruta jurídica para discutirlas. Ni el respaldo anunciado por legisladores significa que los cambios estén aprobados, ni el amparo provisional constituye una resolución definitiva sobre el contenido de las reformas.
El abogado Edgar Ortiz y su esposa, la comunicadora y directora ejecutiva de la asociación Marjorie von Ahn, explicaron que la decisión buscaba proteger a su equipo. La petición había llegado al Congreso el 28 de septiembre, acompañada de más de 16 mil firmas, según sus promotores. Al anunciar el desistimiento, todavía estaba pendiente su verificación y no se le había asignado número de iniciativa.
Ortiz informó que las intimidaciones comenzaron durante la recolección de apoyos y alcanzaron a líderes departamentales y voluntarios. En una entrevista publicada este viernes, describió seguimientos de vehículos y motocicletas, personas que le tomaban fotografías y presencia de hombres armados en actividades de la organización. También relató mensajes amenazantes y la cancelación de eventos por temor a agresiones.
Lo que fuerzas oscurantistas no quieren ni que se discuta
estos son los principales ejes de la reforma pretendida por el movimiento ciudadano, sin nexos con grupos políticos:
- Eliminar las comisiones de postulación como mecanismo de selección de determinadas autoridades, sustituyendo un modelo que sus promotores consideran vulnerable a negociaciones políticas.
- Separar la administración judicial de la función de juzgar, para que el manejo del presupuesto y de la organización institucional no concentre el mismo poder que la resolución de los casos.
- Retirar al Congreso la elección de magistrados de las cortes de Apelaciones, vinculando esos nombramientos a un sistema de carrera judicial.
- Renovar de forma escalonada las altas cortes, en lugar de reemplazar simultáneamente a todos sus integrantes.
- Fortalecer la carrera judicial, con reglas orientadas a la estabilidad y al mérito profesional.
La explicación de Poder Ciudadano
«Única y exclusivamente por razones de seguridad», respondió al explicar el retiro. Dijo, además, que el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa aumentó la preocupación con que evaluaban las amenazas. Esa referencia expresa el temor de los promotores; no demuestra una conexión entre ambos hechos.
La asociación recordó que había presentado una denuncia en septiembre y que las intimidaciones continuaron. El Congreso Ciudadano previsto para el 31 de octubre fue cancelado. Finalmente, su Asamblea General resolvió desistir de manera irrevocable de la petición presentada al Legislativo.
La decisión alcanza también a los datos personales de quienes firmaron. Ortiz pidió que no se compartieran con terceros los registros ciudadanos y anunció que solicitarían la devolución de las hojas para destruirlas, por razones de seguridad. Esa solicitud deberá examinarse junto con la orden judicial de verificar las adhesiones; no equivale a una autorización para eliminar documentación bajo revisión.
La propuesta pretendía intervenir en uno de los puntos más cuestionados del sistema: cómo se selecciona a las autoridades de justicia y cuánto dependen de quienes negocian sus nombramientos. En su presentación de septiembre, Poder Ciudadano describió un paquete de cambios a 24 artículos constitucionales.
El planteamiento incluía, además, cambios en las reglas para remover por faltas graves a determinadas altas autoridades. Se trataba de propuestas sujetas a discusión, no de disposiciones vigentes.
El relevo parlamentario busca mantener abierto ese debate. Ortiz informó que 11 diputados presentaron el proyecto por cuenta propia. Entre los legisladores que lo acompañaron públicamente estuvieron Cristian Álvarez, Manuel Archila, José Carlos Sanabria, Karina Paz y Raúl Barrera.
El Congreso, en su comunicación oficial, expresó solidaridad con Ortiz. Su presidente, Luis Contreras, manifestó respaldo al promotor; los diputados participantes defendieron la necesidad de discutir cambios al sistema de justicia y rechazaron las amenazas. Ese acompañamiento político todavía debe traducirse en decisiones y actuaciones legislativas concretas. c
La diferencia entre ambas vías importa. El artículo 277 constitucional permite promover reformas mediante una petición de al menos cinco mil ciudadanos empadronados, pero también reconoce esa facultad a diez o más diputados. Por eso, un grupo de 11 legisladores puede impulsar una propuesta parlamentaria sin depender del mismo mecanismo de firmas ciudadanas.
Esto no permite concluir que la resolución de la CC haya quedado sin efecto. El Congreso debe cumplir la orden sobre el expediente ciudadano y precisar el tratamiento de la propuesta asumida por los diputados. No se ha acreditado una decisión judicial que exonere de la verificación ordenada a la petición original.
El amparo provisional conocido el jueves responde a una acción del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón). En el expediente 9090-2026, la Corte suspendió temporalmente el trámite de la solicitud de Poder Ciudadano, incluida su lectura en el pleno, traslado a comisión, dictamen, discusión y votación, mientras se comprueba la validez de los apoyos.
El Legislativo deberá pedir información al Tribunal Supremo Electoral sobre el empadronamiento; al Renap, sobre la identidad y situación de los firmantes; y a Migración, para verificar su presencia en el país al momento de suscribir la petición. También deberá comprobar que los ciudadanos conocían el contenido respaldado y que existen, al menos, cinco mil adhesiones válidas.
La Corte ordenó habilitar un mecanismo para que las personas consulten si sus datos aparecen en los registros y denuncien una inclusión sin consentimiento. Si se encuentran anomalías, el Congreso deberá trasladarlas al Ministerio Público. La orden de comprobar posibles irregularidades no significa que estas ya hayan sido demostradas.
Otra resolución, en el expediente 9130-2026, se refiere a la propuesta del movimiento Menos Privilegios, Más País, promovida por Carlos Pineda. Son expedientes diferentes, aunque la CC dispuso verificaciones sobre las firmas de ambos.
En cuanto al cumplimiento, una fuente del Legislativo indicó el jueves que la Junta Directiva revisaría la resolución y definiría las medidas correspondientes la semana siguiente. Esa previsión no constituye una fecha confirmada para discutir o votar las reformas.
Aun si la propuesta parlamentaria logra avanzar, su aprobación exige mucho más que las firmas de 11 diputados. La vía de reforma por el Congreso y consulta popular requiere el voto de dos tercios del total de legisladores: al menos 107 de los 160. Después debe ser ratificada por la ciudadanía. El artículo 280 establece que, si obtiene esa ratificación, entrará en vigor 60 días después de que el TSE anuncie el resultado.
Los promotores aspiraban a que la consulta coincidiera con las elecciones generales de 2027. Era una meta de su campaña, no una convocatoria electoral aprobada.
El desenlace inmediato deja varias obligaciones pendientes: investigar las amenazas denunciadas, proteger a los afectados, resolver cómo se cumplirán las verificaciones y establecer el trámite de la propuesta parlamentaria. El debate sobre qué justicia necesita Guatemala sigue abierto, pero sus primeros impulsores decidieron apartarse porque consideraron que continuar ponía en riesgo su seguridad.