Ni la presencia previa del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez y del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, hicieron posible que avanzaran en el Congreso de la República las pretendidas reformas constitucionales al sector justicia, entrampadas por ahora en la discusión del derecho indígena, que ha polarizado a diputados y la sociedad.
A primera hora del miércoles, dos de los miembros de la llamada «mesa técnica» se hicieron presentes en el Parlamento y se entrevistaron con jefes de bloque y con el presidente del Organismo, Óscar Chinchilla. Velásqueszy De León escucharon diferentes posiciones. El diputado Fernando Linares comentó que la presencia de los dos personajes era una «medida de presión» para que los diputados aprobaran las reformas sobre el derecho indígena.
Luego se inició la sesión del pleno, en la que se sometió a votación que se discutieran las iniciativas de modificaciones al artículo correspondiente al tema, pero se perdió la votación y no quedaba más que votar para aprobar o improbar el texto como fue enviado por los ponentes. En ese momento se retiraron las bancadas de la UNE, Winaq y URNG, con lo que se rompió el quórum necesario de al menos 105 diputados.
El presidente Chinchilla se vio obligado a levantar la sesión y se supone que continuará la próxima semana, aunque esto no está confirmado.
Previamente se había definido dos posiciones fuera del hemiciclo:
El sector empresarial organizado: Pide que no se apruebe el artículo como está redactado y se deje fuera de la reforma el tema del derecho indígena. Rechazan la existencia en el país de dos sistema de justicia paralelos. En todo caso, proponen mayor discusión con la participación de todos los sectores de la sociedad.
Las organizaciones indígenas: Piden que se mantenga el reconocimiento a su «justicia ancestral», pero que se amplíen sus facultades a todos los temas referidos en materia de derechos humanos, con reconocimiento de los convenios internacionales.
En los últimos días el Comisionado Velázquez y la Cicig se han visto también envuelto en rumores, según los cuáles habría una corriente para promover en el Congreso que se pida la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad del País, pero esto nadie lo reconoce en público.
La comunidad internacional y organizaciones civiles han cerrado filas y apoyan a Velásquez, quien ha advertido que ‘no aprobar las reformas constitucionales no sería una derrota para la CICIG, sino para Guatemala».